Gobierno impulsa la reforma más ambiciosa de la Policía Federal y genera rechazo en la oposición

• El Gobierno, con Milei y Bullrich, aprobó el DNU 383/2025 que modifica el estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA) y crea el Departamento Federal de Investigaciones (DFI).
• La reforma amplía las facultades de la PFA para actuar sin autorización judicial en espacios digitales, realizar requisas en lugares públicos y detener personas bajo presunción fundada de delito.
• Milei asegura que la reforma moderniza la fuerza y la pone a la altura del FBI, enfocándose en combatir el narcotráfico y crimen organizado.
• La oposición critica que la reforma evade controles judiciales y parlamentarios, podría generar prácticas ilegales y no mejora las condiciones laborales internas.
• Diputados opositores califican el decreto como ambiguo y con riesgo para garantías constitucionales; advierten posible uso para reprimir protestas.
• Presentaron proyectos para derogar el DNU y una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a derechos humanos.
• Ya hubo un rechazo judicial a un habeas corpus para limitar la aplicación del estatuto en protestas.
• El debate sigue abierto y refleja tensiones entre seguridad, derechos civiles y control democrático.

El Gobierno nacional, con la firma del presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, promulgó el pasado martes el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 383/2025, que modifica profundamente el estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA). La reforma, que incluye la creación del nuevo Departamento Federal de Investigaciones (DFI), busca redefinir el rol de la fuerza en materia de seguridad, pero ya enfrenta cuestionamientos desde la oposición y sectores judiciales.

Entre las principales modificaciones, el decreto amplía las facultades de la PFA para actuar sin autorización judicial en la prevención del delito en espacios públicos digitales —incluyendo redes sociales—, la realización de requisas en lugares de acceso público y la detención preventiva con base en “circunstancias debidamente fundadas” que presuman la comisión o intención de cometer un delito. Estas medidas se suman a un conjunto de normas recientes, como la “ley Antimafias” y la ampliación del rol de las Fuerzas Armadas en ciudades y fronteras.

En la presentación oficial, el presidente Milei aseguró que la reforma busca modernizar la fuerza y alinearla con los estándares del FBI de Estados Unidos, mientras que sectores oficialistas destacan que la PFA podrá enfocarse en combatir delitos federales y complejos, mejorando la eficiencia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Sin embargo, la oposición expresó fuertes críticas. La exministra Sabina Fréderic advirtió que la reforma, lejos de modernizar, podría convertir a la PFA en una fuerza con facultades ilegales al eludir controles judiciales y parlamentarios. También advirtió sobre la precariedad salarial y laboral de los efectivos, un factor que genera malestar interno.

En el Congreso, diputados opositores calificaron el decreto como ambiguo y con riesgos para las garantías constitucionales. Matías Molle (peronismo) consideró que el texto carece de medidas concretas para combatir el crimen organizado y alertó que podría usarse para reprimir manifestaciones sociales. Por su parte, el bloque radical Democracia para Siempre presentó un proyecto para derogar el DNU, denunciando la falta de límites claros y la potencial persecución política y control excesivo de la ciudadanía.

Además, se anticiparon acciones judiciales. Fernando Carbajal anunció una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que la reforma introduce facultades inconstitucionales que habilitan detenciones y requisas sin control judicial, vulnerando derechos humanos. De hecho, ya hubo un intento judicial para frenar la aplicación del nuevo estatuto durante protestas, que fue rechazado por un tribunal porteño.

El debate legislativo continúa y la reforma policial se perfila como un tema clave en la agenda política y social, enfrentando posiciones divididas sobre el equilibrio entre seguridad, derechos civiles y controles democráticos.