Alerta en el Gobierno nacional por las universidades: esperará hasta «el límite» vetar el financiamiento por la movilización

Con la movilización del 2 de octubre en defensa de la educación pública en el horizonte, el Gobierno nacional de Javier Milei se encuentra en alerta, consciente de la relevancia que tiene el reclamo por un mayor financiamiento para las universidades nacionales. La convocatoria ha generado preocupación en el oficialismo, especialmente por la posibilidad de una masiva adhesión de la clase media, que ya se manifestó con fuerza en abril pasado, congregando a casi un millón de personas a nivel nacional.

Negociaciones en curso y veto pendiente

El reclamo presupuestario de las universidades nacionales es uno de los temas más sensibles para la administración libertaria. Desde la Secretaría de Legal y Técnica esperan la decisión final para publicar en el Boletín Oficial el veto a la ley de financiamiento universitario, que por ahora permanece congelado mientras continúan las negociaciones con las autoridades universitarias. El Gobierno busca cerrar las paritarias antes del 3 de octubre, fecha límite para oficializar el veto.

«La idea es arreglar el tema paritario antes de sacar el veto», confesó uno de los negociadores del Ejecutivo a NA, sugiriendo que se está priorizando el diálogo para evitar una confrontación directa con las universidades.

A pesar de las tensiones, el Ministerio de Capital Humano aclaró que «el diálogo con las autoridades universitarias nunca se ha interrumpido» y aseguró que las transferencias de fondos «se ejecutan en tiempo y forma», minimizando el impacto que esta cuestión pueda tener en la imagen del presidente Milei.

Impacto en la imagen presidencial

Las encuestas recientes reflejan una caída en la aprobación de la gestión presidencial, vinculada en parte a los aumentos tarifarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según un funcionario cercano a la mesa chica del Gobierno, la imagen de Milei se ha deteriorado 4 puntos debido al incremento en las boletas de luz, gas y agua, sumado al alza en las tarifas de transporte, un servicio esencial cuyo consumo no puede reducirse.

El desgaste de la opinión pública ha afectado principalmente a un sector que había depositado esperanzas en el Gobierno, pero en la Casa Rosada minimizan el impacto de estas encuestas y aseguran que no cambiarán el rumbo del programa de ajuste fiscal. Un funcionario de Balcarce 50 sostuvo que, aunque toman nota de los reclamos, se mantendrá «a raja tabla» la aplicación de las políticas de ajuste económico.

La propuesta para las universidades: ¿Autarquía o traspaso a las provincias?

En medio de las negociaciones, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, señaló la importancia de «pasar de universidades dependientes de la política partidaria a universidades independientes», defendiendo la idea de que las instituciones educativas deberían ser autárquicas y financiarse con recursos propios. «La universidad se vuelve esclava cuando depende de pedir recursos al Congreso», afirmó Torrendell en un almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires.

Bajo esta premisa, el Gobierno estudia la posibilidad de transferir la responsabilidad de las universidades nacionales a las provincias, con un presupuesto mínimo asignado por el Estado Nacional. De este modo, los gobiernos provinciales se harían cargo de su funcionamiento y financiamiento, e incluso podrían decidir la implementación de un arancelamiento.

La idea, aunque aún en estado incipiente, implicaría el envío de una Ley Nacional para aprobar el traspaso de las universidades a las provincias, un proceso que requeriría la aprobación de los gobernadores. «Las universidades eligen sus autoridades como quieren, arman el plan de estudios y le mandan la factura a la Nación. Así cualquiera«, comentan en los pasillos de Casa Rosada, sugiriendo que esta medida podría resolver la dependencia presupuestaria de las instituciones educativas.

A medida que se acerca la fecha de la movilización, el Gobierno busca encontrar un equilibrio entre la contención de los reclamos y la aplicación de las políticas de ajuste, mientras la educación pública se posiciona como uno de los principales campos de disputa política y social en Argentina.

Con información de www.elintransigente.com