Concejo: radicales, juecistas y el PRO respaldarán adenda por Eurnekian

En un contexto de plena urgencia económica para afrontar las complicadas cuentas de la Municipalidad de Córdoba, el intendente Daniel Passerini envió al Concejo Deliberante una adenda que contempla la intimación al grupo Corporación América para regularizar la deuda por el ex Batallón 141. Una de las discusiones de las últimas décadas en la política cordobesa y que tendrá un revival este jueves cuando se sancione en la sesión del Concejo Deliberante con el respaldo de la mayoría del arco opositor.

Porque, tanto los radicales, como los juecistas y el PRO decidieron acompañar a Passerini en el reclamo por la regularización de la deuda de Eduardo Eurnekian, el poderoso empresario que es CEO de Corporación América y que, en el último tiempo con este renacer de los ’90, cobró relevancia en el entorno del presidente Javier Milei. A quien, además, tuvo como uno de sus empleados dentro del holding.

La deuda de Eurnekian para con el municipio capitalino asciende a los 11.300 millones de pesos en concepto de más del 73% de lo que se había acordado pagar y de los cuales se van a abonar antes de fin de año 1.500 millones de pesos. El resto será en cuotas hasta el 2034 con pagos que deberán hacerse efectivos a partir de marzo del año próximo.

La discusión pasó por la Comisión de Desarrollo Urbano, de ahí ingresó en Legislación General y el jueves se aguarda la discusión en el recinto. En las escalas anteriores, la oposición puso la mira en la falta de la firma de la asesoría letrada del Municipio. Sin embargo, las espadas del oficialismo en el Concejo reconocieron a Alfil que, debido a la reestructuración orgánica del Municipio, ahora cada secretaría cuenta con una dirección de asuntos legales. Y, en este caso, el dictamen tenía la firma de la secretaría de Desarrollo Urbanístico que encabeza Diego Peralta.

No obstante, en el oficialismo reconocen que luego de la aprobación en el recinto el trámite con la firma de la asesoría letrada del Municipio será efectivo.

Se cerraron filas en torno a la deuda

Tanto desde la bancada oficialista, como así también en el radicalismo y el juecismo se preocuparon en ratificar que la discusión en esta instancia pasa por la deuda y no por la cuestión urbanística.

“No se trata el fondo del convenio. Se trata de una deuda y está bien que el Municipio le exija al privado que la regularice. Ahí radica nuestro respaldo”, señaló una fuente del juecismo a Alfil. Casi en la misma sintonía que el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba que conduce Miguel Simonian.

“Esta adenda surge por el emplazamiento que el intendente le hace a Corporación América. Uno es de una deuda impositiva que ya se está cancelando y el otro es cuando (Ramón) Mestre suscribe el convenio era por una obra cloacal en el sur de la ciudad, después se pasó a Bajo Grande, pero como (Juan) Schiaretti lo asumió desde la Provincia eso se modificó”, señalaron desde el oficialismo.

Desde donde también enfatizaron en que el nuevo plan de pago tiene un plazo de vencimiento y que “si Eurnekian quisiera construir lo puede hacer en un porcentaje equivalente a lo que haya abonado al momento de comenzar a edificar”.

El clima entre radicales y juecistas

Las posturas en el arco opositor serán interesantes más allá de la votación. En primer lugar, porque el juecismo ratifica su posición histórica con respecto al destino del lugar como espacio verde, una de las tantas batallas en tiempos de José Manuel de la Sota como gobernador y Luis Juez como intendente.

De hecho, el destino del ex Batallón 141 como espacio verde se sancionó en 2007, en una de las últimas sesiones del Concejo con Juez al frente del Palacio 6 de Julio. Pero, en el radicalismo también hubo que cerrar filas porque había diferencias entre algunos con peso dentro del partido en la actualidad y otros que fueron concejales del mestrismo cuando se rediscutió el proyecto urbanístico con una nueva adenda.

“Costó, no fue fácil. Hubo diferencias en las reuniones de comisión, pero todo el bloque decidió que va a respaldar”, señalaron desde la bancada que preside Elisa Caffaratti.

Por su parte, y a pesar del acompañamiento, no se descarta que el juecismo apele a la épica y haya críticas por la manera en la que se vendió el predio durante la gobernación de De la Sota. “Se vendió en muy cómodas cuotas, parecía un ‘plan Z’”, dijeron desde la bancada del Frente Cívico.

Por último, a lo que también apuntará el arco opositor es al destino de los fondos y cómo se cambió lo que originalmente era para cloacas y obras de infraestructura, hacia la reparación urbanística con la adenda en tiempos del mestrismo. 

CON INFORMACION DE DIAIRO ALFIL, SOBRE UNA NOTA DE SILVA GABRIEL.