Martín Gill despegó a las cooperativas del tarifazo y enturbió el impasse entre Martín Llaryora y Javier Milei

En Córdoba, varios sectores estratégicos siguen acusando el impacto del tarifazo eléctrico, tras la llegada de las primeras boletas de marzo sin subsidios. El panorama a corto plazo pinta oscuro. En ese marco, Martín Llaryora activó a un ministro clave, Martín Gill, para recomponer lazos con un brazo central de gestión que quedó bajo la lupa.

Es que en el Gobierno de la provincia a advierten que el precio de la energía va a duplicarse en un mes y medio. Se basan en las proyecciones de mayo a octubre que elaboró la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Habrá que ir por algunas velas.

En este contexto, las cooperativas quedaron en el centro del enojo de comerciantes que acusaron el tarifazo. Entendidas como organizaciones a las que Llaryora apela para construir poder territorial, la defensa cooperativista por parte del oficialismo no tardó en venir.

“Enojarse con un sistema que ha sido garante de la energía eléctrica, aún en el pueblo más pequeño del interior de Córdoba, es injusto ante una decisión inconsulta y arbitraria del Gobierno nacional”, defendió Gill, a cargo del Ministerio de Cooperativas y Mutuales.
El exintendente de Villa María y armador de Sergio Massa en la campaña presidencial visitó durante la última semana la ciudad de San Francisco y reunió con 15 representantes del sector en el departamento San Justo.
El origen de la bronca con las cooperativas de Córdoba
¿Dónde radica el enojo? El sector mercantil reunidos en la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) cuestionaron hace unos días la estrategia de financiar los elevados costos de la energía, a través del Banco de Córdoba y en cuotas. Sostienen que con eso no alcanza.

Como contó Letra P, el polo comercial empezó a advertir sobre el funcionamiento general del Estado y la presión impositiva que, sostienen, recae sobre los sectores productivos. También, dicen estar preocupados por “el nivel de gasto que se mantiene en Córdoba” y, si bien no dan nombres hablan de salarios gerenciales que, en empresas públicas y cooperativas, oscilan entre los tres y los cinco millones de pesos.

Por otra parte, aseguran que las cooperativas cobran por el servicio eléctrico montos mucho más elevados que la empresa provincial. A la par, la oposición en Córdoba denuncia sobreprecios.

La defensa de Martín Gill
Justamente, por su valor en el interior cordobés y anticipándose a un año crítico, Llaryora creó un ministerio a su nombre y puso al frente al exdirigente todista, quien puso a las cooperativas bajo un paraguas protector en medio de la polémica.

“Las cooperativas en el interior de Córdoba son las que han garantizado la distribución de energía eléctrica cuando el Estado no podía llegar, sectores rurales donde el mercado no es rentable”, destacó Gill.

El ministro afirmó que creció “inconmensurablemente” el valor de la energía, de la potencia y la distribución: “El valor de la energía tuvo un crecimiento de uno poco más de $20.000 a un valor superior a los $45.000 el kilowatt. En el caso de la potencia y transmisión estamos hablando de incrementos que superan el 3000%, lo que se hizo en el momento pico de consumo y a su vez retirando el subsidio de un solo saque al sector comercial”, dijo Gill tirándole otro dardo al Gobierno nacional.

Para ser más claros con los números: el kilowatt valía poco más de $20.000, aunque subsidiado quedaba en $8.000. Ahora, ese monto trepó a $48.000, esbozando un crecimiento de más del 400%.

La culpa es de Javier Milei
Gill fue contundente y deslizó todas las responsabilidades del tarifazo al presidente Milei, en momentos donde Llaryora cuida las formas en virtud del Pacto de Mayo: “No es responsabilidad de la provincia. Esto es exclusivo del gobierno nacional. El Presidente decidió sincerar el cuadro tarifario de un solo saque, sin contemplar particularidades”, declaró.

Sobre las cooperativas, explicó que hoy la diferencia en el monto respecto a los usuarios de la empresa de energía eléctrica de la provincia es la forma de medir el consumo.

“Epec mide cada dos meses y cobra mensual, las cooperativas lo hacen mensualmente. Pero acá no hay un problema de Epec o de las cooperativas, sino de la gente, por eso apelamos al Gobierno nacional para que el sinceramiento tarifario sea programado”, insistió el ministro.

Tras ello, Gill dijo que aspiran entre el sector cooperativo y desde Epec a que exista un cuadro tarifario del gobierno nacional “más ordenado”. Para eso, claro, prenden velas.

La experiencia de una cooperativa de San Justo
En la ciudad de Morteros, distante a unos 87 kilómetros de San Francisco en el departamento San Justo, funciona CoopMorteros, que brinda los servicios eléctrico, agua potable, sepelio, telecomunicaciones, televisión, banco de sangre, entre otros.

Atento a esta situación de los montos elevados de la tarifa eléctrica, sus dirigentes se reunieron con vecinos y comerciantes autoconvocados por más de tres horas para buscar acuerdos que alivien el bolsillo de los usuarios.

Entre ellos se eliminaron los intereses entre el primer y segundo vencimiento de las facturas, también con el pago con cheques y se otorgó la posibilidad de abonar en cuatro cuotas sin interés. Además se ofreció un programa de eficiencia energética y se garantizó la posibilidad de resolver situaciones particulares de aquellos vecinos que no puedan afrontar el pago de la boleta.

Su presidente, Ricardo Marini, reconoció a Letra P que en los pueblos y ciudades pequeñas los dirigentes cooperativos son la cara visible del sector, algo que no ocurre en las grandes urbes. Por eso, son blanco fácil: “En este estado de confusión siempre se elige pegarle al cartero por la mala noticia y la verdad que no somos más que esto”, opinó desligándose del aumento en las tarifas.

Medidas paliativas del sector cooperativo
Marini diferenció a las pequeñas localidades de las grandes al indicar que los costos que deben pagar por prestar los servicios -mantenimiento, sobre todo- son diferentes ya que el mismo mercado que tienen lo es.

Previendo lo que podía venir y terminó viniendo, días atrás decidieron medidas paliativas: “No van a solucionar de fondo la cuestión estructural ante la quita de subsidios. Tampoco entramos en esa discusión de si o no quitarlos, lo que estamos seguros es que no coincidimos en la manera en que se produjo esa quita coincidiendo factores como los aumentos estacionales y la devaluación”.

Marini, que hace un año es presidente pero lleva varios dentro del consejo administrativo, aclaró que para poder dar facilidades de pago a sus asociados debieron recurrir a las reservas de la cooperativa que iban a destinarse para invertir en mejoras y mantenimiento.

Por último, el entrevistado valoró el rol social que cumple CoopMorteros y lamentó los cuestionamientos que surgen hacia el cooperativismo.

con informacion de letra p.