Una ley que puede eliminar a la casta

El diagnóstico de Javier Milei -que la mayoría del pueblo compartió- es correcto: la política corporativista devora a Argentina y empobrece a millones. Pero ningún cambio de gobierno la eliminará por sí mismo. Hay que determinar y suprimir su causa.

Nuestro pueblo es inteligente, vital, y capaz de trabajar en equipo. Lo demuestra el deporte, actividad esencialmente competitiva: los argentinos somos el 0,6% de la población mundial, y nuestros seleccionados están entre los veinte mejores del mundo en casi todos los deportes colectivos más populares (futbol, básquet, vóley, rugby, hockey). Todos los cuales exigen capacidad de planificar y trabajo sostenido. Pero no logramos trasladar esas capacidades a nuestra democracia. Lo impide la matriz de producción de políticos, que arruina el semillero.

La representación política es la primera norma de la Constitución Nacional desde 1853 (art. 1). Lo cual no es casual, sino que se debe a que los representantes son quienes sancionan las normas que restringen o amplían nuestros derechos y obligaciones, mejorando o empeorando a la sociedad. Para tener las mejores leyes necesitamos representantes adecuados, pero en nuestro país la representación es una farsa. Somos los mandantes de nuestros representantes, pero ellos no nos obedecen. No nos consultan, ni nos escuchan. ¡Ni siquiera sabemos quiénes son! ¿Cuántos porteños conocen los nombres de al menos un puñado de los tres senadores, veinticinco diputados nacionales, sesenta legisladores de la ciudad y siete comuneros que nos representan? Los bonaerenses son representados por setenta diputados nacionales, noventa y dos diputados provinciales, cuarenta y seis senadores provinciales, y una muchedumbre de concejales municipales y consejeros escolares. Una representación ficticia, repleta de desconocidos diluidos en los cuerpos colegiados que integran. Tenemos tantos representantes que no tenemos ninguno. Así, la representación política se ha convertido en una farsa.

La causa de la crisis de representación es el sistema electoral de representación proporcional (“listas sábana”). En los últimos cuarenta años venimos votando listas de candidatos a representarnos, cuya elegibilidad no surge de nuestro juicio sobre su idoneidad para el cargo de que se trate, sino de quienes arman las listas (los que “manejan la lapicera”). Éstos eligen a los candidatos que les convienen: aliados, subordinados, amigos, parientes, y quienes les sirvan para obtener o pagar favores. La consecuencia natural es que “nuestros” representantes responden a quienes los incluyeron en la lista. El sistema empodera a los dirigentes en perjuicio de la ciudadanía.

Para alcanzar nuestro potencial necesitamos elegir representantes de verdad, lo cual sólo se logrará eligiéndolos de a uno. Se crearían circunscripciones electorales de menor tamaño, en cada una de las cuales los votantes elegirían a sólo un candidato para cada categoría: un comunero o concejal, un consejero escolar, un legislador local, y un diputado nacional. Los partidos podrían postular un solo candidato para cada cargo, lo cual los forzaría a mejorar su oferta (podrían o no surgir de sus elecciones internas), y además podría postularse cualquier persona que obtenga un piso mínimo de firmas o avales para ser inscripto como candidato independiente a cualquiera de esos cargos. Los elegidos en cada circunscripción representarían en forma exclusiva a su pueblo, barrio o ciudad en el cuerpo colegiado correspondiente (comunas, concejos deliberantes, municipios, legislaturas provinciales y Cámara de Diputados).

Los candidatos tendrían que conseguir nuestro voto compitiendo personalmente por cada cargo, y la competencia mejoraría su calidad. Tendrían que convencernos de su utilidad, tanto para ser elegidos como durante su gestión. Votarían -o no- los proyectos normativos sabiendo que muchos los mirarían. Tendrían que tener en cuenta nuestras opiniones y reacciones, porque se las haríamos saber. Podríamos juzgar su desempeño y exigirles rendición de cuentas, y consiguientemente reelegirlos, ascenderlos o desplazarlos. Como contrapartida, los elegidos tendrían el poder propio que sólo el voto popular puede otorgar, y la consiguiente independencia de criterio. Se renovarían las vocaciones políticas independientes: la antítesis de la casta. Y responderían principalmente a sus votantes, haciendo realidad el principio constitucional de soberanía del pueblo (art. 33 CN).

Todo ello puede lograrse con una ley del Congreso Nacional con (con mayorías agravadas, art. 77 CN) que establezca circunscripciones uninominales para todos los cargos representativos. Como en 1904, cuando Alfredo Palacios fue electo diputado nacional por La Boca, y en 1912 (Leyes 4161 y 14.032). Como en Francia, Alemania, Inglaterra, EEUU, Australia y muchos otros países.

Se dice que los países tienen los políticos que merecen, porque surgen de la sociedad y la reflejan. Pero en nuestro país el sistema electoral distorsiona el concepto. Si ponemos a competir a quienes quieren representarnos, y los elegimos y controlamos de a uno, se verá realmente qué políticos merecemos. Los que manejan la lapicera no renunciarán voluntariamente a designar a quienes quieran, tampoco los beneficiados. Pero no les será fácil oponerse al empoderamiento de los ciudadanos del pueblo al que pertenecen. Tenemos que demandar que nuestros representantes nos respondan, porque somos sus mandantes. La democracia sólo se cura con más y mejor democracia.

* Para www.infobae.com