Así que cobrar nuestro propio petróleo al precio de Texas, es como vender bananos y aguacates a precios de Londres. Una cosa es que la carne bovina aumente un poco de precio por la demanda que tiene nuestro ganado en países como Chile, Rusia, Egipto, Irak y Líbano, y otra cosa es igualarla con el precio en Japón. Esa turbia mentalidad se parece a lo que ha ocurrido con el café: se exporta el de primera calidad, pero para el consumo interno, a precios populares, se deja la pasilla, o se importan cafés de baja calidad de Perú y Vietnam.

Esto ha redundado, en parte, a que mes tras mes caiga la venta de vehículos, que siempre ha sido bajísima. Colombia tiene uno de los índices de motorización más bajos de Latinoamérica, al nivel de países africanos. Según un estudio reciente, el nuestro es el tercer país del mundo más caro, después de Turquía y Argentina, para comprar carro: se requieren cinco años de salario anual promedio para comprar y mantener uno. En contraste, en Estados Unidos se requiere menos de la mitad del salario de un año.

Lo anterior ha ocasionado, entre otras cosas, que tengamos un parque automotor viejo y deteriorado, que el mercado de segundas sea más dinámico que el de nuevos, que los carros considerados inseguros estén entre los más vendidos en Colombia y que se haya disparado la venta de motos, todo lo cual incide en la accidentalidad vial.

El país no tendría que enfrentar alzas tan onerosas —y hasta inflacionarias— en el precio de los combustibles si nuestras refinerías cubrieran el ciento por ciento de la demanda, como debe ser. La Refinería de Cartagena dice, en su página web, que exporta más del 50% de los productos que refina. O sea que no trabaja para nosotros. Por otro lado, la gasolina no debería tener ni uno de la decena de impuestos que la encarecen. Ni tendría que pagarse a Ecopetrol a precio internacional porque Ecopetrol es de todos, ¿o no?

Ahora Petro, el falso autista, echa mano de su populismo para desviar el foco del problema con el cuento de pagar el transporte público a través de una «pequeña» tarifa en la cuenta de servicios públicos. Pero, esa tarifa no sería nada pequeña. La alcaldesa de Bogotá ya la calcula en 200.000 pesos por cada usuario de energía, y podría ser del doble, o más, si se pretende eximir del cobro a los estratos bajos e imponérselo al 4, 5, 6, industrial y comercial.

Apostarle a la gratuidad para destruir la iniciativa individual. El comunismo tratando de dar pasos grandes en Colombia.

Fuente: PanamPost