Inquietud judicial por elecciones “concurrentes” y la Obra Social en la mira por juicio político a la Corte

Desde que el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta anunció su decisión de que las elecciones en CABA fuesen “concurrentes” a las nacionales empezaron a surgir interrogantes, no sólo en el mundo político, sino en el judicial también. La posibilidad de que exista un escenario de conflicto que deba resolver la justicia electoral no es remota, y se apoya en la chance de que se intente judicializar cualquiera de las variables que se ponen en juego con esta suerte de división de comicios. En la mesa chica del alcalde porteño no solo celebraron el anuncio -que partió aguas con sus socios políticos- sino que introdujeron como señal determinante el hecho de que pueda sostenerla.

El diseño electoral de CABA ofrece novedades: por primera vez la Ciudad cuenta con su propio tribunal electoral luego de que la Legislatura creara esa posición y tras un concurso, asumiera Roberto Requejo como su presidente, el 21 de octubre de 2022. Es un hombre identificado con el sector que lidera Daniel “Tano” Angelici de influencia gravitante en los tribunales y con una relación siempre estrecha con el expresidente Mauricio Macri, uno de los destinatarios principales del desaire político que propinó Rodríguez Larreta con esta jugada.

El resto del tribunal lo componen el juez en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Rodolfo Ariza Clerici y la jueza en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, Romina Tesone. Sus facultades y atribuciones están contenidas en la Ley N° 6.031 y constituye la validación judicial de las decisiones que tome el Ejecutivo porteño en materia electoral. Pero además, administra justicia y dirime todos los conflictos que en materia electoral se susciten en el marco de la elección de autoridades locales, lo que incluye también la confección de padrones provisorios y definitivos, la fiscalización del desarrollo de los comicios, la validación de alianzas y candidaturas, recuento de votos y entiende en el financiamiento de las campañas. Ideado como refuerzo de la autonomía porteña debutará en un contexto movido por la propia interna oficialista local por la sucesión. Sus decisiones son por mayoría. De nuevo, Angelici corre con ventaja.

Las decisiones del Tribunal Electoral no son recurribles ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) como en el resto de las jurisdicciones, sino que tienen una primera parada en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño que preside Inés Weinberg de Roca, a quien no solo propuso Macri como jueza sino que intentó que fuese la Procuradora General de la Nación durante su mandato. Desde el PRO no son pocas las veces que han refunfuñado contra la jueza por desplantes varios que no reconocen una linealidad entre “Mauricio” y sus exsubalternos.

Sin embargo, desde Comodoro Py encienden los radares. Por más “concurrentes” que sean las elecciones porteñas, lo cierto es que la logística, el armado general de las mesas y lugares de votación y toda la organización de las elecciones generales está a cargo de la jueza con competencia electoral María Servini. La magistrada es la más experimentada del fuero y va por un record Guinness de organización de comicios. Jamás ha sido afecta al recorte de atribuciones o al condicionamiento de alguna clase. Es la única que no vacila en cuestionar a la CNE como ocurrió en 2021 por la designación y capacitación de los delegados, los “ojos y oídos” de la justicia durante el proceso. Si existe algún cuestionamiento que incida en la organización general , ¿quién debería resolverlo? ¿Qué sería federal y qué no? Sobre todo si influye en la simultaneidad. Es el escenario para el que se preparan desde Retiro desde que Rodríguez Larreta hizo su anuncio. Según qué interpretación puede ocurrir un choque. Tema aparte, la CNE firmó un convenio con la Auditoría General de CABA para “prestarle” el sistema informático de contralor de los aportes financieros de campaña, ítem siempre polémico.

El menú de opciones se vuelve más complejo por la modalidad elegida de Boleta única Electrónica (BUE) para las elecciones locales. Sin entrar en las múltiples objeciones de seguridad que tienen los sistemas informatizados, el corto tiempo preanuncia decisiones controversiales como podría ser una contratación directa de la empresa proveedora de los sistemas. Allí vuelve a emerger el nombre de MSA SA (Magic Software Argentina, la misma que ya lo implementó en 2015). La propuesta debe emanar del Instituto de Gestión Electoral (IGE) un órgano porteño autárquico pero en el organigrama del Ejecutivo y que está a cargo de Enzio Emiliozzi, también desembarcado de la mano de Angelici, cuyas decisiones solo pueden ser revisadas por el Tribunal Electoral.

Todo esto sin entrar en los planteos que puedan recibir los precandidatos como Jorge Macri a quien resulta difícil encontrarle cumplidos los requisitos de años de residencia continuos. Desde el larretismo se atajan con que desconocen cómo llegará la venganza de Mauricio Macri al desplante político de Larreta que suele ser en formato por debajo del cinturón, pero que no echarían mano de cuestionar judicialmente los requisitos de Jorge. Eso podría redundar en un contraataque sobre Fernán Quirós, cuyos papeles en términos de lugar de nacimiento y residencia lo alejan de Capital Federal. Todos estos conflictos recaerían en el debutante Tribunal.

Mañana, la Comisión de Juicio Político de Diputados tiene el plato fuerte con una radiografía al interior de la Obra Social del Poder Judicial cuyos desmanejos son uno de los ejes acusatorios contra la Corte Suprema. No solo por la declaración de Aldo Tonón, el exdirector que respondía a Juan Carlos Maqueda y sobre quien recayó una intervención, cuando estallaba el escándalo. Algunos sospechan que podría no presentarse. Pero aún así, la interna está avivada por la nota que envió Ricardo Lorenzetti a sus pares casi en tono de denuncia sobre incumplimientos achacados a la actual gestión. La respuesta de Horacio Rosatti, Maqueda y Carlos Rosenkrantz fue descalificarla y llevarla simbólicamente a un “téngase presente” pero la nota repercutió en Comodoro Py donde se formó una tercera causa: el fiscal Guillermo Marijuan formuló denuncia con el texto y fue a sorteo, recayó en el juzgado que subroga Ariel Lijo (que también tenía la principal), y el fiscal Ramiro González propuso como medidas de prueba cotejar lo que denunciaba Lorenzetti con la auditoría que hizo la Corte en 2021 y que abarca desde 2008, lo que salpica radialmente. Esa causa puede tener su propia derivación. Según afilen la precisión con las preguntas, la comisión puede tomar ventaja con los hallazgos.

El Ejecutivo se decidió a enviar al Senado pliegos de magistrados, algo que Ámbito había anticipado. Hubo mensajes para ser leídos. La elección de Fernando Poviña para Camarista en Jujuy lo sacaría de eventual carrera como un fijo para reemplazar a Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal de Py. Desafío para la comisión de Selección del Consejo que debería ponerse a desagotar pendientes a partir del miércoles a las 10. Acusación no la tiene sencilla porque uno de los temas que se deben definir es la situación del juez Walter Bento a quien jaquea una causa penal por la que va a juicio pero su juicio político quedó en un limbo. Así, paradójicamente estará en condiciones de ser el juez electoral nada menos que de Mendoza para estos comicios.

* Para www.ambito.com