Indemnizaciones, nuevos convenios y baja de costos: la reforma laboral que preparan Larreta y Bullrich

Actualización laboral. Modernización laboral. Reordenamiento laboral. Los expertos de Juntos por el Cambio están buscando sinónimos para definir lo que quieren hacer si llegan a la Casa Rosada, pero sin mencionar las dos palabras más demonizadas por muchos políticos y sindicalistas: reforma laboral.

Las propuestas del área van tomando forma para ser presentadas dentro de pocas semanas a la Mesa Nacional de JxC, aunque Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich elaboran por separado sus iniciativas. Los especialistas designados por el jefe de Gobierno trabajan con sus pares de la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Republicano Federal, mientras que los bullrichistas lo hacen solos desde que su jefa se quejó de que la Fundación Pensar, del PRO, marginaba a sus equipos.

 
Hay ideas similares y otras muy distintas, pero la diferencia sustancial es que la mayoría de las iniciativas laborales de larretistas, radicales y sus socios implica pocos cambios en la legislación vigente y, en cambio, prioriza efectuar modificaciones mediante acuerdos de empresarios y sindicalistas en el ámbito de los convenios colectivos. Es decir, sin enfrentarse al gremialismo.

Una de las principales ideas de la reforma laboral que preparan en JxC (sin Bullrich) es la creación de un nuevo sistema de multas judiciales por trabajo mal registrado o no registrado, que implica una modificación de la Ley 24.013 de Empleo: apunta a un esquema de multas más “previsible”, que serán calculadas sobre la base de un 50% del salario mínimo y cuyo destino final será el sistema solidario de seguridad social en lugar de beneficiar más a los abogados y favorecer a “la industria del juicio”.

La propuesta busca ponerle un corte definitivo a multas abultadas que terminan poniendo en riesgo a las pymes y que son demasiado beneficiosas para el abogado que está litigando en esas causas. Sus promotores creen que bajando los montos de las multas se hará previsible todo el sistema y se desalentará la permanente demanda por parte de los abogados, que no tendrán un incentivo, como ahora, de litigar de manera permanente porque lo obtenido por el cobro de las sanciones no lo cobrarán ellos sino que irá a engrosar los fondos de la seguridad social.

Este proyecto irá de la mano de un blanqueo laboral: al contar con un perdón “hacia atrás”, se aliviana la situación de las empresas, se genera un escenario de previsibilidad y se alentarán las nuevas contrataciones ya que no será tan caro darles empleo a nuevos trabajadores.

Una tercera propuesta central de esta reforma laboral de Juntos por el Cambio será la modernización de los convenios colectivos: no se tocará la ultraactividad (es decir, la prórroga automática de su vigencia), pero sí se impulsarán acuerdos sectoriales entre sindicatos y cámaras empresariales para actualizar sus contenidos, ya que la mayoría proviene de los años 70.

El proyecto más novedoso y polémico será la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo para permitir que empresarios y sindicalistas acuerden en sus convenios sistemas indemnizatorios propios para cada actividad, al estilo del Fondo de Cese Laboral de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).

Tiene puntos de contacto con la propuesta del empresario textil Teddy Karagozian: un Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) que actúe como una “mochila” de protección para los trabajadores en caso de ser despedidos. Se la conoce como “mochila argentina” porque sigue el concepto de la “mochila austríaca”, que es como se llama un sistema similar en Austria. La idea es bien vista por el larretismo y la UCR para beneficiar a sectores de alta rotación laboral y elevada litigiosidad, como la hotelería, la gastronomía, el comercio minorista, maestranza o vigiladores privados.

Además, se está pensando un esquema de formación para el empleo que puede un puente muy útil de los planes sociales hacia el empleo. La iniciativa apunta a federalizar “agencias de empleabilidad” que, con aportes privados, puedan traccionar una especie de seguro de desempleo para contener a sus beneficiarios mientras se capacitan y consiguen trabajo. A medida que logran tener un empleo, se van desenganchando del subsidio y ese monto se integra como una parte del salario del trabajador.

También se está analizando un régimen especial laboral para pymes con el fin de que puedan definir estrategias propias para determinar cómo afrontar el pago de las indemnizaciones en cuotas, decidir un sistema nuevo de cargas sociales y fomentar una negociación colectiva específica para que abarque a las pequeñas y medianas empresas de manera regional o sectorial.

El equipo que elabora estas propuestas laborales está integrado por Ezequiel Jarvis, el larretista subsecretario de Trabajo de CABA, y Esteban Eseverri, ex funcionario de Jorge Triaca, de la Fundación Pensar; Horacio Barreiro, de la Fundación Alem (UCR); Javier Campos y Hernán Reyes, de la Coalición Cívica, y Juan Carlos Sánchez Arnaud, de Encuentro Republicano Federal.

Mientras que los expertos de JxC quieren reformas sin enfrentarse de lleno con el poder sindical, algunas de las medidas del bullrichismo desatarán una guerra con los jerarcas gremiales. Entre las que serán más resistidas están la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la creación de una normativa específica penal para los casos de bloqueos sindicales, la posibilidad de suspender la personería gremial sin esperar el veredicto de la Justicia, la limitación de los mandatos sindicales para prohibir la reelección perpetua, la instrumentación del voto electrónico en las elecciones gremiales, la limitación del derecho de huelga en servicios esenciales como educación y transporte, y el tope a los aportes y contribuciones que se les descuentan a los trabajadores en favor de los sindicatos.

El grupo de expertos laborales de Bullrich está integrado por Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo del gobierno de Cambiemos; Horacio Pitrau, ex secretario de Trabajo en la gestión de Triaca; Omar Yasin, ex funcionario de Trabajo del macrismo, y Diego Goldman como coordinador. Se suman Julio Cordero, vicepresidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA); Ernesto Rona, ex gerente de Recursos Humanos de Techint, y el economista Carlos Pirovano.

Al igual que el larretismo y sus aliados, el bullrichismo trabaja en la creación de un Fondo de Cese Laboral para pagar las indemnizaciones, pero, a diferencia de sus adversarios internos, este sistema no se instrumentaría a través de los convenios colectivos sino que apunta a establecer un fondo general para armar un fideicomiso en el que se depositaría el dinero para indemnizar a los trabajadores.

Hay coincidencia, en cambio, con el nuevo sistema de multas por trabajo mal registrado o no registrado. No es casual: el interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentó en diciembre pasado un proyecto de ley sobre el tema que fue firmado por todos los jefes de los bloques, como Cristian Ritondo (Pro), Mario Negri (radicalismo), Juan Manuel López (Coalición Cívica) y Rodrigo de Loredo (UCR Evolución), además de las diputadas María Eugenia Vidal y Graciela Ocaña. La iniciativa fue respaldada por Rodríguez Larreta; el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales (UCR), y el jefe de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

La gente de Bullrich profundiza una idea que la distingue del otro sector de JxC: busca limitar la ultraactividad de los convenios. La idea es reducir su vigencia a 6 meses para obligar a que se renueven. Si las partes no se ponen de acuerdo, se apelaría a un arbitraje del Ministerio de Trabajo.

Otro punto que irritará a los gremios es la limitación del derecho de huelga en servicios esenciales, como educación y transporte (de pasajeros, de cargas de alimentos, de combustibles y de energía), que contempla la obligación de mantener un 50% del trabajo para no paralizarlo de manera total.

Pero esa propuesta no causará tanto malestar como la que modificará la vida interna de los sindicatos: los especialistas bullrichistas quiere que se utilice el voto electrónico para elegir autoridades, reglamentar y extender el cupo femenino y prohibir la reelección indefinida, estableciendo que los dirigentes no pueden quedarse más de dos mandatos al frente de sus organizaciones.

Además, se analiza que haya un monto límite en la cuota sindical que se les descuenta a los trabajadores para que no se sume a otros rubros como seguro de sepelio, capacitación o cuota solidaria, como sucede hoy en algunas actividades, y les quede hasta un 8% menos en los sueldos. Casi todos los gremios, afirma el larretismo, ya superaron el 4% de descuentos en los salarios que son destinados a sus arcas. Así se le dará un beneficio al trabajador. Y un golpe a la caja sindical.

Por su parte, María Eugenia Vidal, posible precandidata presidencial del PRO, no se queda atrás en estos temas y hace poco destacó: “No hay que tener miedo a hablar de reforma laboral en un país que no genera empleo privado formal hace más de una década”. Algunas de las propuestas que impulsará en caso de llegar a la Casa Rosada son: nuevas figuras de contratación aggiornadas a los tiempos que corren, como la de trabajadores económicamente dependientes; una modernización del sistema de multas para evitar la industria del juicio; legislación específica para mipymes y pymes que contemple la baja gradual de las cargas laborales; prácticas laborales obligatorias en los últimos años del secundario y formación para el trabajo luego del secundario y orientado a los sectores de mayor demanda laboral. Varias de estas iniciativas ya fueron presentadas por Vidal en el Congreso.

Fuente: Infobae