La ola de violencia en Perú se traslada a la región de Cuzco

Cuzco, la tierra donde los incas fundaron su imperio, fue el nuevo epicentro del clamor en las calles. La región más visitada por los turistas, esa que alberga a una de las Siete Maravillas del Mundo, quedó sumida en el humo tóxico de las bombas lacrimógenas y el estruendo policial que no cesa. Un nutrido grupo de manifestantes intentaron a lo largo del día tomar el aeropuerto Velasco Astete y las fuerzas del orden respondieron con dureza. Al final del día, se confirmó la muerte por arma de fuego de un hombre de 50 años, Remo Candia Guevara. Era presidente de la comunidad Uninsaya Coyana de la Provincia de Anta.

A lo largo de la jornada, la violencia dejó 23 heridos, dos de ellos por impacto de bala. La congresista Ruth Luque, quien ha denunciado penalmente a la presidenta Dina Boluarte y a sus ministros como autores mediatos de los 48 fallecidos en las marchas del último mes, alzó la voz en las redes sociales. “Disparos indiscriminados en mi región. La gente grita desesperada pidiendo que no disparen. Este es un Gobierno que a punta de fuego y muertes ha decidido quedarse. ¡Basta!”, reclamó.

Mientras eso sucedía en Cuzco, en Juliaca los féretros de los 17 ciudadanos que perdieron la vida por protestar, recibieron un multitudinario adiós. “No somos terroristas, somos juliaqueños”, fue el grito unánime. Al mediodía fueron conducidos a la Plaza de Armas, donde recibieron una sentida misa. Después cada uno siguió su rumbo junto a sus familiares. Algunos fueron velados en la misma ciudad y otros fueron llevados al aeropuerto Inca Manco Cápac. Entre las víctimas se halla un interno de Medicina que fue atacado mientras auxiliaba a los heridos; un vendedor de helados que retornaba a su casa; y una menor de edad que, según su madre, había salido a comprar víveres.

Según el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, los 17 ciudadanos en Juliaca murieron por proyectiles de arma de fuego. Se ha abierto una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte y un grupo de sus ministros por homicidio calificado y lesiones graves. En ese sentido, se ha podido conocer que el mandato de Dina Boluarte suscribió dos contratos el 20 y 27 de diciembre para abastecerse de 31.615 cartuchos y granadas de bombas lacrimógenas. En otras palabras, se armaron hasta los dientes, como si los peruanos del otro lado fueran un bando enemigo.

La rabia se ha ramificado. Según la Defensoría del Pueblo, se registraron movilizaciones, paralizaciones y bloqueos de vías en 41 provincias. Una cifra que equivale al 20,9% del total de provincias a nivel nacional. Se apedreó una ambulancia en Cuzco y una comisaría en Tacna. Hasta el momento, se contabilizan 612 heridos desde el 7 de diciembre, cuando Dina Boluarte sucedió en el poder a Pedro Castillo tras su fallido autogolpe, así como 290 policías con lesiones.

Este viernes una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunirá con la Mesa Directiva del Congreso para “observar la situación de los derechos humanos”, se han anunciado movilizaciones para los próximos días en Lima, la capital; y otras regiones como La Libertad, en la costa, y Huánuco en la sierra.

Fuente: El País