Acuerdo precios-salarios: CGT quiere más dureza de Guzmán con empresarios

El acuerdo de precios y salarios que impulsa el Gobierno para febrero dio ayer el primer paso formal con su inclusión como eje en el debate del gabinete socioeconómico y continuará hoy con el pedido que hará la CGT de una audiencia con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para debatir sus alcances. La central obrera, además, exigirá un mayor control de las variables económicas domésticas al ministro Martín Guzmán, nominado por Alberto Fernández como arquitecto principal del pacto entre sindicalistas y empresarios. La mayor preocupación de los gremios, en la previa a un posible entendimiento, pasa por los formadores de precios y en particular la industria alimenticia, responsable de los saltos inflacionarios más sensibles.

Como adelantó este diario el martes, medio Gabinete incorporó ayer en la agenda la posibilidad de organizar una convergencia entre las variables de precios y salarios en torno del 29% de inflación pautado en el Presupuesto 2021. La iniciativa apunta a garantizar un triunfo módico nominal de los ingresos de los trabajadores, así como de jubilados y beneficiarios de planes sociales, frente a la variación del costo de vida por un margen no mayor a dos o tres puntos. Y, de ese modo, evitar una disparada inflacionaria muy por encima de lo escrito por el Ejecutivo, tal como por ahora pronostican los economistas del sector privado.

La reunión se concretó en el Ministerio de Economía y tuvo como participantes al dueño de casa, Martín Guzmán, junto a sus pares de Trabajo, Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; los titulares del Banco Central, Miguel Pesce, y de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. También estuvieron el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, Fernando Morra, y su par de Comercio Interior en Desarrollo Productivo, Paula Español.

Aunque la CGT dio una primera respuesta entusiasta a la convocatoria y las cámaras empresarias se mostraron hasta ahora renuentes, unifica a ambos sectores la incertidumbre respecto de las chances que tendrá el Ejecutivo de ordenar la macroeconomía para facilitar el cumplimiento de un acuerdo como el planificado. En particular los ítems sobre los que tiene el Estado los mayores resortes, como el valor de las tarifas, la tasa de interés y el tipo de cambio. Por eso las miradas quedaron centradas en la figura de Guzmán, percibido al menos por los gremios como un gestor hasta ahora exitoso de la deuda externa pero como una incógnita en el manejo de la economía real.

El propio ministro y discípulo ilustre del Nobel Joseph Stiglitz se encargó ayer de aminorar las expectativas en torno del posible acuerdo. Mandó a sus colaboradores a transmitir que el entendimiento estaba en una etapa embrionaria y en un comunicado avisó que la inflación “es un fenómeno multicausal, consecuencia de factores macroeconómicos y pautas de comportamiento y de formación de expectativas que le dan persistencia”. “El pilar central para atacar la problemática inflacionaria es el esquema integral de política macroeconómica, que incluye a la política fiscal, la monetaria y la cambiaria. Para hacer realidad los objetivos definidos en la ley de Presupuesto 2021, el Estado tiene un rol en la gestión de coordinación en pos de alinear expectativas con los objetivos inflacionarios a los que se apunta”, apuntó Guzmán.

Tras confirmar que el acuerdo se prevé como “una metodología de articulación con los distintos sectores económicos para la coordinación de políticas de precios y salarios, que sean consistentes con los objetivos de política macroeconómica del gobierno”, Guzmán aclaró que en todo caso cumplirá “un rol complementario del esquema de política macroeconómica”.

La CGT tomó nota del tono del ministro y, en reserva, le adjudicó la responsabilidad central de establecer el marco de estabilidad necesario para cristalizar el acuerdo entre gremialistas y cámaras patronales. “Que el chico maravilla empiece a lucirse también en la economía doméstica”, fue la síntesis de un jerárquico de la CGT de diálogo diario con los funcionarios del Gabinete. El mismo dirigente se quejó de los reparos que puso al acuerdo el vicepresidente de la Unión Industrial (UIA) y jefe de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, por entender que en ese sector se concentran los aumentos de precios que más impactan en la canasta de trabajadores y sectores vulnerables.

En la central sindical destacaron que la inflación interanual en alimentos superó el 36,1% del alza promedio de 2020 y que la puesta en marcha de un entendimiento para acompasar los precios y los salarios demandará fortaleza política de parte de los funcionarios involucrados de modo tal de ordenar la macroeconomía.

* Para www.ambito.com