En una carta enviada a los agentes, la interventora de la AFI resumió su primer año de gestión

Cristina Caamaño fue elegida en 2019 por Alberto Fernández para intervenir la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Su intervención se prorrogó por decreto del día 11 de diciembre de 2020 por un período de 180 días. El pliego para su designación como directora de la AFI fue enviado al Senado en junio de 2020 y espera ser tratado.

Caamaño fue la fiscal de la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra. De aquella Fiscalía de Instrucción pasó a integrar -durante el gobierno de Cristina Kirchner- el ministerio de Seguridad cuando lo encabezaba Nilda Garré y en el que mandaba Sergio Berni. Preside Justicia Legítima, el colectivo judicial del kirchnerismo, se jubiló como fiscal y dona el sueldo que cobra por conducir el espionaje.

Llegó a “la Agencia” -como casi todos los que estuvieron al frente de la vieja Secretaría de Inteligencia (SIDE) hoy AFI – sin ninguna experiencia en el área de inteligencia. Lo más cerca que estuvo de una cuestión relacionada con ese mundo fue cuando manejó el área de escuchas judiciales por decisión del kirchnerismo de pasar ese sector-que históricamente estuvo en manos de ex SIDE- a la Procuración que dirigía Alejandra Gils Carbó.

Desembarcó en la AFI en diciembre de 2019 y pidió ayuda de experimentados ex agentes que comulgaban con el kirchnerismo. Incorporó a algunos militantes de La Cámpora que habían estado en lugares de relevancia en la AFI hasta 2015. Y convocó a trabajar en la agencia a conocidos de la política, el Ministerio Público Fiscal y organismos de derechos humanos.

Caamaño ha sido original en varias cosas desde que fue designada en la AFI. Por primera vez-al menos desde 1983- los agentes de inteligencia recibieron cajas navideñas. La interventora les regaló un pan dulce, un espumante, una sidra, un vino, maní con chocolate, garrapiñada, turrón y Nucrem. Y también fue la primera vez que quien encabeza la AFI les escribió una carta para despedir el año, realizar un balance de lo hecho durante 2020 y además desear que 2021 encuentre a los integrantes de la agencia “como protagonistas de la reconstrucción de Argentina”.

La carta circuló por varios grupos de WhatsApp pero especialmente por uno integrado por agentes jubilados que prestaron servicio durante varios gobiernos y que se llama “Los profesionales” . Una copia de esa carta fue obtenida por Infobae.

Caamaño también fue original en otra cosa que jamás habían hecho los que encabezaron la ex SIDE: denunciar a los que se fueron. La interventora hizo varias presentaciones contra la administración macrista de la AFI y se propuso-según lo estipuló el presidente Alberto Fernández- terminar con “los sótanos de la democracia”. De 1983 a hoy, ningún director de la ex SIDE-AFI había denunciado a sus antecesores.

En la carta sobre lo actuado durante el primer año de intervención se destacan varias denuncias presentadas contra la gestión que encabezó Gustavo Arribas, otro que llegó a la AFI sin experiencia en cuestiones de inteligencia.

La carta de Caamaño tiene dos aspectos: el conceptual y el del listado de los hechos considerados importantes por la intervención.

Desde el punto de vista filosófico, Caamaño aseguró que su intervención tuvo como objetivo “cumplir con el mandato presidencial de hacer ingresar a la AFI al Estado de Derecho” ya que “el presidente había tomado la valiente decisión de avanzar en saldar una de las deudas históricas del proceso democrático iniciado el 10 de diciembre de 1983”. Si bien Caamaño critica especialmente a la administración macrista de la AFI deja entrever también un cuestionamiento a todos los que manejaron la agencia antes de 2015. Eso incluye dos administraciones radicales y tres peronistas, una de ellas encabezada por Néstor y Cristina Kirchner que se extendió durante doce años y tuvo como hombre fuerte en la ex SIDE al espía argentino más famoso: Antonio “Jaime”Stiuso.

Otro de los pilares conceptuales de la evaluación del primer año de gestión de la AFI fue para Caamaño el hecho de “reducir la colaboración con el poder judicial para restringir la posibilidad de usar a la Agencia como auxiliar de la justicia y así realizar tareas de espionaje ilegal con la fachada de investigaciones judiciales”, tal como dice en su carta.

El esquema de relación permanente entre la SIDE y los tribunales, especialmente los federales, se creó durante el gobierno de Carlos Menem y permaneció intacto durante los cortos mandatos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. Durante los doce años de kirchnerismo esa relación se acrecentó a tal punto que Stiuso fue designado al frente del área de inteligencia encargada del “control de daño” en Comodoro Py.

La influencia de Stiuso en la justicia federal Penal y en la Contencioso Administrativo Federal se consolidó con la combinación designación de jueces y su posterior influencia en sus decisiones. El kirchnerismo echó a Stiuso en 2014 y en 2015 Mauricio Macri asumió la presidencia.

La AFI de Arribas conservó el esquema creado por el menemismo y acrecentado durante el kirchnerismo y, a pesar de haber prometido transparencia en la campaña electoral, nunca rompió la vidriosa relación entra la central de inteligencia y la justicia. Así fue que salieron a la luz varios casos de espionaje ilegal por los cuales los directivos de la AFI entre 2015 a 2019 están procesados.

En esos casos también fueron procesados agentes de carrera por haber cumplido durante el macrismo órdenes similares a las recibidas durante otros gobiernos. La AFI tiene una estructura piramidal en la que prima el secreto -explican los que la conocen desde adentro- y por eso no es posible que un subalterno conozca las razones por las cuales se le ordena la obtención de determinada información de inteligencia.

En su carta, Caamaño también destacó la reforma de un artículo de la Ley de Inteligencia que estableció “la prohibición de que los organismos de inteligencia participen de tareas represivas, tengan facultades compulsivas o cumplan funciones policiales o de investigación criminal. Como dijo el Presidente: ”Nunca Más es Nunca Más “.

En su mensaje de fin de año, Caamaño hizo hincapié en el manejo transparente de los dineros siempre oscuros de la AFI. Resaltó el hecho de haber implementado la fiscalización de las finanzas a través de Unidad de Auditoría Interna, la creación de un sistema de control para compras y la reducción de los fondos reservados.

En la carta se explica que se dejó de usar el polígrafo para interrogar a los agentes, que se hicieron transparentes los números de la AFI y que buena parte de los empleados de la agencia pasó a estar registrada en el Banco Nación para cobrar sus sueldos. En su mensaje a los agentes, Caamaño admitió que esa decisión tuvo resistencia dentro de la AFI.

En octubre pasado, Infobae reveló que habían quedado al descubierto las identidades de varios empleados que ingresaron con la nueva administración a la AFI y optaron por mantener sus aportes jubilatorios tal y como los tenían antes. Sus nombres, apellidos, dirección, teléfonos y algunos de sus parientes aparecían en bases de datos públicas. Luego de la publicación, la AFI contuvo esa situación y ya no es posible acceder a las identidades de los espías en bases de datos de fácil acceso.

En la carta que a algunos agentes les llegó al mismo tiempo que les comunicaban su cese de funciones, Caamaño anotó algunos logros más burocráticos que ligados a las actividades de inteligencia. Aparecen allí, por ejemplo, la compra de un generador, el cambio de nombre del principal edificio de los espías, un convenio con el Mercado Central para la provisión de alimentos de los comedores de la agencia y un acuerdo firmado con gente de Juan Grabois para el reciclado de la basura.

Sobre operaciones de inteligencia la carta no dice nada. Porque eso sí es secreto.

El texto completo de la carta enviada por Caamaño a los empleados los últimos días de 2020 es el siguiente:

“A todo el personal de la Agencia Federal de Inteligencia.

En primer lugar, quiero desearles muchas felicidades a todo el plantel de la Agencia Federal de Inteligencia. Este año tuvimos un doble desafío: cumplir con el mandato presidencial de hacer ingresar a la AFI al Estado de Derecho y transformarla así en un organismo que cumpla con las leyes que rigen a la Administración Pública Nacional, y gestionar a la AFI en el contexto de la pandemia mundial provocada por el COVID -19. Gracias a todos todas y todas por ser parte de este proceso y por poner su esfuerzo para sostener el funcionamiento de la Agencia, más allá de las circunstancias excepcionales.

Nuestro 2020 comenzó el lunes 23 de diciembre de 2019, cuando ingresamos junto al Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, para iniciar el proceso de intervención ordenado a través del decreto 52/2019. El presidente había tomado la valiente decisión de avanzar en saldar una de las deudas históricas del proceso democrático iniciado el 10 de diciembre de 1983.

En ese contexto, la intervención a mi cargo tomo tres grandes ejes de trabajo para terminar con “los sótanos de la democracia”, como definió el Presidente de la Nación a las prácticas de espionaje ilegal y corrupción con las que se había inundado a la Agencia Federal de Inteligencia: el ordenamiento de la administración financiera y presupuestaria, la interrupción de las tareas de inteligencia ilegal, y la administración de los recursos humanos.

Fueron meses difíciles para todos y todas. Sabemos que muchas de las decisiones que tomamos implicaron una tensión en los equipos de trabajo. No pecamos de ingenuidad. Sin embargo, tenemos la convicción de que esas políticas significarán un beneficio tanto institucional como individual. Cumplir con la ley nunca puede implicar un perjuicio, sino un beneficio colectivo, y como parte del Estado, ese beneficio es para toda la sociedad.

En cuanto a recursos humanos, quiero destacar la bancarización de casi el 100 % del plantel de la AFI. Significó poner a los trabajadores y las trabajadoras en pie de igualdad con la totalidad de la planta estatal. Nos encontramos con excusas absurdas para rechazar la decisión de avanzar hacia el derecho que tienen todos y todas de justificar ante cualquier ente público o privado de donde obtienen los recursos con los que pagan el alquiler, los impuestos, las compras, el ocio, etc.

En definitiva cuando los salarios comenzaron a abonarse a través de las cuentas del Banco de la Nación Argentina los y las agentes de la AFI accedieron a uno de los derechos básicos consagrados por la Constitución Nacional en sus artículos 14 y 14 bis, además del cumplimiento del decreto 1187/12, que ordena que los empleados y empleadas de la Administración Pública Nacional deben percibir sus haberes a través de una caja de ahorros. Incluso, realizamos consultas con representantes de otras agencias de inteligencia del exterior, quienes se sorprendían al escuchar que se abonaba en mano y con el nombre supuesto.

Esa fue otra decisión importante: no había ningún sentido para continuar utilizando los alias por quienes lo realizan tareas de inteligencia. La cultura del secretismo no solamente género disfuncionalidades fuera de la Agencia, sino que llegó al punto de que las personas se llamaban de otra forma, y en muchos casos se llamaban de las dos formas. No voy a detallar los argumentos también absurdos con los que me encontré luego de tomar la decisión de la que las personas se llamen por su nombre, como indica el Código Civil y Comercial de la Nación, salvo excepciones vinculadas a actividades propias de la Agencia.

Quiero destacar también la prohibición del uso de los polígrafos, una herramienta que conlleva graves riesgos para los derechos básicos de las personas. Apenas asumí, me encontré con rumores reiterados sobre largos interrogatorios plagados de información privada de las personas que nada tiene que ver con su desempeño en la Agencia. Como por ejemplo preguntas sobre la vida sexual y de pareja de los y las agentes, consultas sobre situaciones de abuso sexual en la infancia y la adolescencia, entre otros. Sanear “los sótanos de la Democracia” también significa que se respeten los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la AFI.

Otro hito del que estoy orgullosa junto a todo el equipo de la intervención es la creación de la Unidad de Auditoría Interna, cuyo titular es designado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). La intención es que esta dependencia quede consolidada a través de la Nueva Ley de Inteligencia Nacional, para que nunca más puedan realizarse maniobras ilegales con los fondos de la Agencia Federal de Inteligencia. Ahora, el control interno de la AFI se realiza en las mismas condiciones y bajo la misma normativa que en las demás dependencias del Estado, con la salvaguarda de la confidencialidad que las tareas de inteligencia requieren.

Además, restringimos el uso de los fondos reservados a través de un protocolo estricto que solamente autoriza el desembolso cumpliendo con los pasos necesarios para su planificación previa y rendición posterior, como corresponde cuando se utilizan recursos públicos. En ese sentido, la Ley de Presupuesto elaborada en conjunto con el Ministerio de Economía redujo el porcentaje de fondos con carácter “secreto” de los que dispone la AFI de más del 99 %, como fue en el año 2019, a menos del 10 %.

En cuanto a las actividades de inteligencia, la primera medida que tomamos fue reducir la colaboración con el poder judicial para restringir la posibilidad de usar a la Agencia como auxiliar de la justicia y así realizar tareas de espionaje ilegal con la fachada de investigaciones judiciales. Esa decisión fue refrendada luego por el presidente de la Nación, quien a través del decreto 214/20 del 5 de marzo pasado, modificó el artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional, estableciendo expresamente la prohibición de que los organismos de inteligencia participen de tareas represivas, tengan facultades compulsivas o cumplan funciones policiales o de investigación criminal. Como dijo el presidente: " Nunca Más es Nunca Más “.

Para no ser demasiado extensa aporto un listado parcial de las medidas más destacadas que pusimos en funcionamiento durante este año de intervención:

Propuesta de proyecto de la nueva Ley de Inteligencia Nacional.

Aprobación de los lineamientos estratégicos del Sistema de Inteligencia Nacional por parte del presidente de la Nación.

Nueva estructura orgánica: la Agencia se estructuró en tres secretarías, con la colaboración de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación.

Programa de Protección de Registro y Archivo para el relevamiento de información vinculada a la violación de derechos humanos.

Documentación de la causa AMIA: puesta en valor de la base de AFI donde se custodian las pruebas elaboradas por la ex SIDE.

Apertura presupuestaria: la información de la ejecución presupuestaria se publica en el sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía de la Nación.

Declaración de recursos: se incorporó al fondo de la AFI el dinero proveniente de la venta de inmuebles realizada por la gestión anterior.

Sistemas de control interno para compras y contrataciones.

Bancarización para el pago de los salarios y para el pago de los proveedores.

Reasignación de fondos para la lucha contra el COVID 19: se aportaron más de 215 millones de pesos que formaban parte de los gastos reservados de la Agencia.

Escuela Nacional de Inteligencia: se realizaron tres evaluaciones diagnósticas de personal y 13 cursos entre presenciales y remotos.

Programa de retiro voluntario para agentes.

Programa integral de Géneros.

Protocolo para atender las situaciones de violencia de género.

Protocolo de Evidencia Digital: estandariza la forma de analizar la información hallada en soportes digitales de modo de cumplir con los requerimientos judiciales.

Denuncia judiciales:

Por irregularidades en compras y contrataciones por 2.203.641 dólares y 47.198.824 pesos.

Denuncia por la venta irregular de armas.

Actividades de inteligencia ilegal por espionaje a familiares del ARA San Juan, periodistas, académicos, intelectuales, políticos, etc.

Baja del convenio con el Servicio Penitenciario Federal que permitió realizar espionaje ilegal a personas privadas de la libertad y a sus abogados y abogadas.

Compra del Grupo Electrógeno para la sede central de la AFI.

Compra del 7º piso del edificio de 25 de Mayo Nº 35.

Fin de la participación de la AFI en los trámites de Cartas de Ciudadanía al fin la ciudadanía: la Agencia respondía a los requerimientos judiciales sobre personas que solicitaban la ciudadanía argentina, actividad que no guarda relación con las funciones legales de la AFI.

Convenio con Aerolíneas Argentinas para dar cumplimiento al Decreto 1191/12 que ordena que los organismos del Estado deben contratar con la línea aérea de bandera los viajes institucionales.

Convenio con YPF en Ruta: para dar cumplimiento al Decreto 1189/12, que ordena que los organismos del Estado deben cargar combustible y lubricantes en la petrolera de bandera.

Convenio o en el Mercado Central para la provisión de alimentos para los comedores de la Agencia.

Convenio para el tratamiento de la basura del organismo para dar cumplimiento a la Ley de Basura Cero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cambio del nombre del edificio de la Sede Central de la AFI.

Donaciones:.

Armas no utilizadas al Ministerio de Seguridad.

Equipos que nunca habían sido usados a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO).

Mobiliario en desuso para la Parroquia Nuestra Señora de Caacupé de la villa 21 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cuento con ustedes para continuar con el proceso de reforma institucional que iniciamos hace un año. Los funcionarios y funcionarias de la intervención y yo misma estamos abiertos y abiertas a escuchar críticas y aportes. El trabajo colectivo permite enriquecer la gestión.

Que el año 2021, encuentre a la Agencia Federal de Inteligencia y a sus integrantes como protagonistas de la reconstrucción de Argentina. Saludos cordiales.

Cristina Caamaño. Interventora”.

* Para www.infobae.com