La UCR del "Changui" Cáceres y un duro documento por expropiación de Vicentin

PARA VOLVER A PENSAR DEFENDAMOS LA REPÚBLICA O SEREMOS INCONSCIENTEMENTE INCOHERENTES

No hay república sin división e independencia de los poderes, el respeto a la ley, la igualdad de trato, el reconocimiento de los derechos humanos, la publicidad de los actos de gobierno, la responsabilidad de los funcionarios y la periodicidad de los mandatos. Los actos ilícitos que puedan existir, de Vicentín o de cualquier autoridad política o bancaria, deben ser juzgados por la justicia penal. Nada ni nadie debe quedar impune si existe o existió corrupción.
No se puede desplazar al juez natural de un concurso preventivo, arrogarse la competencia de designar un interventor, ocupar la empresa sin que el Congreso, en sesiones presenciales o remotas haya deliberado democráticamente en torno a admitir o rechazar la “utilidad pública” invocada. Una decisión del gobierno no puede justificarse basándola en un Decreto de Necesidad y Urgencia que el propio art.99 inc.3 de la Constitución Nacional (“el P.E. no podrá, en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”) declara insanablemente nulo. Excepcionalmente lo admite cuando al Congreso le sea imposible la tramitación del procedimiento para la sanción de una ley, y ello evidente y afortunadamente no ocurre. El Congreso está en su período ordinario de sesiones y habilitado para sesionar presencial o remotamente.
Existe una contradicción cuando se apela a un DNU invocando la excepción expuesta y al mismo tiempo se remite un Mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso requiriendo la expropiación de la empresa Vicentín.
La pandemia no constituye un bill de indemnidad para gobernar y administrar los recursos del Estado violando, alterando, afectando de cualquier modo la división e independencia de los poderes. Formamos parte de la Unión Cívica Radical. Somos republicanos y democráticos.
Tengamos memoria
Todo pasó bajo gobiernos del mismo signo político. ¡Tengamos memoria!
Se privatizó YPF bajo el gobierno de Menem, a precio por debajo de su valor venal. Posteriormente durante el gobierno de Kirchner se nacionalizó el 51% de sus acciones que estaban en manos de la petrolera Repsol, a un valor por encima de su capitalización bursátil de entonces. Se introdujo un socio nacional sin antecedentes en el negocio que adquirió su participación con las propias ganancias de la empresa, es decir, vaciándola en esa proporción. Y luego, se lo desplazó para estatizar las acciones respectivas, sin apego a la norma (por no cumplir con los Estatutos de la Compañía), lo que hoy, juicio mediante, nos podría significar una erogación millonaria que, en caso de concretarse, deberemos pagar todos los argentinos.
El Correo oficial fue privatizado durante el gobierno de Carlos Menem en 1997 y nacionalizado en el 2003 con Néstor Kirchner. El escándalo derivado involucró incluso a la familia del ex Presidente Macri.
Aguas Argentinas, la empresa de servicio de agua corriente y cloacas de la ciudad de Buenos Aires privatizada por Carlos Menem y luego estatizada en 2006 por Néstor Kirchner. También, por un proceder arbitrario y sin apego a la norma al momento de su estatización, soportamos y perdimos un juicio en el CIADI que le costó al erario público más de U$S 320 millones.
Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR), privatizada primero y re-estatizada después por decreto, en marzo de 2007. Perdió capital en el camino.
Aerolíneas Argentinas, privatizada primero por Carlos Menem a la española Iberia que quebró y pasó a ser parte del “Grupo Marsans”, que virtualmente la vació. Fue re-estatizada en esa condición en el año 2007 durante el gobierno de la actual Vicepresidenta.
Belgrano Cargas y logística, privatizada primero y re-estatizada en el 2013.
Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), privatizada para ser re-estatizada después en el 2010.
Éstos son algunos de los antecedentes que se deberían tener en cuenta para analizar la posible expropiación de la empresa Vicentín.
En todas las operaciones anteriores, el Estado Nacional (es decir, nosotros), bajo gestión de Administraciones peronistas perdió capitalización empresaria y capital social. Fueron miles de millones de dólares en negocios faltos de transparencia, programación estratégica, planificación sectorial y evaluaciones de impacto. Es decir, improvisados y demagógicos. Así, negocios que pudieron tener justificación política y significar un beneficio para el interés nacional, se tergiversaron en espurios, deficitarios, sospechados presuntivamente (o confirmadamente) de corruptos y absolutamente perjudiciales para el país.
No hay Estado, ni empresa pública o de interés público, que pueda subsistir haciendo negocios de esa manera.
La gestión de este tipo de iniciativas, justificada o no en sus verdaderas razones, debería ser una decisión producto de un debate legislativo nacional y ser implementada bajo los debidos controles republicanos. No podemos proceder sólo en nombre de los argumentos por las grandes causas, las banderas más reivindicables y las razones de interés público más loables, sin tener en cuenta los antecedentes de los ejecutores en el tema. Desconocer la inoperancia propia del actual oficialismo en gestiones anteriores sólo sirve para alimentar argumentos reaccionarios al interés público o social que se dice defender. ¡Por algo estamos como estamos!
Tenemos memoria. La decisión de expropiar Vicentín nos recuerda otras experiencias impulsadas en el pasado.
Como Radicales reivindicamos el papel del Estado y el rol que debe cumplir en determinadas empresas o circunstancias de interés nacional. Circunstancias que deben ser respaldadas por la transparencia, la idoneidad, la auténtica defensa del interés nacional y por todas las garantías institucionales.
Como Radicales, también, tenemos opinión formada de la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria de la que argumenta la comunidad internacional. Y tenemos historia pública en la Nación respecto de dónde posicionarnos frente a los intereses comerciales agro-exportadores concentrados. Sostuvimos siempre, y hoy también, la no-dolarización de la canasta de alimentos para toda la ciudadanía. Y sostuvimos siempre, también, la necesidad de que la renta agropecuaria vuelva mayoritariamente al eslabón correspondiente de la cadena de valor: al productor. Y no quede atrapada estructuralmente en la comercialización intermediaria.
Pero ninguna de todas estas legítimas banderas, ni racionales reivindicaciones nos puede hacer perder el eje respecto del respeto irrestricto del Estado de Derecho y la vigencia irrestricta y sin condicionantes de emergencia de las Instituciones Republicanas. No podemos tolerar en silencio que se continúe desvirtuando y manipulando los argumentos verdaderos en pos de intereses políticos secundarios de parte. No denunciarlo sería avalarlo. Dejar hacerlo sería someter a cualquier arbitrariedad a todos los argentinos.
10 de Junio de 2020