Llaryora promete devolver $1,5 billones en impuestos, pero la oposición denuncia que los números no cierran

CÓRDOBA17 de noviembre de 2026Agencia de Noticias del InteriorAgencia de Noticias del Interior

El gobernador de Córdoba presentó el Presupuesto 2027 con un ambicioso anuncio de reducción tributaria. Promete que $1,5 billones quedarán en manos de familias, comerciantes y sectores productivos. Sin embargo, la oposición salió rápidamente a cuestionar el cálculo: sostiene que la mayor parte de ese monto corresponde a beneficios que ya existían y que las rebajas verdaderamente nuevas representan menos del 15%. Para financiar el esquema, la Provincia restringirá el inicio de nuevas obras públicas. La discusión política ya está planteada.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

  • Llaryora anuncia un alivio tributario de $1,5 billones para el ejercicio 2027.

  • El Inmobiliario Urbano bajará un 30% para el 97% de las propiedades y un 5% para el resto.

  • Ingresos Brutos pasará del 4,75% al 3,50%, con incorporación de 40.000 nuevos contribuyentes al régimen reducido.

  • El PRO cuestiona las cifras: afirma que las medidas nuevas representan apenas $222.698 millones.

  • La oposición reclama reducir el gasto político, mientras el Gobierno provincial admite que restringirá nuevas obras públicas.

Llaryora apuesta a una rebaja de impuestos en medio de la crisis económica

Martín Llaryora decidió poner la reducción de impuestos en el centro de su estrategia política y económica para 2027. Durante la presentación del proyecto de Presupuesto provincial, el gobernador cordobés anunció un paquete de beneficios tributarios que, según los cálculos oficiales, permitirá que $1,5 billones permanezcan en manos de los contribuyentes.

El anuncio llega en un contexto complicado para la economía provincial. La propia administración reconoce la desaparición de más de 3.000 establecimientos comerciales y la pérdida de aproximadamente 35.000 puestos de trabajo.

Frente a ese escenario, el mandatario intenta mostrar una política de alivio para quienes producen, trabajan y sostienen la actividad económica.

Pero detrás del anuncio hay una discusión que promete trasladarse a la Legislatura: ¿son realmente $1,5 billones de nuevos beneficios o se están sumando rebajas anteriores para presentar una cifra más impactante?

Esa es precisamente la pregunta que comenzó a plantear la oposición.

Qué impuestos quiere reducir el gobernador

El paquete anunciado contempla dos modificaciones centrales.

La primera alcanza al Impuesto Inmobiliario Urbano. El 97% de las propiedades de Córdoba tendrá una reducción del 30%, mientras que el 3% restante recibirá una disminución del 5%.

Se mantendrán, además, los descuentos existentes para los contribuyentes cumplidores y quienes opten por cancelar el impuesto en un solo pago.

La segunda modificación apunta a Ingresos Brutos, uno de los tributos más cuestionados por comerciantes, empresas y prestadores de servicios.

La alícuota general bajará del 4,75% al 3,50%, lo que representa una reducción del 26,3% respecto del porcentaje actual.

También se incorporarán 40.000 contribuyentes al régimen de alícuotas reducidas, llevando el universo beneficiado de aproximadamente 70.000 a 110.000 comercios y prestadores de servicios.

El proyecto incluye una nueva ley de promoción comercial y la continuidad de los beneficios tributarios para el campo y la industria.

La intención oficial es estimular la actividad económica, favorecer las inversiones y evitar que la presión impositiva siga castigando a los sectores productivos.

Bornoroni salió al cruce: para los libertarios son solamente migajas

La reacción de Gabriel Bornoroni, principal referente de La Libertad Avanza en Córdoba, fue inmediata.

El diputado cuestionó que Llaryora presente como una gran reducción impositiva lo que, a su entender, constituye una medida insuficiente después de los aumentos tributarios aplicados durante su gestión.

Para el dirigente libertario, Córdoba necesita una transformación mucho más profunda y no reducciones parciales que, además, aparecen en un contexto de cercanía electoral.

Bornoroni viene sosteniendo la necesidad de eliminar el Inmobiliario Urbano y avanzar sobre una reforma tributaria de mayor alcance.

Desde el oficialismo provincial no tardaron en responder. El presidente del bloque, Facundo Torres Lima, defendió la propuesta y consideró que descalificar como insignificante un alivio de semejante magnitud demuestra falta de sensibilidad frente a la situación de las familias y las empresas.

También trasladó parte de la discusión al Gobierno nacional, reclamando que se eliminen impuestos federales que encarecen el transporte, la producción y el costo de vida.

La discusión dejó en evidencia que la reducción de impuestos se convirtió en otro terreno de confrontación entre el cordobesismo y los libertarios.

El PRO pone los números sobre la mesa y cuestiona el anuncio

Uno de los cuestionamientos más concretos llegó desde el PRO, a través del legislador Oscar Agost Carreño.

El dirigente no rechazó la reducción de Ingresos Brutos y consideró positivo que se avance en una disminución de ese tributo. Sin embargo, puso bajo la lupa la cifra global difundida por el Gobierno.

Según sus cálculos, de los $1,5 billones anunciados como alivio fiscal, solamente $222.698 millones corresponden a medidas nuevas. Es decir, menos del 15% del monto presentado por el gobernador.

Además, dentro de esa cifra, $81.285 millones estarían relacionados con un revalúo inmobiliario que finalmente se decidió no aplicar.

El argumento del PRO es sencillo: mantener beneficios que ya estaban vigentes no equivale a anunciar una nueva reducción de impuestos.

La diferencia no es menor. Una cosa es presentar el costo total de los beneficios tributarios acumulados y otra muy distinta es anunciar cuánto dinero adicional dejará de recaudar la Provincia como consecuencia de las nuevas medidas.

Agost Carreño también introdujo una comparación con Santa Fe: señaló que nuestra provincia destina el 13% de su presupuesto a gastos de capital, frente al 9,9% de Córdoba.

La discusión, por lo tanto, no se limita a cuánto se reducen los impuestos, sino también a cuánto invierte cada administración provincial en infraestructura.

La otra cara del presupuesto: menos obras públicas

El anuncio de alivio fiscal tiene una contrapartida que merece especial atención.

El Gobierno cordobés reconoció que limitará el inicio de nuevos proyectos de infraestructura y concentrará los recursos disponibles en terminar las obras que ya están en ejecución.

La decisión responde, según explicaron desde la administración provincial, a la falta de financiamiento suficiente y a la necesidad de mantener el equilibrio de las cuentas públicas.

También se anunció una reducción del 40% en publicidad oficial.

El mensaje del Ejecutivo es que se protegerán las partidas destinadas a salud, educación, seguridad y programas sociales, mientras se ajustarán otros gastos.

Pero la oposición considera que el recorte debería comenzar por otro lado: la estructura política del Estado.

El reclamo de la oposición: primero hay que achicar el Estado

Desde Encuentro Vecinal Córdoba, el legislador Gerardo Grosso reclamó que antes de avanzar con la discusión del Presupuesto 2027 el oficialismo explique cómo ejecutó las cuentas públicas durante 2025.

El dirigente cuestionó particularmente la presentación de los resultados fiscales provinciales y mencionó observaciones del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta de Inversión.

Según su planteo, el superávit de $592.000 millones informado por el Gobierno no reflejaría la verdadera situación financiera y podría esconder un déficit cercano a los $445.000 millones.

También reclamó explicaciones sobre los gastos de publicidad oficial y pidió que el ministro de Economía, Guillermo Acosta, concurra a la Legislatura para responder las preguntas de los representantes parlamentarios.

Desde el Frente Cívico, Walter Nostrala fue todavía más duro.

El legislador sostuvo que Llaryora anunció reducciones en determinadas partidas, pero evitó tocar lo que considera el verdadero núcleo del gasto político: los ministerios, las agencias estatales, los fondos reservados y las designaciones vinculadas con la estructura partidaria.

Su planteo apunta a una cuestión central: no alcanza con restringir obras públicas si no existe una revisión profunda del funcionamiento del Estado provincial.

La UCR espera la letra chica

En la Unión Cívica Radical prefirieron no adelantar una posición definitiva.

Matías Gvozdenovich reclamó conocer el proyecto completo y sus anexos antes de emitir una evaluación seria. Consideró que los anuncios difundidos por el Gobierno son insuficientes para analizar el verdadero alcance de las medidas.

Por su parte, el radical Dante Rossi valoró las reducciones tributarias, aunque entendió que el gobernador dejó sin resolver cuestiones estructurales de la economía cordobesa.

Desde la izquierda, Noelia Agüero cuestionó tanto la presentación como el contenido del paquete impositivo. Consideró que las medidas tienen un componente electoral y advirtió que los anuncios de reducción tributaria pueden terminar beneficiando principalmente a los sectores empresariales de mayor capacidad económica.

Una discusión que recién comienza

El Presupuesto 2027 de Córdoba abre una discusión que va mucho más allá de una reducción de impuestos.

Llaryora busca instalar la idea de que su administración puede aliviar la presión tributaria sin abandonar las prioridades sociales y manteniendo el equilibrio fiscal.

La oposición, en cambio, cuestiona el tamaño real de los beneficios, reclama transparencia en las cuentas públicas y exige una reducción más profunda del gasto estatal.

Hay una diferencia importante entre anunciar $1,5 billones de alivio fiscal y demostrar cuánto representan efectivamente las nuevas rebajas. Esa será una de las cuestiones centrales que deberán discutirse en la Legislatura.

El gobernador apuesta a mostrar que Córdoba puede bajar impuestos en un escenario económico difícil. Sus adversarios le responden que no alcanza con presentar grandes números: también hay que explicar de dónde salen, cuánto representan realmente y qué gastos está dispuesto a recortar el Estado.

Porque bajar impuestos siempre es una buena noticia para el contribuyente. Pero si la rebaja se presenta sumando beneficios que ya existían, la discusión deja de ser solamente económica y pasa a ser también política.

Y en Córdoba, con el Presupuesto 2027, esa discusión ya comenzó.

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