Passerini promete déficit cero en Córdoba, pero redobla su reclamo de fondos a Milei y amenaza con ir a la Corte

El intendente de Córdoba presentó el Presupuesto 2027 con la promesa de alcanzar el equilibrio fiscal, aunque mantuvo las declaraciones de emergencia económica y del transporte. Al mismo tiempo, endureció su enfrentamiento con el Gobierno nacional por los subsidios y los recursos destinados a la salud. Más de 250 intendentes podrían acompañar una presentación judicial contra la Nación.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

• Déficit cero: Passerini proyecta alcanzar el equilibrio fiscal durante su último año de gestión al frente de la Municipalidad de Córdoba.

• Presupuesto 2027: contempla gastos e ingresos por aproximadamente 1,8 billones de pesos, en un escenario de caída de recursos municipales.

• Conflicto con Milei: el intendente amenaza con recurrir a la Corte Suprema por la distribución de los fondos nacionales destinados al transporte.

• Reclamo sanitario: cuestiona los recortes del programa Remediar y advierte sobre la creciente responsabilidad económica que deben asumir los municipios.

• Frente de intendentes: más de 250 jefes comunales podrían respaldar una demanda colectiva para reclamar una distribución federal de los recursos.

Un presupuesto equilibrado en medio de una realidad complicada

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, presentó el proyecto de Presupuesto 2027 con una consigna que se convirtió en una de las principales banderas de la política económica argentina: alcanzar el déficit cero.

La iniciativa, que contempla recursos y gastos por alrededor de 1,8 billones de pesos, pretende cerrar el último año de su administración con las cuentas municipales equilibradas. Para conseguirlo, el Ejecutivo cordobés plantea profundizar el ordenamiento financiero, mejorar los mecanismos administrativos, incorporar tecnología y sostener una política de responsabilidad fiscal.

Sin embargo, detrás de esa promesa aparece una realidad bastante menos optimista.

El propio municipio reconoce que sus ingresos corrientes vienen perdiendo capacidad adquisitiva y que los recursos proyectados para 2027 se encuentran entre los más bajos de los últimos años, si se los compara en términos reales.

La recaudación municipal también atraviesa dificultades, con una caída interanual superior al 10%, mientras la administración busca evitar nuevos incrementos tributarios que terminen trasladando todavía más presión sobre comerciantes, empresas y vecinos.

En ese contexto, Passerini pretende sostener los servicios esenciales y destinar más del 60% del presupuesto a salud, higiene urbana, educación y seguridad.

La deuda y el peso de las decisiones anteriores

Otro de los problemas que condicionan las cuentas municipales es el endeudamiento en dólares heredado de administraciones anteriores.

Passerini reconoce que la deuda constituye una limitación importante para el funcionamiento del municipio, aunque sostiene que la refinanciación realizada permitirá reducir considerablemente el peso de los intereses.

De acuerdo con las previsiones presupuestarias, los intereses caerían un 41%, pasando de representar el 5% al 2% del gasto corriente.

Para 2027, además, se proyectan amortizaciones de capital por aproximadamente 144.244 millones de pesos y pagos de intereses por otros 35.744 millones.

El proyecto también contempla herramientas de financiamiento mediante letras del Tesoro y operaciones de crédito público, lo que demuestra que, pese al objetivo de déficit cero, la administración pretende conservar mecanismos para afrontar eventuales dificultades financieras.

El enfrentamiento con Milei y la amenaza de judicialización

Pero el capítulo políticamente más explosivo aparece en la relación con el Gobierno nacional.

Passerini volvió a cuestionar la distribución de los subsidios al transporte y denunció que el interior del país queda relegado frente al Área Metropolitana de Buenos Aires.

Su argumento es que los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos tienen una finalidad federal y no deberían concentrarse en una determinada región.

El intendente sostiene que mientras el AMBA recibe alrededor de 460 millones de dólares destinados al transporte, las ciudades del interior deben sostener sus sistemas prácticamente sin asistencia nacional directa.

La diferencia, según su planteo, termina trasladándose a las administraciones municipales o directamente a los usuarios, que deben afrontar tarifas más elevadas.

La advertencia ya dejó de ser una simple declaración política.

Passerini anticipó que, si el Presupuesto nacional no contempla una solución para el reclamo, los intendentes están dispuestos a presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La iniciativa podría reunir a más de 250 jefes comunales de distintas provincias, con el respaldo de gobernadores y representantes políticos del interior.

La salud también entra en la disputa

El segundo frente de conflicto está relacionado con la asistencia sanitaria.

Passerini cuestiona particularmente la reducción del programa Remediar, que durante años permitió distribuir medicamentos esenciales en centros de atención primaria de todo el país.

Según sus cuestionamientos, el programa pasó de contar con más de 120 medicamentos a disponer de apenas seis productos, una reducción que obliga a los municipios a cubrir necesidades que anteriormente tenían asistencia nacional.

El intendente cordobés afirma que las consultas y demandas de atención sanitaria aumentaron alrededor de un 40% durante los últimos años, mientras también creció la cantidad de personas en situación de calle que requieren asistencia estatal.

Su argumento es que los municipios terminan haciéndose cargo de obligaciones que exceden sus competencias y para las cuales no reciben los recursos correspondientes.

Una pelea que puede llegar a la Corte

La discusión entre Passerini y Milei refleja un conflicto que atraviesa buena parte del federalismo argentino: quién debe financiar los servicios públicos y cómo deben distribuirse los recursos recaudados por el Estado nacional.

El intendente cordobés busca instalar una posición común entre los municipios del interior y convertir el reclamo en una presentación judicial de alcance nacional.

La discusión también se trasladará al Congreso, donde comenzará a definirse el destino de los recursos previstos en el Presupuesto 2027.

Passerini quiere cerrar su gestión con déficit cero, pero simultáneamente exige que la Nación incremente los fondos destinados a sostener servicios municipales. Dos objetivos que, desde la perspectiva de la administración cordobesa, no son contradictorios: ordenar las cuentas propias y reclamar los recursos que considera legítimamente correspondientes.

La incógnita es si el Gobierno de Javier Milei modificará su política de distribución de subsidios o si finalmente el conflicto terminará en los tribunales.

Por ahora, el enfrentamiento promete escalar y convertir al Presupuesto 2027 en un nuevo escenario de confrontación entre la Casa Rosada y los intendentes del interior.