Europa al borde del abismo: los zurdos quieren seguir viviendo del Estado

Resumen

• Francia vuelve a mostrar las grietas de un modelo en crisis: las protestas por el costo de vida, la educación y la desigualdad se mezclan con enfrentamientos y una creciente tensión política.

• Italia enfrenta una nueva ola de movilizaciones: las calles reflejan el malestar por los precios, la situación económica y las decisiones del Gobierno.

• Barcelona y el resto de España tampoco escapan al descontento: la vivienda, las pensiones y el costo de vida están en el centro de las reivindicaciones.

• La izquierda pretende convertir cada reclamo en una defensa del Estado como proveedor permanente, sin responder siempre la pregunta fundamental: ¿quién paga la cuenta?

• Europa necesita una refundación cultural y económica: menos dependencia política, más responsabilidad individual, más productividad y una verdadera cultura del trabajo.

El continente que se acostumbró a reclamar, pero olvidó quién paga la cuenta

Por Carlos Zimerman

Europa, cuna de algunas de las mayores revoluciones culturales, industriales y científicas de la humanidad, atraviesa una crisis que va mucho más allá de una discusión sobre salarios, jubilaciones, subsidios o presupuestos públicos. Lo que está en juego es un modelo de sociedad. Y, sobre todo, una pregunta que la política europea parece evitar: ¿puede sostenerse indefinidamente un Estado que promete cada vez más beneficios sin generar la riqueza necesaria para pagarlos?

Las manifestaciones que se multiplican en distintas ciudades europeas durante este sábado 24 de octubre de 2026 vuelven a poner esa discusión sobre la mesa. Francia, Italia y España son escenarios de un descontento que combina inflación, dificultades para acceder a una vivienda, reclamos educativos, tensiones laborales y enfrentamientos políticos.

Pero detrás de las pancartas hay una discusión ideológica mucho más profunda. Una parte de la izquierda europea sigue defendiendo un Estado cada vez más grande, más costoso y más presente en la vida de los ciudadanos, como si los recursos públicos fueran infinitos y como si la riqueza apareciera mágicamente en las arcas fiscales.

No se trata de negar los derechos sociales ni de desconocer las dificultades de millones de familias. Se trata de comprender que ningún derecho puede sostenerse en el tiempo si se destruye la capacidad de producir, invertir, emprender y trabajar.

El Estado no genera riqueza por decreto. La riqueza se crea trabajando, produciendo, innovando y asumiendo riesgos. Y cuando la política olvida esa verdad elemental, la factura termina llegando a los trabajadores, a los comerciantes, a las empresas y a las generaciones futuras.

Francia: la calle vuelve a desafiar al poder

Francia es hoy uno de los grandes símbolos de la crisis europea. Este sábado, cientos de miles de personas participaron en movilizaciones contra el costo de vida, la desigualdad y las políticas económicas del Gobierno. Las estimaciones oficiales situaron la concurrencia nacional en unas 410.000 personas, mientras que los sindicatos sostuvieron que fue considerablemente mayor.

La jornada tuvo manifestaciones mayoritariamente pacíficas, pero también episodios de violencia en París y otras ciudades, con incendios, destrozos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El Gobierno desplegó alrededor de 70.000 policías y gendarmes en todo el país.

El presidente Emmanuel Macron enfrenta una situación política delicada, con una sociedad dividida y una creciente presión por el rumbo económico.

Ahora bien, no sería serio afirmar que todos los manifestantes son comunistas ni que cada reclamo social constituye un intento de vivir del Estado. Hay estudiantes, trabajadores y familias con dificultades reales. Pero sí corresponde cuestionar a los sectores políticos que pretenden responder a todos los problemas con más gasto, más subsidios y más dependencia de los fondos públicos.

La gran contradicción francesa es que se reclama un Estado cada vez más generoso mientras crecen las dificultades para financiar sus compromisos. Cuando la política promete beneficios sin explicar cómo se pagan, termina hipotecando el futuro.

Y cuando los enfrentamientos se convierten en vandalismo, saqueos y agresiones, la protesta pierde legitimidad ante quienes pretenden vivir, trabajar y comerciar en paz.

Italia: protestar no puede significar destruir

Italia tampoco quedó al margen. Roma, Milán, Turín, Bolonia y Florencia registraron movilizaciones en una jornada marcada por el malestar económico, los reclamos sociales y la preocupación por nuevos episodios de violencia.

El Gobierno de Giorgia Meloni reforzó los dispositivos de seguridad después de los disturbios registrados durante la semana anterior. En distintas ciudades se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías, con lanzamiento de objetos, gases lacrimógenos y otros incidentes.

En este escenario, la discusión sobre el papel del Estado vuelve a ser central. La izquierda italiana y los movimientos sindicales cuestionan las decisiones gubernamentales, el costo de vida y las prioridades presupuestarias. Otros sectores reclaman orden, seguridad y una política económica que favorezca la producción.

La pregunta es inevitable: ¿qué futuro puede tener una sociedad si la protesta termina perjudicando precisamente a quienes trabajan, producen y sostienen la economía?

El comerciante que baja la persiana por miedo a los saqueos, el trabajador que no puede llegar a su empleo y el pequeño empresario que pierde su mercadería no son responsables de todos los problemas de Italia. Sin embargo, muchas veces son quienes terminan pagando las consecuencias.

La defensa de los derechos laborales es legítima. La destrucción de comercios y bienes públicos, no. Y ninguna ideología puede convertir el vandalismo en una virtud política.

Barcelona: la imagen más preocupante de este sábado

Lo ocurrido hoy en Barcelona merece un capítulo aparte.

Durante la tarde del sábado 24 de octubre, centenares de jóvenes se concentraron en las inmediaciones de la plaza de Cataluña, convocados a través de las redes sociales y alentados por las protestas que venían desarrollándose en Francia.

Lo que comenzó como una movilización contra el costo de vida y el sistema político derivó en graves disturbios. Según los reportes de la jornada, grupos de manifestantes encapuchados provocaron destrozos en comercios y mobiliario urbano, incendiaron contenedores y levantaron barricadas. También se registraron enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica catalana.

Varios negocios de la zona cerraron preventivamente sus puertas ante el temor a nuevos daños y saqueos. Las autoridades pidieron a la población que evitara acercarse al área afectada. 

Una protesta puede expresar indignación, pero no otorga derecho a destruir lo que pertenece a los demás.

Hay algo particularmente preocupante en estas escenas: trabajadores y comerciantes que no tienen ninguna responsabilidad por la situación económica terminan atrapados en medio de una violencia que amenaza sus ingresos y sus fuentes de trabajo.

Y aquí aparece una contradicción que Europa debe resolver. Si el objetivo es reclamar una sociedad más justa, ¿qué justicia existe en destrozar el negocio de una persona que trabaja todos los días para mantener a su familia?

No hay justicia en el saqueo. No hay solidaridad en la destrucción. No hay progreso en convertir las calles en campos de batalla.

Conviene, además, no confundir a todos los jóvenes que protestan con quienes protagonizan los disturbios. El derecho a manifestarse debe ser protegido; quienes agreden, saquean o destruyen deben responder por sus actos.

El verdadero debate: ¿un Estado al servicio de la sociedad o una sociedad al servicio del Estado?

Francia, Italia y España tienen realidades diferentes. No todas sus protestas responden a una misma ideología, y sería un error atribuir cada conflicto al comunismo. Pero los acontecimientos vuelven a poner sobre la mesa una discusión que la izquierda más radical suele eludir.

¿Cuánto Estado necesita una sociedad y cuánto Estado puede permitirse sin asfixiar a quienes generan la riqueza?

El problema comienza cuando la política convierte los subsidios en una herramienta de dependencia, los beneficios en promesas electorales permanentes y el gasto público en una solución universal. La discusión deja de ser cómo ayudar a quienes lo necesitan y pasa a ser cómo sostener un sistema que parece necesitar cada vez más recursos para sobrevivir.

Los impuestos no aparecen por arte de magia. Los pagan los trabajadores, los profesionales, los comerciantes, los industriales y los empresarios. Los paga quien abre su negocio cada mañana, quien contrata empleados y quien arriesga sus ahorros para producir.

Por eso, una sociedad que castiga sistemáticamente al que invierte y premia políticamente la dependencia termina debilitando sus propios cimientos.

La cultura del trabajo no significa abandonar al vulnerable. Significa crear las condiciones para que cada vez más personas puedan vivir de su esfuerzo y no dependan permanentemente de una decisión política.

Una sociedad justa debe ofrecer oportunidades, educación, seguridad jurídica y protección a quienes realmente lo necesitan. Pero también debe exigir responsabilidad, promover la iniciativa privada y evitar que el Estado se convierta en una maquinaria de clientelismo.

La solidaridad no puede ser una excusa para el despilfarro. La igualdad ante la ley no significa que todos deban depender del mismo aparato burocrático. Y la justicia social no puede construirse destruyendo la riqueza que permite financiarla.

Europa necesita refundarse

El continente que lideró la Revolución Industrial, desarrolló algunas de las economías más avanzadas del planeta y construyó instituciones admiradas por el mundo necesita revisar sus prioridades.

Europa necesita menos burocracia improductiva, menos privilegios políticos y más libertad para producir, invertir y emprender. Necesita recuperar la confianza de quienes trabajan, educan a sus hijos, crean empresas y pagan impuestos. Necesita dirigentes capaces de explicar que los recursos son limitados y que cada decisión presupuestaria tiene un costo.

Y necesita, sobre todo, abandonar la ilusión de que todos los problemas pueden solucionarse aumentando el gasto público.

La refundación europea no debería consistir en eliminar los derechos sociales ni en desconocer las dificultades de los sectores más débiles. Debería consistir en recuperar la responsabilidad fiscal, fortalecer la productividad, combatir los privilegios injustificados y asegurar que la ayuda pública llegue a quienes verdaderamente la necesitan.

El debate no es entre ayudar o no ayudar. Es entre un sistema que genera oportunidades y otro que multiplica la dependencia.

Los sectores comunistas y de la izquierda más radical que pretenden perpetuar un Estado omnipresente deben responder una pregunta elemental: ¿quién produce la riqueza que después reclaman distribuir?

Porque si todos quieren cobrar, pero cada vez menos personas están dispuestas a asumir el costo de producir, el sistema termina chocando contra sus propios límites.

Europa no necesita una sociedad que viva permanentemente enfrentada entre quienes reclaman y quienes pagan. Necesita recuperar el valor del esfuerzo, el mérito, la iniciativa individual y el respeto por el trabajo ajeno.

Los privilegios no pueden estar por encima de la responsabilidad. La política no puede reemplazar a la producción. Y el Estado no puede convertirse en el destino final de una sociedad que alguna vez fue sinónimo de progreso.

La historia europea demuestra que las grandes transformaciones nacieron del conocimiento, la innovación, la industria y el trabajo. No de la promesa de vivir eternamente a costa de los demás.

Es hora de que Europa vuelva a mirar hacia adelante. Con menos dogmas, menos privilegios y más libertad. Con un Estado que cumpla sus funciones sin asfixiar a la sociedad.

Y con una convicción que debería ser irrenunciable: el futuro pertenece a los pueblos que producen, trabajan y se esfuerzan, no a los que pretenden vivir indefinidamente de una riqueza que no generan.