Passerini endurece los controles municipales y advierte que se terminó la impunidad

Resumen

• Daniel Passerini fijó posición sobre la condena al exlegislador Oscar González por el siniestro vial ocurrido en las Altas Cumbres.

• El intendente de Córdoba sostuvo que la Justicia debe continuar con el proceso y resolver las apelaciones conforme a la ley.

• Frente a los escándalos que involucran a empleados municipales, defendió mayores controles y medidas disciplinarias.

• El municipio busca establecer la presentación periódica de certificados de antecedentes penales y ampliar los narcotest.

• La Justicia Administrativa Municipal de Faltas comenzó a utilizar drones para detectar a quienes arrojan residuos ilegalmente en la vía pública.

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, salió a fijar posición sobre algunos de los asuntos más delicados de la agenda política y judicial de la provincia. En declaraciones a distintos medios cordobeses, se refirió tanto a las consecuencias judiciales de la tragedia vial protagonizada por el exlegislador Oscar González como a las medidas que impulsa su administración para reforzar los mecanismos de control sobre el personal municipal.

En relación con la condena a González por el hecho ocurrido en el camino de las Altas Cumbres, Passerini evitó interferir en las instancias judiciales pendientes y remarcó la necesidad de respetar los procedimientos establecidos por la ley. El mandatario capitalino consideró que corresponde permitir que el expediente siga su curso, incluidas las apelaciones que puedan presentarse.

La posición del intendente estuvo acompañada por una referencia al sufrimiento de las familias afectadas por el siniestro, en un caso que generó una fuerte repercusión pública y volvió a poner en el centro del debate la responsabilidad de quienes ocupan cargos políticos.

Controles más estrictos para los empleados municipales

Otro de los ejes de sus declaraciones estuvo vinculado con los episodios que pusieron bajo cuestionamiento la conducta de algunos agentes de la Municipalidad de Córdoba. Entre ellos se encuentra la investigación sobre un inspector de tránsito sospechado de participar en maniobras extorsivas y financieras.

Ante estos antecedentes, Passerini defendió las iniciativas remitidas al Concejo Deliberante para elevar las exigencias de conducta y transparencia dentro del municipio. La intención es que los controles no se limiten al momento en que una persona ingresa a trabajar en la administración, sino que se mantengan durante el desarrollo de su vínculo laboral.

Entre las medidas planteadas figura la obligación de presentar periódicamente certificados de antecedentes penales, tanto para empleados de planta permanente como para personal contratado. También se prevé extender de manera progresiva los controles toxicológicos, con el objetivo declarado de fortalecer la idoneidad de quienes cumplen funciones públicas.

El mensaje del jefe comunal apunta a marcar una frontera entre el ejercicio legítimo de la función pública y cualquier utilización del cargo para obtener beneficios particulares. La discusión, sin embargo, no se agota en el anuncio de nuevas exigencias: el verdadero desafío será garantizar que los mecanismos de fiscalización se apliquen de manera efectiva, sostenida y sin privilegios.

La transparencia de una administración no se demuestra únicamente con reglamentos o declaraciones contundentes. También requiere investigaciones serias, procedimientos claros y sanciones cuando las irregularidades quedan debidamente acreditadas.

Drones para detectar basurales clandestinos

En paralelo, Passerini presentó otra iniciativa orientada al control del espacio público. La Justicia Administrativa Municipal de Faltas comenzó a incorporar drones para vigilar distintos sectores de Córdoba y detectar a quienes arrojan residuos en lugares no habilitados.

El anuncio se realizó desde el Centro de Monitoreo Urbano, donde el intendente destacó que la tecnología permite mejorar la capacidad de observación y reunir elementos para intervenir frente a estas conductas.

Según explicó, los dispositivos facilitan la identificación de personas que arrojan basura de manera ilegal y posibilitan actuar cuando las infracciones se están cometiendo. El municipio busca así reforzar la prevención y mejorar la respuesta frente a una práctica que perjudica el ambiente, deteriora los espacios comunes y genera costos adicionales para los vecinos.

Passerini calificó estas conductas como particularmente graves y sostuvo que la incorporación de herramientas tecnológicas permitirá avanzar contra quienes incumplen las normas ambientales.

El denominador común de los anuncios es el intento de fortalecer los controles sobre la conducta de quienes trabajan para el Estado y de quienes infringen las reglas de convivencia urbana. Ahora, la eficacia de esas decisiones se medirá en los resultados: controles que se cumplan, infracciones que se detecten y procedimientos que avancen con rigor, transparencia y respeto por la ley.