Hoteles de las Fuerzas Armadas: crece la tensión en Córdoba por el futuro de más de 300 trabajadores

La reestructuración de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) abrió un nuevo foco de conflicto en Córdoba, donde el traspaso de establecimientos turísticos hacia la órbita de las Fuerzas Armadas genera preocupación entre trabajadores, sindicatos y localidades que dependen de esa actividad.

El cambio comenzará a regir desde el 1 de octubre, cuando los hoteles y complejos que hasta ahora estaban vinculados al sistema de la obra social dejen de formar parte de esa estructura. A pocos días de la modificación, todavía existen interrogantes sobre el funcionamiento que tendrán los establecimientos y, especialmente, sobre la continuidad laboral de los trabajadores civiles.

En Córdoba hay siete establecimientos involucrados: los hoteles Residencia y Costanera de Cosquín, Residencia Serrana de La Falda, Estancia Golf de Ascochinga, Hostería de Villa General Belgrano, Parador Almirante Brown de Villa del Dique y Colonia Miraflores de Santa Rosa de Calamuchita. Según los sindicatos, más de 300 trabajadores civiles desarrollan tareas en esos espacios.

El cambio que modifica la estructura

La transformación se inició con el DNU 88/2026, mediante el cual se creó la OSFA como ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa y se estableció la disolución y liquidación del IOSFA.

El nuevo esquema apunta a concentrar la estructura en la prestación sanitaria y contempla el traspaso de bienes, personal y obligaciones del organismo anterior. Dentro de esa reorganización, las actividades vinculadas al turismo y la recreación quedan fuera del diseño principal de la nueva obra social.

Desde el Gobierno nacional se plantea que el objetivo es ordenar una estructura que atravesaba dificultades financieras y concentrar los recursos en la atención sanitaria. Los gremios, en cambio, advierten sobre las consecuencias que la transferencia puede generar sobre los puestos de trabajo y sobre la continuidad de los establecimientos como espacios de turismo social.

Preocupación en distintas localidades

El conflicto adquiere una dimensión particular en las localidades donde funcionan los establecimientos. Cosquín, La Falda, Ascochinga, Villa General Belgrano, Villa del Dique y Santa Rosa de Calamuchita enfrentan ahora la posibilidad de cambios en una actividad que también tiene impacto sobre sus economías locales.

Desde ATE señalaron que en Ascochinga 29 trabajadores contratados quedarían sin empleo y sin indemnización, mientras que otros 34 empleados de planta permanente pasarían a disponibilidad. El gremio también puso el foco en la antigüedad de parte del personal, con trabajadores que llevan alrededor de 25 años en sus puestos.

En La Falda, además, los trabajadores expresaron preocupación por la presencia de personal militar en el establecimiento y por versiones relacionadas con el eventual traslado de más efectivos especializados. Ese escenario abrió el interrogante sobre si algunas tareas actualmente realizadas por civiles podrían quedar en manos de integrantes de las Fuerzas Armadas.

Las protestas también alcanzaron a Cosquín y otras localidades cordobesas, con participación de representantes de la CTA y organizaciones sociales y de derechos humanos.

Los sindicatos sostienen que el impacto no se limitaría al ámbito laboral. Una eventual reducción de la actividad turística podría repercutir sobre comercios y servicios de las regiones de Punilla, Calamuchita y Colón.

Por ese motivo, desde distintos sectores se solicitó la intervención de diputados y senadores cordobeses para intentar frenar el proceso y conocer con mayor precisión cuál será el destino de los establecimientos.

El conflicto llegó a Buenos Aires

La disputa tomó una nueva dimensión luego de que ATE ocupara la sede central de OSFA en Buenos Aires. La medida trasladó el reclamo desde las localidades donde funcionan los establecimientos hacia el centro institucional en el que se lleva adelante la reestructuración.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que las medidas de fuerza podrían profundizarse si no aparecen respuestas. El sindicato sostiene a nivel nacional que alrededor de 600 puestos de trabajo están en riesgo y cuestiona el traspaso de hoteles y centros recreativos a la estructura de las Fuerzas Armadas.

La situación coloca a Córdoba en el centro de una discusión de alcance nacional sobre la reorganización del sistema de la obra social militar y el destino de sus establecimientos turísticos.

Mientras el Gobierno sostiene que la prioridad de la nueva estructura será la atención sanitaria y la administración eficiente de los recursos, los trabajadores reclaman precisiones sobre su continuidad laboral y el futuro de los complejos.

Con el cambio previsto para el 1 de octubre cada vez más cerca, la transición ingresa en una etapa decisiva. El traspaso tiene fecha definida, pero todavía persisten dudas sobre el funcionamiento de los establecimientos y el destino de quienes llevan años trabajando en ellos.