Llaryora endurece su postura por discapacidad y lleva la pelea por el Presupuesto 2027 al Congreso

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, volvió a marcar diferencias con el Gobierno nacional por el capítulo de discapacidad incluido en el proyecto de Presupuesto 2027 y pidió a los legisladores que representan a la provincia que no acompañen modificaciones que impliquen una reducción de recursos para el sector.

La posición del mandatario cordobés se da mientras en el Congreso avanzan las negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas para modificar el esquema planteado originalmente por el Poder Ejecutivo. El debate también contempla la continuidad de la Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia vence en diciembre.

Llaryora sostuvo que Córdoba no acompañará recortes que afecten las prestaciones destinadas a personas con discapacidad y remarcó que los tratamientos, traslados y demás servicios vinculados con el sector deben garantizarse independientemente de la situación económica de las familias o del lugar donde residan.

Una disputa que llega al Congreso

El tema abrió un nuevo frente de negociación para el Gobierno de Javier Milei. Dentro de La Libertad Avanza, el jefe del bloque de Diputados, Gabriel Bornoroni, cuestionó el planteo de Llaryora y consideró que la prórroga de la emergencia constituye una solución transitoria. El oficialismo busca avanzar hacia un esquema permanente mientras analiza modificaciones al texto incorporado al proyecto presupuestario.

El debate se desarrollará en paralelo a las conversaciones con legisladores de otros espacios, en un escenario donde el capítulo de discapacidad generó cuestionamientos incluso entre sectores que habitualmente acompañan al Gobierno.

La discusión cobró mayor intensidad luego de que la Justicia Federal de Córdoba ordenara investigar al ministro de Salud, Mario Lugones, y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento de resoluciones vinculadas con la regularización de pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad. Las actuaciones fueron remitidas al Ministerio Público Fiscal para determinar si existieron posibles delitos de desobediencia a la autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El reclamo por la emergencia

En este contexto, el oficialismo cordobés busca que el Congreso avance con la extensión de la Emergencia en Discapacidad mientras continúa la discusión sobre el contenido definitivo del Presupuesto 2027.

La postura provincial apunta a sostener el financiamiento de las prestaciones y evitar que los cambios presupuestarios terminen trasladando mayores costos a las provincias, municipios, organizaciones y familias que forman parte del sistema.

Desde Córdoba también remarcan que la provincia cuenta con una red de organizaciones y gobiernos locales que intervienen en la atención de personas con discapacidad, por lo que cualquier modificación en el financiamiento nacional puede tener impacto directo sobre ese entramado.

El otro frente: alivio financiero

La agenda de Llaryora también incorpora medidas vinculadas con el endeudamiento de las familias y el consumo. En esa línea, el Gobierno provincial y Bancor avanzan con nuevas herramientas de financiamiento y planes de cuotas destinados a ampliar el acceso al consumo y aliviar las dificultades financieras.

La iniciativa se suma al programa Córdoba Impulsa, presentado recientemente por la Provincia, que contempla seis cuotas sin interés mediante la tarjeta Cordobesa y una línea de créditos para capital de trabajo destinada a comercios.

De esta manera, el gobernador cordobés combina el reclamo por el financiamiento de las políticas de discapacidad con una agenda provincial orientada a sostener el consumo y atender el impacto del endeudamiento familiar, mientras el Congreso comienza a definir el contenido final del Presupuesto nacional para 2027.