El Gobierno avanza con una reforma integral de la Justicia mientras busca destrabar el nuevo Código Penal

• El Gobierno prepara una reforma integral de la estructura del Poder Judicial.
• La iniciativa contempla reducir algunos tribunales y crear nuevas dependencias.
• La reorganización busca disminuir vacantes, causas acumuladas y subrogancias.
• El Ejecutivo pretende elevar a 300 las postulaciones judiciales antes de fin de año.
• Los juzgados electorales serán analizados con especial cautela por las elecciones presidenciales de 2027.
• El nuevo Código Penal continúa demorado por diferencias internas sobre el alcance de la reforma.

El Gobierno de Javier Milei avanza en el diseño de una reforma integral del Poder Judicial, una iniciativa que apunta a modificar la estructura de los tribunales federales, reducir determinados cargos y crear nuevas dependencias con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema. El proyecto se encuentra en la etapa final de revisión dentro del Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, antes de ser enviado al Congreso.

Uno de los principales ejes de la propuesta será la reorganización de la Justicia Federal. Para ello, el Ejecutivo analiza modificaciones a la ley de Organización de la Justicia Federal que permitirían reducir de 12 a ocho los juzgados de primera instancia de Comodoro Py y llevar de 13 a nueve la cantidad de integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal.

La reforma, sin embargo, no se limitaría al cierre o reducción de tribunales. El Gobierno también contempla la creación de nuevos juzgados y una redistribución de competencias para adaptar la estructura judicial a las necesidades actuales. El objetivo es disminuir la acumulación de expedientes, reducir las subrogancias y mejorar la distribución del trabajo entre los magistrados.

La eventual reducción de cargos también podría contribuir a disminuir una de las principales dificultades que enfrenta actualmente el sistema: la elevada cantidad de vacantes. Durante el año, el Poder Ejecutivo remitió 203 pliegos al Senado, correspondientes a jueces, fiscales, defensores y conjueces. De ese total, 96 funcionarios ya fueron designados, mientras que otros 85 candidatos continúan a la espera del acuerdo parlamentario.

El Gobierno pretende elevar a unas 300 las postulaciones enviadas antes de fin de año y reducir el nivel de vacancia judicial, que inicialmente se ubicaba en torno al 35%, hasta aproximadamente el 27%. Dentro de la planificación oficial también aparece la posibilidad de transferir a las provincias los recursos que queden disponibles como consecuencia de la reorganización de cargos.

Otro capítulo de la reforma estará vinculado con el traspaso de la Justicia nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, una discusión pendiente desde hace décadas. Sin embargo, el Ejecutivo analiza con especial cautela cualquier modificación relacionada con los juzgados con competencia electoral, debido al papel que cumplen en la oficialización de listas, el reconocimiento de partidos y distintos aspectos del proceso electoral.

La cuestión adquiere especial sensibilidad debido a que el próximo año estarán en juego las elecciones presidenciales. Por ese motivo, cualquier cambio en la estructura de los tribunales electorales deberá ser analizado cuidadosamente dentro del oficialismo.

En paralelo, el Gobierno continúa trabajando para destrabar el nuevo Código Penal, cuyo envío al Congreso permanece demorado por diferencias internas. El proyecto original contemplaba una renovación integral del Código vigente, mientras que posteriormente se discutió una versión más acotada.

Las negociaciones internas derivaron en distintos borradores hasta alcanzar una alternativa intermedia, con alrededor de 300 artículos, aunque todavía existe presión para ampliar su contenido. La discusión enfrenta dos posiciones dentro del oficialismo: una que impulsa una modificación profunda del Código y otra que pretende avanzar con cambios específicos sin reemplazar completamente su estructura.

De esta manera, la reforma judicial podría convertirse en una de las próximas iniciativas de peso del Gobierno en el Congreso, mientras la Casa Rosada intenta evitar que las diferencias internas que frenaron el Código Penal vuelvan a complicar su agenda institucional.