El favorito del poder para el Juzgado Electoral: Arias y las dudas que deja un proceso clave

La independencia de la Justicia no solo debe existir: también debe parecerlo. Esa es una condición indispensable para que la sociedad confíe en quienes tienen la enorme responsabilidad de garantizar la transparencia de los procesos electorales. Por eso, que Guillermo Arias haya quedado primero en el orden de mérito para convertirse en el próximo juez electoral de Córdoba abre un debate que excede a su figura y alcanza de lleno a la calidad institucional de la provincia.

Arias obtuvo el mejor puntaje en el concurso del Consejo de la Magistratura y, si no prosperan impugnaciones y se completan las instancias legales, su pliego será elevado para su designación. El proceso aún no concluyó, pero el resultado preliminar ya despertó fuertes cuestionamientos.

Durante más de veinte años fue el poderoso secretario Legislativo de la Unicameral. Conoció como pocos la cocina del poder cordobés, administró negociaciones políticas y formó parte del funcionamiento cotidiano de una Legislatura dominada durante décadas por el peronismo provincial. Nadie discute su experiencia. Lo que muchos ponen en duda es si ese recorrido constituye el mejor antecedente para ocupar un cargo que debe ofrecer garantías absolutas de independencia frente al poder político.

El propio Arias reconoció durante la entrevista que militó en el peronismo y que es hijo del histórico dirigente justicialista Luis "Teti" Arias. También aseguró que ejercerá el cargo con equidistancia y equilibrio. Es una promesa legítima. Pero en materia institucional no alcanza con las promesas: la confianza pública se construye evitando cualquier duda razonable sobre la imparcialidad de quienes deben controlar las elecciones.

Y hoy esas dudas existen.

El proceso tampoco ayudó a disiparlas. El Consejo de la Magistratura rechazó el pedido para que las entrevistas de los postulantes fueran transmitidas públicamente. Una decisión que va a contramano de la transparencia que debería rodear la selección de un funcionario que tendrá en sus manos uno de los cargos más sensibles de la democracia cordobesa.

Las críticas llegaron desde distintos sectores de la oposición. El senador nacional Luis Juez sintetizó su rechazo con una frase que rápidamente generó repercusión: "Es muy obvio. A no enojarse cuando nos digan que Córdoba es Formosa con soja".

Más allá del tono de esa expresión, el planteo remite a una preocupación de fondo: la necesidad de que el futuro juez electoral no solo sea independiente, sino que además no cargue con vínculos políticos capaces de afectar la confianza de la ciudadanía en sus decisiones.

No se trata de desconocer la trayectoria administrativa de Arias ni de anticipar cómo ejercería eventualmente el cargo. Se trata de advertir que el perfil institucional del próximo juez electoral debería estar lo más alejado posible de cualquier identificación con el poder político de turno. Esa distancia fortalece la credibilidad del sistema y protege la legitimidad de los procesos electorales.

Todavía restan las impugnaciones, la audiencia pública, la elevación del pliego por parte del Poder Ejecutivo y la aprobación de la Legislatura. Jurídicamente, el proceso no está terminado. Pero políticamente ya dejó una discusión instalada: si Córdoba está priorizando la independencia institucional o la continuidad de un esquema de poder que lleva más de un cuarto de siglo gobernando la provincia.

Porque el desafío no es únicamente elegir un juez electoral competente. El verdadero desafío es elegir uno sobre el cual no exista la menor sospecha de dependencia política. Y, a la luz del resultado del concurso, esa discusión está lejos de haber quedado saldada.