Llaryora apuesta a la seguridad y posiciona a Quinteros como una de las figuras del oficialismo en Córdoba

La reciente sanción de la Ley Provincial Antibúnker y Antiaguantaderos en Córdoba no solo representa una nueva herramienta para combatir el narcotráfico, sino que también refuerza la estrategia política del gobernador Martín Llaryora, quien busca consolidar la seguridad como uno de los principales ejes de su gestión.

En ese contexto, el principal protagonista de la iniciativa es el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, un dirigente que llegó al gabinete desde la oposición y que no forma parte del peronismo tradicional. Su creciente exposición pública alimenta las especulaciones sobre un posible futuro electoral dentro del oficialismo.

La nueva legislación otorga amplias facultades al Ministerio de Seguridad para intervenir sobre inmuebles utilizados como búnkeres de venta de drogas o como refugios para actividades delictivas. Entre las medidas previstas se encuentran inspecciones, clausuras preventivas, tapiados, bloqueos de accesos y custodia de los lugares intervenidos.

Sin embargo, la ley establece que la demolición de estos inmuebles solo podrá ser autorizada por la Justicia, por lo que esa decisión no quedará bajo la órbita del Poder Ejecutivo.

Durante la presentación del proyecto, Llaryora destacó que los búnkeres representan mucho más que simples puntos de comercialización de estupefacientes, al considerar que simbolizan la presencia territorial del narcotráfico. En ese sentido, sostuvo que el objetivo del Estado es recuperar esos espacios para devolver tranquilidad y seguridad a los vecinos.

Dentro del oficialismo provincial interpretan que la fuerte participación de Quinteros en esta iniciativa también responde a una estrategia de posicionamiento político. Su perfil, alejado de las estructuras tradicionales del peronismo cordobés, aparece como una alternativa para ampliar la base electoral de cara a futuros desafíos.

El escenario cobra relevancia especialmente en la ciudad de Córdoba, donde el oficialismo reconoce que enfrenta mayores dificultades para consolidar su respaldo. Mientras el intendente Daniel Passerini avanza en su gestión, aún no surge un sucesor claramente definido dentro del espacio gobernante.

En ese marco, Quinteros comienza a ser mencionado como uno de los dirigentes con posibilidades de competir por la intendencia cuando finalice el actual mandato municipal. Su incorporación al gabinete fue vista desde el inicio como un gesto de apertura política impulsado por Llaryora, y su creciente protagonismo en temas de seguridad fortalece esa proyección.

Con la nueva ley ya aprobada, el Gobierno provincial busca mostrar una respuesta más firme frente al avance del narcotráfico, al tiempo que posiciona una de las figuras con mayor visibilidad dentro de la administración cordobesa.