Ley Antibúnker: una iniciativa con amplio consenso político

La Legislatura de Córdoba tratará este miércoles uno de los proyectos más relevantes impulsados por la gestión del gobernador Martín Llaryora en materia de seguridad. Se trata de la denominada Ley Antibúnker, una iniciativa destinada a dotar al Estado de nuevas herramientas para intervenir inmuebles utilizados para actividades vinculadas al narcotráfico y otras organizaciones delictivas.

Será la última sesión antes del receso invernal y el oficialismo aspira a convertir el proyecto en ley con un amplio respaldo legislativo, luego de semanas de negociaciones con los distintos bloques de la oposición.

La propuesta establece un marco legal para actuar sobre bienes muebles e inmuebles que representen un riesgo para la seguridad pública o sean utilizados como guaridas, aguantaderos o centros de comercialización de drogas. Entre las herramientas previstas se contemplan intervenciones administrativas preventivas y, como instancia excepcional, la demolición de inmuebles, medida que únicamente podrá ser autorizada por la Justicia.

Un proyecto enriquecido por el aporte de la oposición

Aunque la iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo provincial, el texto que llegará al recinto difiere del proyecto original. Durante su tratamiento en comisión, el oficialismo aceptó incorporar numerosas modificaciones impulsadas por legisladores del PRO, la UCR y otros espacios políticos.

El dictamen definitivo será terminado de definir durante la reunión de la Comisión de Seguridad, presidida por Juan Manuel Llamosas, pocas horas antes del inicio de la sesión.

Según trascendió, gran parte de los cambios apuntan a fortalecer las garantías jurídicas del procedimiento, mejorar los mecanismos de control institucional y establecer criterios claros para la recuperación y reutilización de los inmuebles intervenidos con fines sociales y comunitarios.

El radicalismo reclama la autoría de la idea

Si bien el oficialismo presenta la iniciativa como una de las principales políticas de seguridad de la administración provincial, desde la Unión Cívica Radical recuerdan que el legislador Oscar Saliba había impulsado meses atrás un proyecto con objetivos similares.

En ese contexto, el radicalismo sostiene que el Ejecutivo terminó incorporando buena parte de aquella propuesta, mientras que desde el PRO también aseguran que cerca del 90% de sus aportes fueron incluidos en la versión final del texto.

Las modificaciones incorporadas fortalecen aspectos vinculados a la planificación territorial, la creación de mecanismos de seguimiento, mayores controles administrativos, reportes periódicos a la Legislatura y una mejor protección para terceros de buena fe.

Diferencias sobre quién debe conducir el sistema

Uno de los puntos donde todavía existen diferencias políticas está relacionado con la autoridad encargada de aplicar la futura ley.

El proyecto presentado por Oscar Saliba proponía que la conducción estuviera en manos del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, la versión que impulsa el oficialismo mantiene esa responsabilidad en los Ministerios de Seguridad y de Justicia, junto con la participación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y una nueva Unidad Interagencial creada dentro del Poder Ejecutivo.

Ese esquema continúa siendo cuestionado por algunos sectores de la oposición, que consideran que debería otorgarse un mayor protagonismo al ámbito judicial para evitar una excesiva intervención política.

Un debate con final abierto en el plano político

El oficialismo llegará al recinto confiado en obtener la aprobación del proyecto. El PRO ya anticipó su respaldo, mientras que en la UCR predomina una posición favorable, aunque algunos legisladores dejarán sentadas sus diferencias durante el debate.

La principal incógnita pasa por la postura que finalmente adoptará el juecismo, que comparte el objetivo de reforzar la lucha contra el narcotráfico, pero aún no definió si acompañará el despacho sin objeciones o aprovechará la discusión para profundizar sus críticas hacia el gobierno provincial.

Más allá del resultado de la votación, todo indica que la Ley Antibúnker será aprobada y se convertirá en una de las principales normas de la gestión de Martín Llaryora en materia de seguridad, aunque su redacción final refleja el aporte de distintos bloques políticos y un proceso de negociación que modificó significativamente la propuesta original enviada por el Ejecutivo.