Ley antibúnker: la Legislatura abre el debate entre el consenso contra el narco y la disputa política por la iniciativa

La Legislatura de Córdoba comenzará este miércoles el tratamiento de los proyectos conocidos como "ley antibúnker", una iniciativa que busca brindar nuevas herramientas para intervenir inmuebles utilizados por organizaciones criminales, especialmente aquellos destinados al narcomenudeo.

Aunque existe un amplio acuerdo entre oficialismo y oposición sobre la necesidad de combatir este tipo de estructuras delictivas, el debate también estará atravesado por una disputa política en torno a quién impulsó primero la propuesta.

La comisión convocada para las 10 analizará tres proyectos diferentes: uno presentado por el legislador radical Oscar Saliba, otro elaborado por Oscar Agost Carreño y una tercera iniciativa enviada por el gobernador Martín Llaryora.

Tres proyectos con enfoques distintos

La propuesta impulsada por Saliba pone el foco exclusivamente en la lucha contra el narcomenudeo. Entre sus principales medidas contempla la creación de un Registro Provincial de Búnkeres Narco, la elaboración de un mapa de los puntos de venta de drogas y la instalación de cámaras de vigilancia en esos sectores.

Además, habilita la colocación de carteles identificando los inmuebles intervenidos y prevé la posibilidad de demoler construcciones destinadas exclusivamente al comercio ilegal de estupefacientes, siempre que no constituyan viviendas permanentes.

Por su parte, el proyecto de Agost Carreño amplía el alcance de la norma y no se limita a los delitos vinculados con las drogas. También incluye inmuebles utilizados para trata de personas, almacenamiento ilegal de armas, reducción de objetos robados y otras actividades del crimen organizado.

En lugar de priorizar las demoliciones, propone la recuperación de esos espacios para destinarlos a centros comunitarios, dependencias públicas, actividades recreativas o programas sociales, con participación de municipios y organizaciones civiles.

La propuesta del Ejecutivo

El proyecto enviado por el Gobierno provincial plantea un esquema más amplio para intervenir inmuebles vinculados al delito o que representen un riesgo para la seguridad pública.

La iniciativa establece un procedimiento administrativo con inspecciones, informes técnicos, medidas preventivas y mecanismos de revisión antes de cualquier decisión definitiva.

Uno de sus aspectos centrales es que reserva exclusivamente a la Justicia la facultad de ordenar desalojos, demoliciones u otras medidas irreversibles, mientras que la administración provincial quedaría habilitada para realizar actuaciones preliminares.

Además, crea una Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y un Registro Provincial específico, al tiempo que propone modificar la legislación vigente para distribuir los bienes decomisados: el 60% sería destinado a fortalecer la Fuerza Policial Antinarcotráfico y el 40% restante financiaría programas del Ministerio de Justicia.

Un debate con fuerte contenido político

Más allá de las diferencias técnicas entre los proyectos, el tratamiento legislativo también dejó al descubierto una disputa política.

Desde la oposición sostienen que el proyecto de Saliba fue el primero en ingresar a la Legislatura y recuerdan que reunió el respaldo de legisladores de distintos espacios, por lo que consideran que el Ejecutivo terminó apropiándose de una propuesta que ya estaba instalada en la agenda parlamentaria.

En el oficialismo, en cambio, defienden la iniciativa impulsada por Llaryora al considerar que presenta un desarrollo jurídico más sólido y ofrece mayores garantías de constitucionalidad al delimitar claramente las competencias entre el Poder Ejecutivo y la Justicia.

Con esos antecedentes, la reunión de comisión marcará el inicio de una discusión que combina coincidencias sobre la necesidad de endurecer la lucha contra el narcotráfico con diferencias sobre cuál debe ser el instrumento legal para alcanzar ese objetivo.