La UIA propone cambios en el RIGI para garantizar mayor participación de proveedores nacionales

ECONOMÍA Agencia de Noticias del Interior

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  • La UIA propuso modificar el RIGI para asegurar una mayor participación de proveedores nacionales.
  • La entidad plantea que el 20% de las compras de bienes corresponda a productos con valor agregado local.
  • También impulsa mecanismos de integración progresiva para ampliar la participación de empresas argentinas.
  • Los industriales expresan preocupación por la caída de la actividad manufacturera pese al crecimiento económico general.
  • Las inversiones presentadas bajo el RIGI se concentran casi exclusivamente en minería y energía.
  • El régimen destinado a medianas inversiones aún no pudo ponerse en marcha por demoras operativas.

La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó ante el Congreso una propuesta para modificar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de fortalecer la participación de la industria local en los proyectos que se desarrollen bajo ese esquema. La iniciativa plantea que al menos el 20% de las compras de bienes realizadas por las inversiones aprobadas correspondan a proveedores nacionales con valor agregado local.

La propuesta fue analizada durante una reunión de la Junta Directiva de la entidad empresaria y forma parte de una estrategia más amplia para impulsar medidas que permitan integrar al entramado productivo argentino dentro de los grandes proyectos de inversión que comenzaron a llegar al país al amparo del régimen promovido por el Gobierno nacional.

Desde la UIA sostienen que el actual esquema de incentivos constituye una herramienta importante para atraer capitales, aunque consideran necesario introducir mecanismos que aseguren un impacto más amplio sobre la actividad industrial. En ese sentido, plantean que la obligación de inversión mínima ya prevista por el régimen debería complementarse con requisitos específicos orientados a favorecer la adquisición de bienes producidos localmente.

La entidad propone que ese porcentaje mínimo del 20% tenga aplicación exclusiva sobre productos con valor agregado nacional, evitando que se diluya en contrataciones que de todos modos deberían realizarse dentro del país. Además, impulsa la implementación de esquemas de integración progresiva que permitan ampliar la participación de proveedores argentinos a medida que los proyectos avanzan en sus distintas etapas de ejecución.

Otro de los aspectos incluidos en la propuesta es la creación de mecanismos de verificación que permitan determinar, de manera transparente, si existen empresas locales en condiciones de abastecer determinados bienes con estándares competitivos de precio y calidad. El objetivo es generar reglas claras tanto para los inversores como para los proveedores nacionales.

El planteo se produce en un contexto de preocupación dentro del sector manufacturero por la evolución de la actividad económica. Aunque la economía mostró crecimiento durante los primeros meses del año, los datos oficiales reflejan que la industria continúa atravesando dificultades. Según las últimas estadísticas, la producción manufacturera registró una caída durante el primer trimestre, contrastando con el desempeño positivo del conjunto de la economía.

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, sostuvo que si el país necesita implementar regímenes especiales para atraer inversiones, el desafío de fondo sigue siendo mejorar las condiciones generales bajo las que opera el sector industrial. La declaración refleja una preocupación creciente entre los empresarios por los efectos de la apertura económica, la presión tributaria y las dificultades que enfrentan algunas ramas productivas para recuperar niveles de actividad.

Durante los últimos meses, representantes industriales mantuvieron reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, en las que insistieron con la necesidad de avanzar en medidas que mejoren la competitividad del sector. Entre los principales reclamos figuran una reducción más acelerada de la carga impositiva y herramientas que estimulen el financiamiento para el consumo.

En paralelo, la UIA también participa en conversaciones orientadas a restablecer mecanismos de financiamiento para compras en cuotas, una herramienta considerada clave para sostener la demanda de bienes manufacturados.

Mientras tanto, el RIGI continúa consolidándose como uno de los principales instrumentos de promoción de inversiones. Los proyectos presentados bajo este régimen superan ampliamente los cien mil millones de dólares y se concentran principalmente en actividades vinculadas a la minería y la energía. Estos sectores explican prácticamente la totalidad de las iniciativas registradas hasta el momento.

Sin embargo, los industriales advierten que el fuerte protagonismo de esas actividades no garantiza por sí solo beneficios para el resto de la economía. Por ello, consideran necesario establecer mecanismos que permitan una mayor integración de proveedores nacionales y generen efectos multiplicadores sobre el empleo, la producción y el desarrollo tecnológico.

En paralelo, persisten demoras en la puesta en marcha del Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), diseñado para proyectos de menor escala orientados principalmente a pequeñas y medianas empresas. Aunque la normativa ya fue reglamentada, todavía no se encuentra operativo el sistema necesario para tramitar los beneficios previstos, lo que mantiene en suspenso su implementación efectiva.

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