Tras meses de tensión, judiciales y el Tribunal Superior abren una instancia de diálogo para destrabar el conflicto

Después de más de tres meses de protestas, paros y reclamos salariales, el conflicto que enfrenta a los empleados judiciales con las autoridades del Poder Judicial de Córdoba ingresó en una nueva etapa. La intervención de la Secretaría de Trabajo abrió una instancia de conciliación que permitirá retomar el diálogo entre el gremio y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en un intento por encontrar una salida negociada a una disputa que fue escalando en intensidad durante las últimas semanas.

La convocatoria oficial llegó en un momento de máxima tensión. El sindicato de empleados judiciales venía de realizar medidas de fuerza de gran alcance, incluyendo extensos paros tanto en la capital provincial como en distintas localidades del interior, como parte de un plan de lucha que buscaba visibilizar el reclamo salarial y las consecuencias de los cambios introducidos en el sistema previsional.

Ante la convocatoria a la mesa de conciliación, la conducción gremial decidió modificar el rumbo previsto. Durante una asamblea extraordinaria convocada para definir nuevas acciones de protesta, los trabajadores optaron por suspender temporalmente las medidas de fuerza y otorgar una tregua para facilitar el proceso de negociación.

La decisión no estuvo exenta de debate interno. Mientras algunos sectores planteaban una pausa limitada hasta la próxima semana, la postura impulsada por la conducción sindical terminó imponiéndose y estableció la suspensión de las protestas hasta los primeros días de julio.

De esta manera, el gremio dejó en claro que la tregua estará condicionada a la aparición de una propuesta concreta por parte del Tribunal Superior de Justicia. En caso de no existir avances significativos, los trabajadores anticipan que retomarán las medidas de fuerza al inicio del próximo mes.

El origen de la disputa se remonta a las consecuencias generadas por la reforma previsional provincial aprobada a fines del año pasado. Aunque en 2025 el sindicato y el TSJ habían alcanzado un acuerdo para avanzar en un esquema gradual de recomposición salarial que acercara los ingresos de los empleados judiciales provinciales a los percibidos en la Justicia Federal, la posterior modificación del régimen previsional alteró sustancialmente ese escenario.

Según sostienen desde el gremio, los incrementos obtenidos mediante aquel acuerdo fueron absorbidos en gran parte por el aumento de los aportes destinados a la Caja de Jubilaciones. Esto provocó que muchos trabajadores vieran neutralizadas las mejoras salariales logradas tras meses de negociación.

La situación resultó especialmente sensible porque el esquema de aportes establecido por la nueva normativa contempla porcentajes progresivos según los niveles de ingresos, afectando de manera creciente a distintos sectores del Poder Judicial.

Como consecuencia, el conflicto se desarrolló en dos frentes simultáneos. Por un lado, los empleados reclaman al Gobierno provincial la revisión de la legislación previsional. Por otro, exigen al Tribunal Superior de Justicia nuevas medidas salariales que permitan compensar el impacto generado por esos descuentos y recuperar el poder adquisitivo perdido.

La apertura de una instancia formal de diálogo representa ahora una oportunidad para encauzar una disputa que amenazaba con profundizarse. Sin embargo, tanto el gremio como las autoridades judiciales son conscientes de que el margen para alcanzar un acuerdo será determinante para evitar una nueva escalada del conflicto en las próximas semanas.

Mientras continúan las conversaciones, miles de trabajadores judiciales permanecen atentos a los resultados de las negociaciones, en un escenario donde la expectativa principal pasa por encontrar una solución que permita equilibrar las demandas salariales con las restricciones impuestas por el actual contexto económico y previsional.