Crece la crisis política para Passerini: la oposición redobla la presión por el caso Barrelier y las habilitaciones nocturnas

El impacto político del caso Barrelier continúa expandiéndose en Córdoba y amenaza con convertirse en uno de los mayores desafíos para la gestión del intendente Daniel Passerini. Mientras la investigación judicial avanza y surgen nuevas derivaciones, la oposición endurece sus cuestionamientos y exige explicaciones sobre el funcionamiento de los controles municipales, especialmente en relación con locales nocturnos de la ciudad.

Dentro del oficialismo reconocen que la crisis golpea directamente a la administración municipal, que en los últimos meses intentaba mejorar su imagen pública y fortalecer su vínculo con los vecinos. Sin embargo, la repercusión del caso volvió a colocar a la gestión bajo una intensa presión política.

El intendente reaccionó con medidas inmediatas luego de conocerse que Barrelier, acusado por el femicidio de Agostina Vega, era empleado municipal. No obstante, los sectores opositores consideran insuficientes las respuestas brindadas hasta el momento y buscan profundizar el debate en el Concejo Deliberante.

La discusión ya no se limita únicamente al hecho criminal que conmocionó a la provincia. En paralelo, comenzaron a surgir interrogantes sobre los mecanismos de habilitación, fiscalización y control de distintos establecimientos nocturnos, un tema que ahora ocupa un lugar central en la agenda política local.

Uno de los focos de atención es el bar Wachitas, establecimiento donde trabajaba Soledad Andreani, propietaria del vehículo utilizado por Barrelier para trasladar los restos de la víctima y actualmente imputada por presunto encubrimiento agravado.

A medida que avanza la investigación, también aparecieron nuevos testimonios y denuncias que amplían el nivel de complejidad del caso. Entre ellas, declaraciones de una ex empleada del local que describieron supuestas actividades irregulares dentro del establecimiento. Sin embargo, la defensa de Andreani aclaró que esas acusaciones no forman parte de la causa por la cual se encuentra actualmente imputada.

La aparición de nuevos elementos y la posible vinculación de distintos actores con la actividad nocturna de la ciudad incrementaron el interés de los bloques opositores, que reclaman mayor transparencia y acceso a información oficial.

La controversia se trasladó con fuerza al Concejo Deliberante. Según denunciaron concejales de distintos espacios, estaba prevista la presencia del titular del Ente de Fiscalización y Control para responder preguntas sobre los procedimientos aplicados en relación con el bar investigado, aunque finalmente la comparecencia no se concretó.

En ese contexto, cinco bloques opositores emitieron un pronunciamiento conjunto en el que cuestionaron la decisión de postergar el tratamiento de pedidos de informes vinculados al funcionamiento y las habilitaciones del local.

Los dirigentes sostienen que el Ejecutivo municipal debe explicar qué controles se realizaron, bajo qué condiciones operó el establecimiento y cuáles fueron los criterios utilizados para otorgar o mantener las autorizaciones correspondientes.

Además, remarcan que la discusión excede la responsabilidad de los propietarios de los locales y alcanza también a las áreas estatales encargadas de supervisar la actividad comercial y nocturna.

Desde la oposición afirman que continuarán impulsando pedidos de información y medidas de control político para esclarecer posibles irregularidades. Consideran que la falta de respuestas oficiales alimenta dudas sobre el funcionamiento de los mecanismos de fiscalización y aumenta el desgaste de la administración municipal.

Con la investigación judicial todavía en desarrollo y nuevos elementos que continúan apareciendo, el caso se transformó en un problema político de gran magnitud para la gestión de Passerini. Mientras tanto, el Concejo Deliberante se consolida como el principal escenario de una disputa que promete sumar nuevos capítulos en las próximas semanas.