La Casa Rosada acelera negociaciones para destrabar una ambiciosa agenda legislativa

• El oficialismo mantiene pendientes más de quince proyectos enviados al Congreso
• La eliminación de las PASO y Ficha Limpia aparecen entre las reformas más sensibles
• El Gobierno busca consensos con gobernadores y aliados para acelerar el tratamiento legislativo
• El Súper RIGI y la Ley de Lobby son considerados prioritarios por la Casa Rosada
• El Senado continúa siendo el principal obstáculo para el avance de las reformas
• La cercanía del calendario electoral amenaza con ralentizar aún más la agenda parlamentaria

El Gobierno nacional enfrenta semanas decisivas en el Congreso mientras intenta avanzar con una extensa batería de reformas que considera centrales para consolidar su programa político y económico. Sin mayoría propia en ninguna de las cámaras y con una agenda cargada de proyectos sensibles, la administración de Javier Milei apuesta a intensificar las negociaciones con aliados y gobernadores para evitar que el calendario electoral termine paralizando el tratamiento parlamentario.

Dentro de la mesa política del oficialismo reconocen que el escenario legislativo atraviesa una etapa compleja. La acumulación de iniciativas enviadas al Congreso y la necesidad de construir acuerdos amplios ralentizaron el ritmo de avance de varias reformas consideradas prioritarias por la Casa Rosada.

Desde el inicio formal del período legislativo, el Poder Ejecutivo giró cerca de veinte proyectos, muchos de ellos vinculados a cambios estructurales en materia política, económica e institucional. Sin embargo, al menos quince continúan pendientes de tratamiento definitivo y aguardan definiciones sobre el cronograma parlamentario que maneja el reducido núcleo político del Gobierno.

En Balcarce 50 sostienen que las demoras responden principalmente a la magnitud de las reformas impulsadas y no a una falta de decisión política. En ese contexto, el oficialismo intenta transmitir optimismo respecto de la posibilidad de alcanzar acuerdos antes de que la dinámica electoral condicione aún más el funcionamiento del Congreso.

Entre los expedientes más sensibles aparece la reforma electoral, que contempla la eliminación de las PASO y la incorporación del sistema de Ficha Limpia. La iniciativa genera resistencias incluso entre sectores aliados, especialmente dentro del PRO, donde existen diferencias respecto de la conveniencia de avanzar con una supresión total de las primarias.

Frente a esas dificultades, comenzaron a circular alternativas intermedias, como la suspensión temporal de las PASO o la eliminación de su obligatoriedad. Con ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones con gobernadores para explorar consensos que permitan encauzar la discusión parlamentaria.

La mesa política del oficialismo también analiza el futuro de otros proyectos considerados estratégicos, entre ellos el de Financiamiento Universitario, la iniciativa sobre Fraude por Discapacidad y la Ley de Ludopatía. En el Gobierno aseguran que ninguno de esos expedientes resulta inviable, aunque admiten que la diversidad de intereses involucrados obliga a desplegar negociaciones más extensas y cuidadosas.

En paralelo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó en los últimos días encuentros con legisladores de La Libertad Avanza para ordenar la estrategia parlamentaria y fortalecer la coordinación interna del oficialismo.

La actividad política se intensificó además tras la postergación del tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, una decisión que reabrió tensiones internas vinculadas al rol de la senadora Patricia Bullrich durante la última sesión en la Cámara alta.

Mientras tanto, el oficialismo busca acelerar dos proyectos que considera prioritarios: la Ley de Lobby y el denominado Súper RIGI, diseñado por el ministro de Economía, Luis Caputo. La iniciativa propone ampliar los beneficios para grandes inversiones y aparece como una pieza clave dentro de la estrategia oficial para captar capitales y fortalecer sectores exportadores.

El debate legislativo también incluye iniciativas destinadas a derogar o modificar normativas impulsadas durante gestiones anteriores. Entre ellas figuran la llamada Ley Hojarasca, orientada a eliminar decenas de regulaciones consideradas obsoletas por el Ejecutivo; el recorte de subsidios al gas en zonas frías; y los cambios al sistema de Etiquetado Frontal.

No obstante, el Senado continúa siendo el principal desafío para el oficialismo. Allí, la falta de mayorías propias obliga a negociar cada proyecto artículo por artículo y mantiene abiertos múltiples focos de incertidumbre sobre los tiempos parlamentarios.

A esa complejidad se suma el impacto político de la investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, una situación que volvió a tensar el clima interno del Gobierno y obligó a reforzar el trabajo político para sostener la agenda parlamentaria.

En la Casa Rosada reconocen que el desafío central será convertir la ambición reformista en leyes concretas antes de que el escenario electoral modifique las prioridades del Congreso y reduzca el margen de negociación política.