Adorni se sumó al Régimen de Inocencia Fiscal en medio de cuestionamientos patrimoniales

• Manuel Adorni solicitó adherirse al Régimen de Inocencia Fiscal
• La medida también involucra a su esposa, Bettina Angeletti
• Desde el Gobierno negaron que exista un blanqueo de dinero
• El sistema permite presentar declaraciones mediante formularios precargados
• La oposición cuestiona que funcionarios puedan acceder al régimen
• La discusión reavivó el debate sobre transparencia y control patrimonial

El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, solicitó este miércoles su adhesión al denominado Régimen de Inocencia Fiscal, una herramienta impulsada por el gobierno de Javier Milei que permite simplificar la presentación de declaraciones tributarias mediante un sistema precargado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La incorporación al régimen se produjo en vísperas de la presentación de la declaración jurada patrimonial del funcionario ante la Oficina Anticorrupción y en medio de cuestionamientos políticos vinculados a su situación patrimonial.

Según trascendió, el pedido fue presentado durante la mañana e involucra tanto a Adorni como a su esposa, Bettina Angeletti. La decisión rápidamente generó repercusiones dentro de la oposición, donde distintos dirigentes comenzaron a cuestionar el alcance del régimen y la posibilidad de que funcionarios públicos accedan a este tipo de herramientas fiscales.

Desde el entorno del jefe de Gabinete buscaron despejar sospechas y aclararon que la adhesión no implica ningún tipo de blanqueo de capitales ni la regularización de dinero no declarado.

Según explicaron colaboradores cercanos al funcionario, el objetivo de incorporarse al sistema es simplificar el proceso de presentación tributaria mediante la utilización de información ya recopilada por ARCA.

“Esto no tiene nada que ver con el blanqueo de dinero ni con meter dólares bajo el colchón. No es lo que van a hacer ni Manuel Adorni ni Bettina Angeletti”, sostuvo uno de los colaboradores del funcionario.

El Régimen de Inocencia Fiscal fue impulsado por el oficialismo como parte de un conjunto de reformas tributarias orientadas a reducir cargas administrativas y facilitar el cumplimiento fiscal de personas humanas alcanzadas por determinados requisitos.

La modalidad establece que el contribuyente recibe un formulario precargado por ARCA con información patrimonial y tributaria ya disponible en las bases del organismo. Posteriormente, el usuario puede confirmar, modificar o completar los datos antes de presentar la declaración final.

Desde el Gobierno sostienen que el sistema apunta a optimizar procesos administrativos y simplificar la relación entre contribuyentes y Estado. Según la explicación oficial, el régimen busca reducir burocracia y agilizar mecanismos de cumplimiento tributario.

Sin embargo, la iniciativa comenzó a recibir críticas desde distintos sectores políticos y económicos que advierten sobre posibles riesgos en materia de control patrimonial y fiscalización de funcionarios públicos.

Las objeciones se profundizaron especialmente después de conocerse la adhesión de Bettina Angeletti y del propio Adorni al sistema, en un contexto marcado por denuncias y cuestionamientos opositores sobre la evolución patrimonial del funcionario.

En los últimos días, dirigentes de distintos espacios políticos reclamaron excluir del régimen a funcionarios y personas políticamente expuestas, argumentando que estos sectores deberían mantener estándares de control y transparencia más estrictos que el resto de los contribuyentes.

Desde la oposición sostienen que el sistema podría dificultar investigaciones patrimoniales futuras o reducir herramientas de fiscalización estatal sobre funcionarios públicos y sus familiares directos.

Pese a esas críticas, desde la Casa Rosada remarcan que la adhesión al régimen no modifica las obligaciones legales vigentes ni impide eventuales controles por parte de organismos estatales.

El caso de Adorni se convirtió rápidamente en uno de los principales focos de debate político alrededor de la nueva normativa fiscal impulsada por el Gobierno nacional.

Mientras sectores opositores cuestionan el uso del sistema por parte de funcionarios públicos, el oficialismo insiste en que se trata únicamente de una herramienta administrativa destinada a simplificar procesos tributarios y reducir costos burocráticos.

En paralelo, el jefe de Gabinete deberá presentar en los próximos días su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, un trámite que adquiere especial relevancia en medio de la creciente discusión política sobre transparencia, controles fiscales y patrimonio de los funcionarios nacionales.

La polémica también volvió a instalar el debate sobre los alcances de las reformas tributarias promovidas por la administración de Javier Milei y sobre el equilibrio entre simplificación fiscal y mecanismos de control estatal.