YPF: el Gobierno ve más cerca el cierre del juicio multimillonario en Estados Unidos

El Gobierno nacional recibió una señal alentadora en la prolongada disputa judicial vinculada a la expropiación de YPF y considera que el proceso podría encaminarse hacia su etapa final antes de que termine el año.

La expectativa oficial creció luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York rechazara un pedido de reconsideración presentado por el fondo Burford Capital, uno de los principales actores en la demanda contra el Estado argentino. Tras esa resolución, en los equipos jurídicos que representan al país creen que las posibilidades de revertir el escenario en instancias superiores son reducidas.

Aunque el fondo todavía tiene la posibilidad de acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos, los especialistas que siguen el caso estiman que ese paso será difícil de prosperar. De concretarse la presentación, el máximo tribunal norteamericano deberá decidir si acepta revisar el expediente, algo que estadísticamente ocurre en un número muy limitado de casos cada año.

La causa se convirtió en uno de los litigios más relevantes que enfrenta la Argentina en el exterior debido a la magnitud de la condena que estuvo en discusión, calculada en alrededor de 16.000 millones de dólares. El conflicto se originó tras la nacionalización de la petrolera en 2012 y derivó en una extensa batalla judicial iniciada años después en los tribunales estadounidenses.

Incluso desde el propio Burford habían reconocido ante sus inversores que las probabilidades de obtener una nueva revisión judicial eran bajas, teniendo en cuenta los criterios con los que trabaja la Corte Suprema de Estados Unidos para seleccionar los casos que analiza.

Pese al optimismo que generó el reciente fallo, en el Gobierno mantienen la cautela. Los funcionarios recuerdan que aún existen caminos legales alternativos que podrían ser explorados por los demandantes, entre ellos una eventual presentación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo arbitral vinculado al Banco Mundial.

Ese escenario podría extender el conflicto durante varios años más. De hecho, los procedimientos en el Ciadi suelen demandar largos períodos de tramitación y han sido utilizados en numerosas ocasiones por inversores extranjeros para reclamar contra el Estado argentino.

Tras la decisión de la justicia estadounidense, la Procuración del Tesoro destacó que el rechazo a la reconsideración representa un nuevo respaldo a los argumentos sostenidos por la Argentina durante el proceso de apelación y fortalece la posición jurídica del país en el litigio.

Mientras tanto, los abogados del Estado continúan trabajando en otros frentes judiciales internacionales. Entre ellos figura la disputa relacionada con el Cupón PBI en tribunales británicos, donde se debate una suma superior a los 1.300 millones de euros.

Paralelamente, el Gobierno sigue de cerca el tratamiento legislativo de un acuerdo con los fondos Bainbridge y Attestor, vinculado al default de 2001. La iniciativa contempla compromisos por aproximadamente 171 millones de dólares y requiere la aprobación del Congreso para avanzar.

Con varios litigios aún abiertos, la administración nacional considera que una definición favorable en el caso YPF representaría un paso clave para reducir riesgos financieros y cerrar uno de los capítulos judiciales más importantes de los últimos años.