Caputo enviará una nueva versión del proyecto de Inocencia Fiscal y crecen los pedidos de prórroga

• Luis Caputo confirmó que enviará una nueva versión del proyecto de Inocencia Fiscal.
• Las modificaciones surgieron tras reuniones con contadores y entidades profesionales.
• Especialistas consideran inevitable una nueva prórroga de los plazos previstos.
• La FACPCE presentó numerosas dudas técnicas sobre el funcionamiento del régimen.
• Existen interrogantes sobre ingresos, bienes heredados, efectivo y fiscalizaciones.
• El Gobierno busca simplificar el sistema tributario y acelerar la aprobación legislativa.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno enviará al Congreso una nueva versión del proyecto de ley vinculado al régimen de Inocencia Fiscal, luego de recibir observaciones técnicas por parte de profesionales del sector contable. La iniciativa oficial busca reformular algunos puntos del texto original con el objetivo de fortalecer su implementación y despejar dudas sobre su alcance práctico.

El anuncio fue realizado durante la participación del funcionario en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde explicó que las modificaciones surgieron tras una reunión mantenida con representantes de estudios contables y entidades profesionales. “Vamos a estar mandando una versión renovada, luego de haber tenido esta reunión con los contadores, que nos pasaron sus inquietudes”, afirmó Caputo.

Según indicó el titular del Palacio de Hacienda, la intención del Ejecutivo es darle un impulso adicional al proyecto y facilitar su aprobación legislativa. “Esperemos que pase en el Congreso y que este nuevo enfoque dé un impulso todavía mayor”, sostuvo el ministro al referirse al nuevo texto que será remitido al Parlamento.

Mientras tanto, especialistas tributarios y contadores ya comenzaron a advertir sobre posibles demoras en la implementación del régimen. Profesionales consultados señalaron que, debido a los tiempos legislativos y a la posterior reglamentación administrativa, el plazo originalmente previsto podría resultar insuficiente.

Actualmente, el vencimiento establecido para determinadas adhesiones y presentaciones está fijado para el 27 de julio. Sin embargo, distintos referentes del sector consideran inevitable una extensión. “Ya se puede asegurar que se necesita una nueva prórroga”, explicó un contador que pidió reserva de identidad. Según estimó, el plazo debería extenderse al menos hasta el 31 de agosto para permitir una adecuada adaptación de contribuyentes y profesionales.

Uno de los focos principales de las observaciones surgió desde la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), que elevó un documento técnico detallando numerosos puntos que, a su criterio, requieren precisiones o aclaraciones para evitar interpretaciones contradictorias.

Las dudas se concentran especialmente en la implementación de la Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, un mecanismo que el Gobierno busca aplicar en los próximos vencimientos fiscales. Entre las principales consultas aparece la definición de qué conceptos deben computarse dentro del límite de ingresos establecido en 1.000 millones de pesos.

Los profesionales plantearon interrogantes sobre el tratamiento de rentas presuntas, dividendos fictos, fondos exteriorizados mediante blanqueos anteriores y bienes recibidos por herencia. También solicitaron aclaraciones respecto al tratamiento de diferencias de cambio originadas en operaciones financieras y sobre cómo deben computarse ingresos en actividades específicas, como las de comisionistas o intermediarios.

Otro punto sensible está vinculado con los requisitos para adherir al régimen simplificado. La FACPCE pidió precisiones acerca de si será obligatorio tener presentadas todas las declaraciones juradas de impuestos nacionales correspondientes a períodos no prescriptos para poder acceder al beneficio.

Además, los contadores solicitaron definiciones concretas sobre el funcionamiento práctico de la declaración simplificada correspondiente al período fiscal 2025. Entre otros temas, plantearon dudas sobre el tratamiento de rentas exentas, impuestos cedulares, actividades mixtas entre monotributo y régimen general, y la situación de jubilados o trabajadores en relación de dependencia que desarrollan actividades complementarias.

También surgieron interrogantes respecto al uso de efectivo y la incorporación de fondos al sistema financiero formal. En particular, se consultó qué ocurrirá con los denominados “dólares del colchón” y si esos fondos deberán ser bancarizados obligatoriamente antes de utilizarse en operaciones económicas.

Las inquietudes técnicas alcanzan además cuestiones vinculadas con fiscalizaciones e inspecciones en curso. Los profesionales quieren saber si la adhesión al régimen simplificado implicará algún efecto liberatorio respecto de controles fiscales previos o si las investigaciones iniciadas por la AFIP continuarán su curso normal.

En paralelo, existen dudas sobre la aplicación de presunciones fiscales vinculadas a depósitos bancarios y diferencias patrimoniales detectadas por el organismo recaudador. Los contadores advirtieron que, sin una reglamentación clara, podrían generarse conflictos interpretativos y judiciales.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo del régimen es simplificar el sistema tributario y brindar mayor previsibilidad a contribuyentes y empresas. Sin embargo, el elevado número de consultas técnicas refleja la complejidad operativa del esquema y la necesidad de una reglamentación precisa para evitar zonas grises.

La expectativa oficial es que el nuevo texto logre mayor consenso político y técnico antes de su tratamiento legislativo. Mientras tanto, en el sector profesional ya descuentan que será necesario extender los plazos previstos originalmente para garantizar una correcta implementación del régimen.