La Justicia cordobesa al borde de la parálisis: paro histórico y reclamos que exponen una crisis más profunda

El conflicto salarial de los trabajadores judiciales de Córdoba sumó un nuevo capítulo y amenaza con afectar seriamente el funcionamiento de tribunales en toda la provincia. La Asamblea Extraordinaria del gremio de empleados judiciales resolvió una serie de medidas de fuerza de gran alcance que podrían derivar en una virtual paralización de la actividad durante varios días.

La primera huelga comenzará este jueves al mediodía y se extenderá hasta la medianoche del viernes, completando 60 horas de interrupción de tareas. A ello se sumará una segunda medida de fuerza prevista para la semana próxima, con una duración de hasta 72 horas en el interior provincial y 60 horas en la capital cordobesa.

La decisión se produce en medio de un conflicto que lleva varios meses sin encontrar una salida y que tiene como eje principal la pérdida del poder adquisitivo de los salarios judiciales. Los trabajadores sostienen que los acuerdos alcanzados durante 2025 para equiparar progresivamente sus haberes con los de la Justicia Federal terminaron perdiendo efectividad tras la implementación de modificaciones en el sistema previsional provincial.

El origen de la disputa se remonta al acuerdo firmado entre el Tribunal Superior de Justicia y el gremio, que contemplaba incrementos salariales escalonados durante un período de tres años. Sin embargo, la posterior reforma previsional habilitó un aumento de los aportes personales a la Caja de Jubilaciones, situación que, según denuncian los trabajadores, absorbió gran parte de las mejoras obtenidas.

Desde el sindicato afirman que muchos empleados de categorías iniciales vieron neutralizados los aumentos que habían conseguido tras meses de protestas, mientras que los sectores de mayores ingresos resultaron aún más afectados por el incremento progresivo de las contribuciones extraordinarias.

En las últimas semanas surgió un elemento que renovó las expectativas dentro del gremio. Una resolución judicial dictada en el marco de una causa previsional ordenó reducir un descuento adicional aplicado sobre el haber de un trabajador, limitando el porcentaje que venía siendo retenido. No obstante, todavía existe incertidumbre respecto de cómo impactará esa decisión en el conjunto de los empleados y si el Gobierno provincial adoptará medidas similares para otros sectores alcanzados por el régimen.

Mientras tanto, las negociaciones con el Tribunal Superior de Justicia permanecen estancadas. Los representantes gremiales aseguran que, pese a los paros y movilizaciones realizados durante los últimos meses, no han recibido propuestas concretas que permitan recomponer los salarios o compensar las pérdidas generadas por los cambios previsionales.

Dentro del propio gremio conviven distintas posturas sobre cómo resolver el conflicto. Algunos sectores impulsan adelantar los tramos pendientes del acuerdo salarial firmado el año pasado, mientras que otros consideran que la situación actual exige una renegociación integral que supere aquel esquema.

Sin embargo, la discusión trasciende la cuestión salarial. El debate también pone sobre la mesa las dificultades estructurales que enfrenta el sistema judicial cordobés. Trabajadores y dirigentes sindicales advierten sobre la falta de personal en distintas dependencias, la creciente acumulación de expedientes y las dificultades para cubrir vacantes debido a los bajos salarios ofrecidos.

Según plantean desde el sector, en numerosas ocasiones son los propios funcionarios quienes deben asumir tareas administrativas y operativas para sostener el funcionamiento cotidiano de las oficinas judiciales. A ello se suma una creciente demanda de trabajo que, aseguran, supera la capacidad de respuesta de muchas áreas.

La problemática adquiere especial relevancia en un contexto de fuerte sensibilidad social tras casos de alto impacto público que han puesto bajo la lupa el desempeño de la Justicia. Más allá de las responsabilidades individuales que puedan investigarse en cada expediente, el conflicto reabre una discusión de fondo sobre los recursos disponibles y las condiciones en las que opera el sistema judicial provincial.

Con un calendario de paros que amenaza con afectar miles de trámites y causas en toda Córdoba, la tensión entre trabajadores, Gobierno y autoridades judiciales continúa en ascenso y, por el momento, no aparecen señales concretas de una solución cercana.