Juristas cuestionan la iniciativa de Pichetto para anular la condena de Cristina Kirchner desde el Congreso

• Miguel Ángel Pichetto propuso que el Congreso declare la nulidad de la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
• El constitucionalista Diego Armesto calificó la iniciativa como incompatible con el sistema republicano.
• El abogado sostuvo que el Poder Legislativo no tiene facultades para revisar sentencias judiciales.
• Armesto defendió el principio de división de poderes establecido por la Constitución Nacional.
• El especialista advirtió que una intervención legislativa vaciaría de contenido el rol del Poder Judicial.
• La propuesta generó un amplio debate institucional sobre los límites de actuación de cada poder del Estado.

La propuesta impulsada por el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto para que el Congreso de la Nación declare la nulidad de la condena dictada contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad continúa generando repercusiones y abrió un intenso debate sobre los límites institucionales entre los poderes del Estado. En las últimas horas, uno de los cuestionamientos más contundentes provino del abogado constitucionalista Diego Armesto, quien calificó la iniciativa como incompatible con los principios fundamentales del sistema republicano.

La discusión surgió luego de que Pichetto planteara la posibilidad de que el Poder Legislativo intervenga para revisar la sentencia que condenó a la ex mandataria. El legislador había argumentado que el caso reviste una gravedad institucional que justificaría la participación del Congreso en el análisis de la resolución judicial.

Sin embargo, desde distintos sectores del ámbito jurídico comenzaron a multiplicarse las objeciones respecto de la viabilidad constitucional de una medida de esas características. Entre ellas sobresalió la postura de Armesto, quien sostuvo que la propuesta desconoce aspectos esenciales de la división de poderes prevista por la Constitución Nacional.

Durante una entrevista radial, el especialista afirmó que el Congreso carece de atribuciones para revisar, modificar o dejar sin efecto decisiones adoptadas por el Poder Judicial. Según explicó, la estructura institucional argentina asigna funciones específicas a cada uno de los poderes del Estado y establece mecanismos destinados a evitar interferencias que puedan afectar su independencia.

“Todavía vivimos en una República y cada poder tiene una atribución y una facultad. El Poder Judicial es el que tiene la última palabra en las cuestiones judiciales”, señaló el constitucionalista al fundamentar su posición.

Armesto remarcó que la sentencia dictada en una causa judicial sólo puede ser revisada mediante los procedimientos previstos dentro del propio sistema judicial. En ese sentido, sostuvo que cualquier intento de intervención legislativa sobre una resolución firme implicaría alterar el equilibrio institucional diseñado por la Constitución.

El abogado también hizo referencia a otros instrumentos contemplados por el ordenamiento jurídico argentino, como el indulto presidencial. No obstante, recordó que dichas herramientas poseen alcances y limitaciones específicas, y aclaró que la iniciativa planteada por Pichetto se asemejaría más a una forma de amnistía legislativa que a un mecanismo de revisión judicial.

A su criterio, aceptar que el Congreso pueda pronunciarse sobre la validez de una sentencia implicaría modificar de manera sustancial el funcionamiento del sistema republicano. Por esa razón, advirtió sobre las consecuencias institucionales que podría tener una decisión de esa naturaleza.

“Si el Congreso empieza a revisar sentencias, cerremos todo. Bajemos la persiana y que el Congreso haga todo”, expresó para ilustrar lo que considera una invasión de competencias entre poderes.

La controversia reavivó un debate histórico sobre los límites de actuación de cada órgano del Estado y sobre la necesidad de preservar la independencia judicial como uno de los pilares centrales del régimen republicano. Para Armesto, permitir que el Poder Legislativo intervenga en causas ya resueltas significaría desnaturalizar la función que la Constitución asigna a los tribunales.

“¿Para qué tenés un Poder Judicial si la última palabra la va a tener el Legislativo? Es al revés. La última palabra la tiene el Poder Judicial”, insistió.

En sus declaraciones, el constitucionalista también recordó antecedentes de tensiones institucionales entre el Congreso y la Corte Suprema, entre ellos las discusiones generadas tras el fallo Muiña. Sin embargo, consideró que una eventual intervención legislativa sobre una sentencia penal firme representaría un escenario de mayor gravedad institucional.

Mientras tanto, el planteo de Pichetto continúa alimentando el debate político y jurídico. La discusión no sólo involucra la situación judicial de Cristina Kirchner, sino que también reabre interrogantes sobre el alcance de las facultades del Congreso y los límites que impone el principio de división de poderes en el sistema democrático argentino.