El caso Agostina llegó al Concejo: oposición y oficialismo chocan por los controles al personal municipal

La discusión sobre los mecanismos de control dentro de la Municipalidad de Córdoba sumó un nuevo capítulo en el Concejo Deliberante, donde comenzó el análisis de una iniciativa impulsada por el Ejecutivo para modificar el Estatuto del Empleado Municipal.

El debate se produjo en medio de la repercusión política generada por el caso Agostina y puso el foco en los procedimientos de admisión, seguimiento y control de quienes desempeñan funciones dentro de la administración municipal.

La propuesta enviada por el intendente surgió luego de que se conociera que una persona vinculada al caso había prestado funciones como becario municipal pese a registrar antecedentes penales. Como respuesta, el Ejecutivo planteó introducir nuevas exigencias para los trabajadores municipales, entre ellas la presentación periódica de certificados de buena conducta y la realización de controles vinculados al consumo de sustancias.

Cuestionamientos a la iniciativa oficial

Durante el tratamiento en comisión, distintos bloques opositores señalaron limitaciones importantes en el proyecto. Uno de los principales cuestionamientos fue que las modificaciones propuestas alcanzarían únicamente a empleados comprendidos dentro del Estatuto Municipal, dejando fuera a becarios, monotributistas y otras modalidades de contratación que también cumplen funciones dentro del municipio.

Para los concejales opositores, ese punto reduce considerablemente el impacto real de la reforma y deja sin resolver buena parte de las preocupaciones planteadas tras conocerse el caso.

Además, se advirtió sobre las dificultades operativas que implicaría exigir la presentación semestral de certificados de antecedentes a miles de trabajadores municipales, teniendo en cuenta los plazos administrativos que actualmente demanda la obtención de esa documentación.

Proyectos alternativos

Frente a estas observaciones, distintos espacios políticos presentaron propuestas alternativas orientadas a fortalecer los controles mediante mecanismos de intercambio de información entre el municipio, organismos de seguridad y registros judiciales.

La idea central es implementar sistemas de actualización permanente que permitan detectar de manera automática cambios en la situación judicial de empleados o contratados, evitando depender exclusivamente de la presentación periódica de certificados.

También se propusieron modificaciones en la frecuencia de los controles y la creación de alertas institucionales que permitan activar procedimientos administrativos cuando existan antecedentes o situaciones que deban ser evaluadas por la administración.

El oficialismo optó por la cautela

Ante las críticas recibidas, el oficialismo decidió no acelerar el tratamiento del proyecto y mantenerlo en estudio dentro de la comisión. La decisión fue interpretada por algunos sectores como una señal de que la iniciativa podría sufrir modificaciones antes de avanzar hacia el recinto.

Mientras tanto, la oposición prepara una estrategia paralela centrada en obtener información detallada sobre la estructura de personal municipal.

El tamaño del Estado municipal, en el centro del debate

En ese marco, concejales opositores impulsaron pedidos de informes para conocer la cantidad de empleados, contratados, becarios y monotributistas que actualmente se desempeñan en la Municipalidad, así como los mecanismos de ingreso y selección utilizados en los últimos años.

La discusión se conecta además con recientes denuncias sobre el crecimiento de la planta de personal municipal, una cuestión que distintos referentes opositores comenzaron a instalar como uno de los ejes centrales de cara al futuro debate político en la ciudad.

Con el proyecto todavía bajo análisis y las posiciones lejos de acercarse, todo indica que la discusión sobre los controles internos y la estructura de recursos humanos del municipio continuará ocupando un lugar destacado en la agenda política cordobesa durante las próximas semanas.