Vacunas en disputa: cruce político por la campaña antigripal en Buenos Aires

• El conflicto por las vacunas antigripales profundiza la tensión entre Nación y provincia
• Kreplak denunció una reducción significativa en la entrega de dosis
• El Gobierno nacional rechazó las acusaciones y presentó cifras opuestas
• La discusión incluyó cuestionamientos sobre la cantidad de vacunas aplicadas
• Las diferencias estadísticas reflejan una falta de coordinación en la gestión sanitaria
• La disputa política impacta en la percepción pública de la campaña de vacunación

La tensión entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo, esta vez en torno a la campaña de vacunación contra la gripe. El eje del conflicto gira en torno a la cantidad de dosis distribuidas y aplicadas, pero rápidamente derivó en un enfrentamiento político con acusaciones cruzadas y cuestionamientos sobre la gestión sanitaria.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, fue quien encendió la polémica al advertir públicamente sobre una reducción en la provisión de vacunas antigripales por parte de la Nación. Según planteó, la provincia habría recibido cerca de la mitad de las dosis en comparación con el mismo período del año anterior, lo que generaría dificultades para cumplir con los objetivos de inmunización y complicaciones para quienes buscan acceder a la vacuna.

El funcionario remarcó que, por ley, es el Gobierno nacional el responsable de la compra y distribución de estas vacunas, y sugirió que el recorte impacta directamente en la capacidad operativa del sistema de salud bonaerense. En ese marco, anticipó que en los días siguientes se esperaba una nueva distribución que permitiera aliviar la situación.

La respuesta desde el oficialismo nacional no se hizo esperar. A través de la Oficina de Respuesta Oficial, se rechazaron de plano las afirmaciones del ministro provincial y se lo acusó de difundir información falsa. Desde ese espacio sostuvieron que, lejos de haber un recorte, en 2026 se distribuyeron más dosis que en igual fecha del año anterior y, además, con mayor anticipación.

Según los datos difundidos, para el 20 de marzo de 2026 ya se habían entregado más de 750 mil dosis, superando las poco más de 626 mil distribuidas a la misma altura de 2025. También remarcaron que el operativo de distribución comenzó antes este año, lo que, en su interpretación, refuerza la idea de una mejora en la logística y planificación.

Sin embargo, el argumento central del Gobierno nacional apuntó a otro aspecto: el nivel de aplicación de las vacunas en territorio bonaerense. De acuerdo con las cifras oficiales, en 2025 la provincia recibió más de 2,7 millones de dosis y aplicó cerca de 1,9 millones, mientras que en 2026, pese a contar ya con una cantidad significativa de vacunas distribuidas, el número de aplicaciones sería considerablemente menor.

La controversia, lejos de cerrarse, escaló con una nueva intervención de Kreplak, quien redobló sus críticas y cuestionó con dureza la postura del oficialismo. En un tono más confrontativo, el ministro desestimó los datos difundidos desde Nación y reafirmó su diagnóstico: según su versión, el volumen total de vacunas recibidas en la provincia es sustancialmente inferior al del año pasado.

De acuerdo con sus cifras, a esta altura de 2025 Buenos Aires había recibido alrededor de 925 mil dosis, mientras que en 2026 esa cifra se ubicaría en torno a las 561 mil. Esa diferencia, insistió, explica las dificultades actuales y pone en riesgo el cumplimiento de la campaña.

El trasfondo del conflicto expone, una vez más, la fragilidad en la coordinación entre Nación y provincia en materia sanitaria, especialmente en un área tan sensible como la prevención de enfermedades estacionales. Más allá de las diferencias estadísticas, el cruce deja en evidencia la falta de una narrativa común sobre la situación epidemiológica y la gestión de recursos.

En un contexto donde la vacunación resulta clave para reducir complicaciones y hospitalizaciones, la disputa política introduce un elemento de incertidumbre que impacta directamente en la percepción pública. Mientras ambas partes sostienen versiones contrapuestas, la resolución del conflicto parece depender menos de los datos y más de la capacidad de articulación entre los distintos niveles del Estado.