Docentes rechazan la oferta salarial y crece la tensión con la Provincia: paro y movilización en marcha

El conflicto salarial en Córdoba sumó un nuevo capítulo luego de que la UEPC rechazara la segunda propuesta del gobierno provincial, al considerar inaceptable que la recomposición de salarios quede atada a la evolución de la recaudación, que acumula siete meses consecutivos en caída.

Tras la negativa, el gremio docente activó un plan de lucha que incluye un paro de 48 horas y una movilización hacia el Centro Cívico, sede del Ejecutivo que encabeza Martín Llaryora. En paralelo, se mantienen contactos para que la UTS se sume a la protesta, en un posible frente común entre educación y salud.

Este escenario reaviva un viejo temor en la administración provincial: la confluencia de ambos sectores en un reclamo conjunto. Una preocupación que ya había emergido durante la gestión de Juan Schiaretti tras la pandemia, cuando comenzaron a tomar fuerza los grupos de trabajadores “autoconvocados”.

Dentro del sistema de salud, además, crece la fragmentación sindical. Aunque formalmente nucleados en el SEP, muchos trabajadores no se sienten representados por esa estructura y se alinean con espacios alternativos como la UTS o sectores independientes.

La conflictividad, sin embargo, no es exclusiva de Córdoba. Provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy o Chaco enfrentan dificultades similares para cerrar paritarias, en un contexto económico adverso.

El problema responde a un doble condicionante: por un lado, la inflación en alza —con índices mensuales que vienen creciendo sostenidamente desde mediados de 2025— y, por el otro, la caída de la recaudación producto de la desaceleración económica. Esta combinación presiona a los gobiernos provinciales, que deben afrontar mayores demandas salariales con menos recursos disponibles.

En ese marco, el Ejecutivo provincial emitió un comunicado solicitando a la dirigencia de UEPC que suspenda el paro previsto. El mensaje, que comenzó con un tono conciliador destacando la labor docente, incluyó también una advertencia: se descontarán los días no trabajados, lo que impactará en los salarios.

El planteo generó cuestionamientos, ya que —según el estatuto gremial— la conducción sindical no puede levantar una medida de fuerza definida por votación de las bases.

Otro punto llamativo del comunicado oficial fue el anuncio de que el gobernador instruyó postergar obras públicas para redirigir recursos hacia una tercera propuesta salarial “superadora”. Sin embargo, no se precisó qué proyectos serían afectados.

Por ahora, la postura del gremio es firme: el paro fue ratificado como “irrevocable” y la negociación quedó en pausa hasta que el Gobierno presente una nueva oferta. En un contexto de creciente malestar social, el desenlace del conflicto aparece abierto y con impacto potencial más allá del sector educativo.