El Gobierno avanza con una veeduría sobre la AFA y abre un nuevo frente institucional

• La IGJ impulsó una veeduría sobre la AFA tras detectar irregularidades administrativas y contables
• La medida permitirá auditar estados financieros, contratos comerciales y documentación institucional durante 180 días
• Los veedores designados tendrán acceso a libros contables, registros administrativos y operaciones con empresas privadas
• Uno de los ejes de la investigación es la creación y financiamiento de la Universidad de la AFA
• El conflicto incluye una disputa sobre qué organismo tiene competencia para fiscalizar a la entidad
• El resultado de la auditoría podría derivar en sanciones administrativas, acciones judiciales o el cierre del proceso sin consecuencias institucionales

El Ministerio de Justicia dispuso la intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un período de 180 días hábiles, en una decisión que coloca al organismo rector del fútbol nacional bajo un proceso de control administrativo y contable impulsado por la Inspección General de Justicia (IGJ). La medida habilita una auditoría integral del funcionamiento institucional de la entidad y se produce en medio de un conflicto que combina aspectos técnicos, jurídicos y políticos.

La resolución oficial establece que el objetivo de la veeduría es relevar documentación, analizar los estados contables y verificar el cumplimiento de las normas que regulan el funcionamiento de las asociaciones civiles. La iniciativa se originó a partir de un pedido formal de la IGJ, organismo encargado de fiscalizar este tipo de entidades en la Ciudad de Buenos Aires, que advirtió irregularidades en la información contable presentada por la institución presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.

La decisión no implica la remoción de autoridades ni una intervención plena de la AFA. Se trata de un mecanismo de control que permite la designación de funcionarios externos con facultades para examinar documentación, acceder a registros financieros y elaborar informes sobre el funcionamiento interno de la entidad. Los veedores designados —el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco— tendrán acceso a libros contables, contratos y registros administrativos durante el período establecido.

El conflicto comenzó a gestarse a fines de febrero, cuando la IGJ solicitó formalmente la designación de veedores tras detectar lo que calificó como irregularidades administrativas relevantes. Según el organismo, la AFA habría demorado la presentación de balances y no habría entregado documentación respaldatoria suficiente para evaluar el manejo de sus recursos.

Las observaciones se concentran especialmente en los estados contables más recientes. En los últimos años, los ingresos de la AFA crecieron de manera significativa, impulsados por el éxito deportivo de la selección argentina y por el aumento de contratos comerciales y derechos audiovisuales. Ese crecimiento económico, según el organismo de control, no habría sido acompañado por un nivel equivalente de transparencia en la rendición de cuentas.

Entre los aspectos que serán analizados figura también el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), un proyecto institucional orientado a desarrollar actividades educativas vinculadas al deporte. La auditoría buscará determinar cómo se constituyó formalmente la institución, cuál fue el origen de los fondos utilizados y qué tipo de acuerdos se firmaron con terceros para su funcionamiento.

Otro eje de la investigación apunta a las relaciones comerciales entre la AFA y empresas privadas vinculadas a la comercialización de derechos y servicios relacionados con el fútbol argentino. La IGJ puso la lupa sobre contratos con firmas que participan en la explotación de derechos audiovisuales y en la intermediación de negocios vinculados al deporte, con el objetivo de reconstruir el circuito completo de los flujos financieros.

Además de las cuestiones contables, el conflicto incluye una disputa jurídica sobre la jurisdicción encargada de fiscalizar a la AFA. La conducción de la entidad sostiene que trasladó su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires, lo que implicaría que el control debería pasar a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

La IGJ, en cambio, rechaza esa interpretación y sostiene que el cambio de domicilio no cumplió con los requisitos formales establecidos por la normativa vigente. Según ese criterio, la AFA mantiene su sede real en la Ciudad de Buenos Aires y continúa bajo la órbita de fiscalización del organismo nacional.

La intervención también introduce un componente político. La IGJ depende del Ministerio de Justicia de la Nación, mientras que la postura de la AFA cuenta con respaldo del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esa diferencia de criterios institucionales agrega tensión a una discusión que ya tiene impacto en uno de los ámbitos de mayor visibilidad pública del país.

La decisión final de avanzar con la veeduría fue adoptada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien resolvió habilitar el procedimiento tras recibir el expediente elaborado por el organismo de control. El funcionario optó por mantener a los veedores originalmente propuestos, con el objetivo de preservar la continuidad del proceso de auditoría.

Durante los próximos meses, los interventores deberán analizar documentación clave, reconstruir el funcionamiento administrativo de la AFA y determinar si la entidad se ajusta a las obligaciones legales y estatutarias que rigen para las asociaciones civiles.

El resultado de ese trabajo será plasmado en un informe final que podría derivar en distintos escenarios: desde requerimientos adicionales de información y sanciones administrativas hasta la eventual apertura de acciones judiciales si se detectaran irregularidades de mayor gravedad.

El proceso también podría escalar al ámbito judicial si la AFA decide impugnar la competencia del organismo de control o cuestionar la legalidad de la medida adoptada.

Mientras tanto, el fútbol argentino vuelve a quedar en el centro de una disputa institucional donde se cruzan el control estatal, la transparencia en el manejo de recursos y el peso económico de una estructura que, en los últimos años, se convirtió en uno de los actores más influyentes del deporte regional.