Avanza la causa por el crimen de Villavicencio: la investigación concluye y el caso entra en etapa de juicio

La investigación judicial por el asesinato del periodista y excandidato presidencial Fernando Villavicencio llegó a una nueva etapa luego de que concluyera la fase de instrucción fiscal, tras dos años y siete meses de indagaciones. Con el cierre de esta instancia procesal, la causa avanza ahora hacia el juicio que deberá determinar quiénes planificaron el magnicidio ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.

Durante la etapa investigativa se reunieron testimonios, pericias técnicas y análisis de comunicaciones que buscan reconstruir el entramado detrás del atentado que conmocionó a Ecuador en plena campaña electoral.

Un reportaje publicado por el portal de investigación La Fuente —medio fundado por el propio Villavicencio— señala que en los últimos días de la instrucción surgieron nuevos elementos, entre ellos audios, acusaciones de última hora y cuestionamientos sobre la narrativa del caso.

Los señalados por la Fiscalía

De acuerdo con la investigación, la Fiscalía identificó a siete presuntos implicados en la planificación del crimen, entre ellos cuatro procesados principales y tres personas vinculadas posteriormente.

Entre los señalados aparecen los exasambleístas vinculados al correísmo José Serrano y Ronny Aleaga, además de Daniel Salcedo y Xavier Jordán, quienes han sido relacionados en otras investigaciones con redes de corrupción y delincuencia organizada.

La hipótesis fiscal sostiene que el asesinato habría sido resultado de un plan estructurado en el que participaron actores políticos, intermediarios criminales y redes vinculadas al narcotráfico.

En ese esquema, integrantes de la organización delictiva Los Lobos habrían aceptado ejecutar el atentado a cambio de un pago cercano al millón de dólares.

Nuevos audios y polémicas en el expediente

En la fase final de la investigación se incorporaron nuevos audios al expediente judicial. Algunos de estos registros fueron solicitados por las propias defensas y otros presentados por la Fiscalía.

Según la investigación periodística, uno de los audios —extraído de un teléfono incautado en otro proceso— menciona una reunión entre dirigentes vinculados al movimiento político Revolución Ciudadana en la que se habría discutido la posibilidad de respaldar la versión de uno de los procesados, que sostiene que la causa fue construida artificialmente por la Fiscalía.

Esa hipótesis ha sido reiterada por varios de los acusados durante el proceso judicial.

El rol de la exesposa del candidato

En los días finales de la instrucción también surgieron controversias en torno a la participación de Verónica Sarauz, exesposa de Villavicencio.

La defensa de Serrano presentó una carta que, según afirman, habría sido entregada por Sarauz y en la que se respaldaría la versión de los procesados que sostienen que el caso fue “armado”. La situación generó debate, ya que durante meses Sarauz había cuestionado públicamente la investigación antes de presentarse posteriormente como acusadora particular dentro del expediente.

El reportaje también menciona que Sarauz volvió a contraer matrimonio en julio de 2024 con un policía que formó parte de su esquema de seguridad tras el asesinato del candidato.

La posición de la familia

Mientras se desarrollaban estas controversias, las hijas del periodista asesinado, Amanda Villavicencio y Tamia Villavicencio, ratificaron su acusación particular y anunciaron que continuarán participando en el proceso judicial de forma independiente.

Ambas sostienen que las pruebas recopiladas por la Fiscalía —entre ellas testimonios anticipados, peritajes forenses y análisis de comunicaciones— evidencian la existencia de una estructura organizada para planificar y ejecutar el asesinato.

Según su postura, el análisis de dispositivos electrónicos, llamadas y metadatos permitió identificar una red de coordinación entre los implicados, donde cada uno habría desempeñado un rol específico dentro del plan criminal.

Con el cierre de la instrucción fiscal, el expediente entra ahora en la etapa de juzgamiento, en la que un tribunal deberá evaluar las pruebas reunidas y determinar las responsabilidades por uno de los crímenes políticos más impactantes de la historia reciente de Ecuador.