La denuncia de Villarruel contra Petri profundiza la interna política dentro del oficialismo

• La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó una denuncia penal contra el diputado Luis Petri
• La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2
• Los delitos denunciados incluyen calumnias, injurias y atentados contra el orden público
• El conflicto se originó tras acusaciones públicas de Petri que calificaron a Villarruel de “golpista”
• La vicepresidenta respondió cuestionando la gestión del legislador en el Ministerio de Defensa
• El episodio expone una fuerte interna política dentro del oficialismo nacional

La tensión política dentro del oficialismo sumó un nuevo capítulo tras la decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel de presentar una denuncia penal contra el diputado nacional por Mendoza Luis Petri. El conflicto, que venía escalando en los últimos días a partir de declaraciones públicas y cruces en redes sociales, terminó trasladándose al terreno judicial.

La presentación fue realizada el miércoles 11 de marzo y quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, bajo el expediente CFP 985/2026. De esta manera, el enfrentamiento político que ambos dirigentes protagonizan dentro del espacio oficialista ingresó en una nueva fase institucional, con acusaciones formales y una investigación judicial en curso.

Según consta en la denuncia impulsada por la vicepresidenta, los delitos atribuidos al legislador incluyen calumnias o falsa imputación, injurias y una presunta infracción al artículo 213 bis del Código Penal. Este último apartado contempla penas de prisión para quienes participen en agrupaciones destinadas a imponer ideas o combatir posiciones ajenas mediante la fuerza o el temor, en el marco de lo que la legislación considera atentados contra el orden público.

La presentación judicial surge como respuesta directa a declaraciones realizadas por Petri en una entrevista televisiva, en la que acusó a Villarruel de mantener una actitud “golpista” y de actuar de manera funcional a la oposición política. En esa intervención pública, el diputado sostuvo que la vicepresidenta habría apostado al fracaso del gobierno encabezado por Javier Milei y que intentaba posicionarse como una eventual alternativa dentro del escenario político.

Petri también cuestionó el rol institucional de Villarruel al frente del Senado, al señalar que la apertura de debates legislativos sobre iniciativas críticas para el oficialismo terminaba, según su interpretación, debilitando el programa económico impulsado por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, el legislador sostuvo que determinadas decisiones parlamentarias “lastiman” la estrategia gubernamental.

Las declaraciones generaron una rápida reacción por parte de la vicepresidenta, quien respondió públicamente a través de sus redes sociales. En sus mensajes, Villarruel rechazó las acusaciones y cuestionó el desempeño de Petri durante su paso por el Ministerio de Defensa, particularmente en relación con la situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

La titular del Senado señaló que durante la gestión del dirigente mendocino se habría producido un deterioro en el funcionamiento de esa institución, lo que, según afirmó, habría afectado la cobertura médica de militares y sus familias. En ese marco, sostuvo que todavía existen interrogantes pendientes sobre la administración del organismo y sobre las consecuencias que esa situación tuvo para miles de beneficiarios.

El intercambio entre ambos dirigentes continuó escalando con nuevas críticas públicas. Villarruel cuestionó el estilo político de Petri y lo acusó de realizar comentarios que, a su entender, buscan instalar versiones que afectan su imagen institucional. Al mismo tiempo, el conflicto expuso diferencias internas dentro del espacio oficialista que, hasta ahora, se manifestaban principalmente a través de declaraciones aisladas.

La denuncia presentada por la vicepresidenta marca así un punto de inflexión en la disputa política. Mientras el expediente comienza a tramitarse en la Justicia federal, el episodio vuelve a poner en primer plano las tensiones que atraviesan al oficialismo en distintos niveles de conducción.

Por el momento, el proceso judicial deberá determinar si las expresiones públicas del diputado encuadran dentro de los delitos denunciados o si se trata de manifestaciones protegidas por el derecho a la libertad de expresión en el ámbito del debate político. En paralelo, la controversia continúa alimentando un clima de confrontación que refleja la intensidad de las disputas internas dentro del espacio gobernante.