El Gobierno impulsa una nueva ley de semillas y reabre el debate por la adhesión a UPOV 91

• El Gobierno anunció que enviará al Congreso una reforma para modernizar la ley de semillas.
• La iniciativa apunta a adherir al Acta 1991 de la UPOV y fortalecer la propiedad intelectual vegetal.
• La industria semillera respalda el cambio como incentivo a la inversión en genética.
• Productores advierten sobre un posible aumento de costos por la restricción del uso propio.
• El debate combina aspectos jurídicos, comerciales y estratégicos para el agro.
• El Congreso deberá definir si la Argentina mantiene el esquema de 1978 o adopta el estándar internacional vigente.

La decisión del presidente Javier Milei de avanzar en la modernización del régimen de semillas volvió a colocar en el centro de la agenda un debate histórico del agro argentino. Durante la apertura de sesiones ordinarias, el mandatario confirmó que enviará al Congreso un proyecto para actualizar el marco normativo y adecuarlo a estándares internacionales, con el objetivo explícito de adherir al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).

El anuncio generó una reacción inmediata en la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), que celebró la iniciativa y la consideró una señal de seguridad jurídica para fomentar la inversión en genética vegetal. Desde la industria sostienen que el esquema vigente quedó desfasado frente al salto tecnológico que incorporan hoy las semillas, convertidas en plataformas de innovación científica de alto valor agregado.

Argentina cuenta con una Ley de Semillas sancionada en 1973 y se rige por el Acta 1978 de la UPOV. Ese marco reconoce derechos a los obtentores —quienes desarrollan nuevas variedades— pero deja amplio margen para el denominado “uso propio”, que permite a los productores reservar parte de su cosecha para resembrarla sin pagar una nueva regalía. En su momento, el sistema respondió a una realidad productiva muy distinta, en la que la biotecnología y la edición génica no tenían el peso actual.

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Milei planteó que el sector agropecuario puede duplicar su producción hasta alcanzar 300 millones de toneladas de granos, siempre que se generen reglas claras que protejan la propiedad intelectual de los innovadores. El eje de su planteo fue la necesidad de otorgar derechos más robustos a quienes invierten en investigación y desarrollo.

El Acta 1991 de la UPOV introduce cambios sustanciales respecto de la versión de 1978. Amplía la protección al incluir el concepto de “variedades esencialmente derivadas”, es decir, aquellas que se originan en una variedad protegida pero presentan modificaciones parciales. Bajo este esquema, el obtentor inicial mantiene derechos sobre esas nuevas creaciones. Además, restringe el alcance automático del uso propio, que pasa a depender de las excepciones que cada país defina en su legislación interna.

Para las empresas semilleras, alinearse con UPOV 91 permitiría equiparar a la Argentina con los principales países exportadores y facilitar la radicación de inversiones en investigación local. Argumentan que detrás de cada nueva variedad de soja, maíz o trigo existen años de ensayos, desarrollo biotecnológico y procesos regulatorios costosos, cuya recuperación depende de un sistema eficaz de regalías.

Sin embargo, la iniciativa despierta resistencias en amplios sectores de productores, especialmente en la región núcleo. Muchos sostienen que una mayor restricción del uso propio implicaría un aumento de costos en un contexto donde los márgenes agrícolas ya se encuentran presionados por los derechos de exportación y la volatilidad internacional. Desde esta perspectiva, la actualización normativa podría traducirse en una nueva carga económica para el productor primario.

El debate trasciende lo estrictamente jurídico. Tiene una dimensión comercial y estratégica. Quienes apoyan la reforma señalan que una mayor protección incentivará la innovación genética, mejorará rindes y calidad, y fortalecerá el posicionamiento exportador argentino. Quienes la cuestionan advierten sobre el impacto en la estructura de costos y reclaman un equilibrio entre derechos de propiedad y competitividad productiva.

No es la primera vez que el Congreso enfrenta este tema. En los últimos años se presentaron proyectos que no lograron consenso político ni sectorial. La novedad ahora es el respaldo explícito del Poder Ejecutivo y el compromiso internacional asumido por el país para avanzar hacia estándares más exigentes.

El desafío legislativo será encontrar un punto de equilibrio entre la protección a la innovación y la sustentabilidad económica de los productores. La semilla, hoy convertida en un insumo tecnológico complejo, ya no es solo un grano destinado a la siembra. Es el resultado de procesos científicos que demandan inversión y reglas previsibles.

La discusión que se abre en el Parlamento definirá si la Argentina mantiene el esquema heredado de los años setenta o si decide alinearse con el estándar que rige en la mayor parte del comercio agrícola mundial.