Las automotrices presionan por una baja de retenciones para sostener exportaciones y competitividad

• La industria automotriz cuestiona la carga impositiva sobre las exportaciones.
• El derecho de exportación vigente es del 4,5%, con fuerte impacto en costos.
• En 2025 las ventas externas de vehículos cayeron 10%.
• Hasta 2024 regía un esquema que eximía exportaciones incrementales.
• ADEFA negocia con Economía una baja gradual de retenciones.
• El sector sostiene que reducir impuestos podría aumentar volumen y divisas.

La estructura impositiva vuelve a colocarse en el centro del debate económico y uno de los sectores que más lo expone es la industria automotriz. No sólo por el impacto que los tributos tienen en el precio de los vehículos 0km en el mercado interno, sino también por la carga fiscal que enfrentan las terminales cuando exportan. En un país que necesita generar divisas, el esquema actual es observado con creciente preocupación por las empresas del sector.

En los últimos meses, varios ejecutivos de primera línea manifestaron públicamente su inquietud. El presidente de Ford Argentina, Martín Galdeano, fue uno de los más contundentes: advirtió que si una terminal no puede sostener su perfil exportador, la continuidad de su planta queda en duda. Incluso deslizó que no le sorprendería que alguna fábrica que hoy opera en el país deba replantear su futuro si no se corrigen las distorsiones.

El planteo no es aislado. Directivos de otras compañías coinciden en que el Gobierno nacional ha mostrado voluntad de revisar la cuestión impositiva, aunque advierten que los tiempos fiscales no siempre acompañan la urgencia productiva. También señalan que, mientras Nación evalúa alivios, provincias y municipios mantienen o incrementan su presión tributaria, lo que termina configurando un esquema complejo y costoso.

El punto neurálgico es la exportación. La industria automotriz argentina está estructurada para vender al exterior buena parte de su producción. Sin ese flujo, su escala pierde sentido y la viabilidad de los proyectos se resiente. En 2025, las exportaciones de vehículos registraron una caída del 10%, un dato que encendió señales de alerta en el sector.

Paradójicamente, en un contexto en el que la economía requiere dólares genuinos, los vehículos exportados están alcanzados por derechos de exportación. Actualmente, la alícuota es de 4,5%, aunque el impacto promedio real ronda el 2,5% porque se calcula sobre el valor de las piezas nacionales. A esto se suma el impuesto al Débito y Crédito (3%), además de tributos provinciales como Ingresos Brutos (7%) y tasas municipales (3%). En conjunto, el peso fiscal sobre un auto exportado puede representar un encarecimiento cercano al 16%.

Existen, sin embargo, mecanismos de compensación: un reembolso a las exportaciones del 3% y una devolución del 2% vinculada a la Ley de Autopartes. Aun así, desde las terminales sostienen que el resultado final resta competitividad frente a otros países productores.

Hasta el año pasado funcionaba un esquema que eximía del derecho de exportación a las ventas incrementales que superaran el volumen exportado en 2020, fijado en 137.000 unidades. En 2024, cuando se exportaron 314.000 vehículos, casi la mitad de ese total quedó exenta del recargo. El beneficio se renovaba anualmente, pero en 2025 no fue prorrogado por la necesidad oficial de sostener el equilibrio fiscal. Desde entonces, todas las exportaciones volvieron a tributar.

La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) mantiene conversaciones con el Ministerio de Economía para revisar el esquema. La alternativa que se analiza es una reducción gradual de los derechos de exportación, con el objetivo de llegar hacia fin de año con una carga sensiblemente menor o incluso eliminada. En el sector aseguran que podría haber definiciones en abril, aunque predominan la cautela y el hermetismo.

Las terminales sostienen que una rebaja permitiría aumentar el volumen exportado y que, en consecuencia, la mayor actividad compensaría la menor recaudación por alícuota. Se trata, admiten, de un cálculo teórico que dependerá de la respuesta de los mercados y de la evolución macroeconómica.

El debate se da además en un contexto sensible para la política fiscal. Las recientes señales oficiales respecto de que no habría una eliminación total de retenciones para otros sectores productivos moderaron las expectativas en la industria automotriz. Aun así, el diálogo continúa.

Para las empresas, el esquema vigente implica que el Estado percibe alrededor de 150 millones de dólares anuales sólo por derechos de exportación. En un sector altamente integrado al comercio exterior, la discusión sobre la carga tributaria no es menor: define márgenes, inversiones y, en última instancia, el futuro de las plantas instaladas en el país.