Acuerdos judiciales y pruebas clave tensan la causa Sur Finanzas

• La Justicia ofreció acuerdos penales a cuatro empleados imputados por encubrimiento.
• La causa investiga presunto lavado de activos y evasión fiscal.
• Los allanamientos permitieron secuestrar material informático y documentación clave.
• Chats y comunicaciones internas son piezas centrales de la investigación.
• La figura de Ariel Vallejos ocupa un lugar estratégico en el expediente.
• La colaboración de los imputados podría ampliar el alcance de la causa.

La investigación judicial sobre presuntas maniobras de lavado de activos y evasión fiscal vinculadas a la firma Sur Finanzas entró en una fase decisiva tras la decisión del juzgado federal de Lomas de Zamora de ofrecer acuerdos penales a cuatro empleados detenidos. El magistrado Luis Armella informó a los imputados que pueden acogerse al régimen del imputado colaborador, una herramienta legal que permite reducir penas a cambio de información sustancial para el esclarecimiento de delitos complejos. La propuesta abre un escenario que podría redefinir la dirección del expediente.

Los acusados —Juan Miguel Soler, César Zapaia, Daniela Sánchez y Rolando Soloaga— integraban distintos niveles operativos dentro de la estructura interna de la financiera. Según la imputación, habrían participado en acciones destinadas a ocultar o destruir evidencia ante allanamientos judiciales realizados a comienzos de diciembre. La Justicia entiende que esas maniobras incluyeron el retiro de equipos informáticos, la alteración de registros y la coordinación de comunicaciones orientadas a impedir el acceso a pruebas relevantes.

El expediente se originó tras una denuncia por evasión fiscal millonaria y derivó en una serie de operativos simultáneos que permitieron secuestrar dispositivos electrónicos, documentación contable y dinero en efectivo en múltiples domicilios. Los peritos trabajan ahora sobre ese material para reconstruir los circuitos financieros bajo sospecha y determinar responsabilidades penales. Para el juzgado, la magnitud económica de la organización investigada incrementa los riesgos procesales, especialmente en lo relativo al entorpecimiento de la causa.

Las declaraciones indagatorias reflejan el núcleo del conflicto. Uno de los imputados reconoció intercambios de mensajes que aludían al ocultamiento de dispositivos, aunque sostuvo que actuó de manera impulsiva y sin intención de obstruir la investigación. Otro explicó que ciertas órdenes técnicas respondían —según su versión— a tareas de mantenimiento informático habituales. Sin embargo, la fiscalía interpreta esos diálogos como parte de una operatoria coordinada para borrar rastros digitales en pleno avance judicial.

El caso también expone la dimensión logística del presunto encubrimiento. Los investigadores reconstruyeron comunicaciones internas que señalaban directivas sobre vehículos, guardias y movimientos posteriores a los allanamientos. A criterio del tribunal, esas acciones podrían indicar una estructura organizada para preservar activos y documentación fuera del alcance judicial.

La figura del empresario Ariel Vallejos aparece como eje de la investigación. Ya imputado, su vínculo con la financiera es considerado central para entender la operatoria bajo análisis. El expediente también menciona conexiones con el entorno del fútbol argentino, particularmente con la Asociación del Fútbol Argentino y su presidente, Claudio Tapia, aunque la causa se encuentra en etapa de producción probatoria y la responsabilidad penal de cada actor deberá definirse en instancias posteriores.

El régimen del imputado colaborador introduce ahora un elemento estratégico. Si alguno de los acusados decide aportar información verificable, la investigación podría ampliarse hacia niveles jerárquicos superiores. Para la Justicia, la cooperación resulta clave en delitos económicos complejos, donde la reconstrucción de flujos financieros depende en gran medida de datos internos.

Mientras tanto, los cuatro imputados permanecen detenidos a disposición del juzgado. La acumulación de pruebas —entre ellas registros digitales y comunicaciones incorporadas al expediente— configura un cuadro que la fiscalía considera sólido. El avance del proceso dependerá de la evaluación judicial de ese material y de la eventual decisión de los acusados respecto de su colaboración.

La causa Sur Finanzas, en suma, combina elementos técnicos, financieros y organizativos que delinean una investigación de alto impacto. Con la posibilidad de acuerdos penales sobre la mesa, el expediente entra en una etapa donde cada testimonio podría alterar el mapa de responsabilidades.