Gobernaciones alineadas con el peronismo reclaman al Ejecutivo una convocatoria urgente para analizar la reforma laboral

• La media sanción de la reforma laboral activó un reclamo provincial por participación en su aplicación
• Seis provincias solicitaron una reunión urgente del Consejo Federal del Trabajo
• El planteo apunta a incorporar miradas regionales en la implementación de la norma
• Las jurisdicciones advierten impactos fiscales y laborales diferenciados
• El pedido refuerza la coordinación política entre provincias frente a la Nación
• El debate se desplaza del Congreso hacia la gobernabilidad territorial de la reforma

La media sanción de la reforma laboral en el Senado abrió un nuevo frente político e institucional: la aplicación concreta de los cambios en cada jurisdicción. En ese contexto, gobiernos provinciales solicitaron formalmente a la Nación la convocatoria urgente del Consejo Federal del Trabajo (CFT), con el objetivo de debatir el impacto territorial de la iniciativa y coordinar criterios de implementación antes de que el proyecto avance en la Cámara de Diputados.

El pedido fue impulsado por autoridades laborales de Provincia de Buenos Aires, La Rioja, La Pampa, Formosa, Misiones y Tierra del Fuego, quienes consideran que la discusión excede el ámbito parlamentario y requiere una instancia técnica y política donde las provincias puedan expresar sus particularidades productivas y laborales. El planteo fue dirigido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, cuya área depende del Ministerio de Capital Humano.

Según sostienen los firmantes, la reforma implica modificaciones que impactarán en la gestión cotidiana de conflictos laborales, la fiscalización y la dinámica de los mercados regionales. Por eso, entienden que las jurisdicciones —que en la práctica median entre empleadores, trabajadores y sindicatos— deben participar activamente del diseño operativo de la norma. El reclamo se formalizó a través de un documento en el que las provincias se definen como actores centrales dentro del entramado económico nacional.

El texto subraya que el Consejo Federal del Trabajo no debería limitarse a una función simbólica, sino actuar como un espacio de resolución concreta frente a cambios estructurales. Las autoridades provinciales recuerdan además que el Pacto Federal del Trabajo establece reuniones periódicas del organismo, un mecanismo que —afirman— cobra especial relevancia ante reformas de alcance nacional que puedan alterar equilibrios fiscales y laborales.

Más allá del debate jurídico, el trasfondo es político. Las provincias buscan incidir en la etapa previa a la sanción definitiva, marcando que la heterogeneidad productiva del país exige una aplicación diferenciada y consensuada. Sectores industriales, economías regionales y estructuras laborales locales presentan realidades disímiles que podrían verse afectadas de manera desigual por un esquema uniforme.

La solicitud también funciona como una señal de coordinación interprovincial. Al actuar de manera conjunta, los distritos intentan fortalecer su capacidad de interlocución frente al Ejecutivo nacional y anticipar escenarios de implementación. En términos prácticos, esto implica discutir criterios de fiscalización, adaptación normativa y mecanismos de seguimiento que eviten conflictos jurisdiccionales.

Especialistas en relaciones laborales señalan que este tipo de instancias federales suele ser clave cuando se introducen reformas amplias. No sólo permiten armonizar interpretaciones legales, sino también prever efectos económicos indirectos, como cambios en la formalización del empleo o en la litigiosidad laboral. Desde esa perspectiva, el CFT aparece como un ámbito natural para canalizar tensiones y construir consensos técnicos.

Mientras el proyecto se encamina hacia su próximo tratamiento legislativo, la presión provincial agrega una capa adicional a la discusión. El eje ya no pasa únicamente por el contenido de la reforma, sino por su gobernabilidad territorial. La demanda de federalización del debate refleja una preocupación compartida: que la norma no se limite a un diseño centralizado, sino que contemple la diversidad del mapa laboral argentino.

En ese escenario, la eventual convocatoria del Consejo Federal del Trabajo podría convertirse en un punto de inflexión para ordenar expectativas, coordinar estrategias y dotar de previsibilidad a un proceso que combina política, economía y gestión administrativa. El desafío será transformar ese ámbito en una herramienta efectiva de articulación entre Nación y provincias.