Mayra Mendoza cuestionó la baja de la edad de imputabilidad y reavivó el debate sobre seguridad y educación

POLÍTICA Agencia de Noticias del Interior
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  • Mayra Mendoza criticó la baja de la edad de imputabilidad tras su aprobación en Diputados.
  • La intendenta planteó que la seguridad debe construirse con educación y oportunidades.
  • El proyecto prevé penas de hasta 15 años para delitos graves cometidos por menores.
  • El oficialismo defiende la reforma bajo el principio de responsabilidad penal temprana.
  • El debate expone tensiones entre enfoques punitivos y políticas de prevención social.
  • La discusión continuará en el ámbito legislativo y en la agenda pública.

La intendenta de Mayra Mendoza volvió a colocar en el centro de la discusión pública el enfoque del Estado frente a la delincuencia juvenil tras la media sanción parlamentaria del nuevo régimen penal que reduce la edad de imputabilidad a 14 años. Desde sus redes sociales, la jefa comunal de Quilmes lanzó un fuerte cuestionamiento político y conceptual a la iniciativa, planteando que endurecer penas no constituye una solución estructural al problema de la inseguridad.

El pronunciamiento de Mendoza se conoció horas después de que la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobara el proyecto con una mayoría clara, abriendo una nueva etapa en la discusión legislativa. La intendenta encuadró su crítica en una mirada integral del fenómeno social, sosteniendo que el foco debería estar puesto en políticas de prevención, educación y acompañamiento comunitario antes que en la ampliación del alcance punitivo.

Según expresó, el debate no debería limitarse a la respuesta penal frente al delito juvenil, sino que tendría que incluir —con la misma intensidad— la discusión sobre el acceso a una educación extendida, la formación técnica y el fortalecimiento de espacios culturales y deportivos. En su planteo, la seguridad se construye, ante todo, generando oportunidades que reduzcan la vulnerabilidad social de los adolescentes.

La iniciativa aprobada establece cambios significativos en el tratamiento judicial de menores que cometan delitos graves. Entre los puntos más relevantes figura la posibilidad de aplicar penas de hasta 15 años de prisión para hechos como homicidios, robos violentos o secuestros, además de la implementación de sanciones alternativas —como servicios comunitarios o monitoreo electrónico— para delitos de menor escala. Desde el oficialismo, el eje argumental se apoya en la idea de que adolescentes de 14 años poseen suficiente conciencia de sus actos como para responder ante la ley.

Este enfoque generó una inmediata polarización política. Para quienes impulsan la reforma, la actualización del régimen busca dar respuesta a un fenómeno delictivo que involucra cada vez más a menores, reforzando la idea de responsabilidad individual. En cambio, sectores críticos —entre ellos Mendoza— advierten que el endurecimiento de penas puede resultar contraproducente si no se acompaña de políticas sociales profundas.

Especialistas en materia penal y educativa señalan que el debate trasciende la coyuntura legislativa y expone una tensión histórica entre prevención e intervención punitiva. Mientras algunos sostienen que la normativa vigente quedó desfasada frente a nuevas realidades sociales, otros remarcan que el sistema judicial juvenil debe priorizar la reinserción antes que el castigo.

El intercambio público revela, además, un trasfondo político más amplio: cómo equilibrar demandas sociales de seguridad con políticas de inclusión a largo plazo. En ese sentido, la intervención de Mendoza reactivó una discusión que combina dimensiones jurídicas, educativas y sociales, y que probablemente continúe ocupando un lugar central en la agenda parlamentaria y en el debate público.

Más allá del resultado legislativo, la controversia refleja la dificultad de encontrar consensos duraderos en torno a la política criminal juvenil. El desafío, coinciden distintos actores, pasa por construir un sistema que contemple responsabilidad, prevención y acompañamiento, evitando respuestas simplificadas ante problemáticas complejas.

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