Crisis en el transporte: empresarios santiagueños rechazan los reclamos de Moyano y advierten sobre el cierre de empresas

POLÍTICA Agencia de Noticias del Interior
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  • La Cámara de Transporte de Santiago del Estero rechazó los reclamos salariales de Hugo Moyano.
  • Advierten que el sector sufre una crisis profunda con cierre de empresas y reducción de flotas.
  • Los empresarios defienden la rentabilidad como única vía para sostener el empleo y los salarios.
  • Cuestionaron duramente la gestión y el financiamiento de la obra social de Camioneros por servicios deficientes.
  • El sindicato desafía la pauta salarial anual impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo.
  • Las negociaciones de febrero podrían trabarse ante la falta de homologación oficial de acuerdos altos.

El escenario logístico argentino ingresa en una zona de alta conflictividad ante el inminente inicio de las negociaciones paritarias para el ciclo 2026. En un contexto marcado por la fragilidad económica, la Cámara de Transporte de Santiago del Estero ha emitido una respuesta contundente a las recientes exigencias del Sindicato de Camioneros. La entidad empresarial, liderada por Federico Lo Bruno y conformada mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, advirtió que las pretensiones del gremio que conduce Hugo Moyano ponen en serio riesgo la sustentabilidad de cientos de compañías y la estabilidad de las fuentes laborales en el norte del país.

La tensión escaló luego de que Moyano anticipara su rechazo al esquema actual de paritarias, el cual se basa en acuerdos semestrales con cláusulas de revisión y el otorgamiento de sumas no remunerativas. Desde el sindicato se busca quebrar la pauta salarial que intenta imponer el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, quien presiona por acuerdos anuales que se ubiquen por debajo de la inflación proyectada. Sin embargo, para los empresarios santiagueños, la realidad del sector impide cualquier concesión extraordinaria que no esté estrictamente ligada a la capacidad de pago de las empresas, hoy asfixiadas por una brecha insostenible entre costos y tarifas.

A través de un comunicado oficial, la Cámara de Transporte de Santiago del Estero destacó que el sector enfrenta un escenario crítico donde los costos operativos superan, en múltiples casos, los ingresos reales. Esta distorsión ha provocado un fenómeno de descapitalización que ya se traduce en el cierre de persianas, la reducción de flotas y una pérdida constante de puestos de trabajo. La entidad subrayó que la discusión salarial debe darse necesariamente dentro de la mesa paritaria, entendiendo que es el ámbito natural donde se asumen compromisos con pleno conocimiento del contexto macroeconómico y regional. Asimismo, desmintieron tajantemente la existencia de "beneficios extraordinarios" derivados de los acuerdos vigentes, calificando tales afirmaciones como alejadas de la realidad financiera de las pymes.

Uno de los puntos más ríspidos de la respuesta empresarial fue la defensa de la rentabilidad. La cámara fue enfática al sostener que "sin rentabilidad no hay empresas, y sin empresas no hay empleo ni salarios". En este sentido, cuestionaron la tendencia a "demonizar" las ganancias corporativas, argumentando que solo mediante resultados positivos es posible cumplir con las obligaciones hacia los trabajadores, los proveedores y el fisco. Esta postura choca de frente con la retórica sindical, que suele poner el foco en la capacidad contributiva de las empresas sin considerar el deterioro del capital de trabajo y el aumento desmedido de insumos críticos como el combustible y los repuestos.

La crítica empresaria también se extendió al manejo de la obra social de Camioneros. La Cámara de Santiago del Estero cuestionó la exigencia de bonos extraordinarios destinados a la salud, especialmente cuando estos se solicitan incluso para empleados no afiliados. Según denunciaron, la calidad de las prestaciones ha sufrido un deterioro grave, ofreciendo servicios deficientes o inexistentes en amplias zonas del país, incluida la provincia santiagueña. Para los transportistas, los aportes realizados no se traducen en mejoras concretas para los beneficiarios, lo que añade una carga financiera adicional sin una contraprestación que la justifique.

De cara a los primeros días de febrero, cuando comiencen formalmente las mesas de negociación, el conflicto promete profundizarse. La postura de Moyano no solo desafía a los empresarios, sino que representa un reto directo a la política de homologaciones del secretario de Trabajo, Julio Cordero. Mientras el Gobierno busca anclar las expectativas inflacionarias a través de aumentos moderados, el sindicato apuesta a una recomposición agresiva. En el medio, las empresas de transporte de cargas advierten que la cuerda no resiste más tensión: la prioridad, afirman, debe ser la supervivencia del sector en medio de una de las crisis más profundas de su historia reciente.

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