El acuerdo Mercosur-UE entra en pausa por el freno del Parlamento Europeo

• El Parlamento Europeo resolvió paralizar la ratificación del acuerdo Mercosur–Unión Europea al aprobar una moción que cuestiona su cuadro
• La decisión legislativa implica el envío del tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que suspende el proceso
• La Comisión Europea, encabezada por Úrsula von der Leyen, rechazó los cuestionamientos y sostuvo que el acuerdo cumple con el marco legal vigente
• Francia, junto con Polonia, Hungría, Austria e Irlanda, encabeza la resistencia política al tratado por su potencial impacto negativo sobre la agricultura europea.
• El sector agropecuario europeo advierte que las diferencias regulatorias con el Mercosur generan una competencia que consideran desleal y económicamente insostenible.
• Las protestas de agricultores en varios países de la Unión reflejan el fuerte conflicto social y político que rodea la entrada en vigor del acuerdo comercial.

El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, presentado como uno de los hitos comerciales más relevantes de las últimas décadas, atraviesa un nuevo capítulo de incertidumbre. El Parlamento Europeo decidió este miércoles paralizar el proceso de ratificación del tratado firmado el pasado 17 de enero, al aprobar una moción que cuestiona su compatibilidad con los tratados fundacionales del bloque comunitario. La votación fue ajustada: 334 legisladores se manifestaron a favor del freno, 324 en contra y 11 se abstuvieron, reflejando la profunda división política que despierta

En términos prácticos, la decisión implica que el acuerdo será remitida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que deberá pronunciarse sobre su validez jurídica. Hasta que los jueces emitan una opinión, el proceso de ratificación queda suspendido. Según estimaciones preliminares, el análisis podría extenderse entre 18 y 24 meses, aunque existe la posibilidad de que el tribunal priorice el expediente si considera que el contexto político ye

El eje del cuestionamiento no es menor. Los eurodiputados que impulsaron la moción plantean dudas sobre la base legal elegida para aprobar el tratado y, en particular, sobre el mecanismo de “reequilibrio” incluido en el texto. Este instrumento permitiría activar salvaguardas comerciales ante eventuales distorsiones, pero su cuadro jurídico genera controversia. Además, el diseño institucional del acuerdo habilita la ratificación de varios capítulos sin la intervención de los parlamentos nacionales, un punto sensible para los países que reclaman mayor control democrático.

Desde la Comisión Europea reaccionaron con rapidez. Su presidenta, Úrsula von der Leyen, había participado días atrás de la firma del tratado en Asunción, y el organismo defendió con firmeza la legalidad del proceso. El portavoz comunitario, Olof Gill, aseguró que, según el análisis técnico de la Comisión, los reparos planteados por el Parlamento “no están justificados”. Pese a esa postura, el freno legislativo exponen las tensiones internas en Bruselas y debilita el impulso político del acuerdo.

El tratado Mercosur-UE aspira a crear la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado integrado de cerca de 700 millones de personas. Tras 25 años de negociaciones, el entendimiento prevé la eliminación progresiva de

Francia encabeza la oposición, acompañada por Polonia, Hungría, Austria e Irlanda. En estos países, el sector agropecuario considera que el acuerdo pone en riesgo su sustentabilidad económica. Los agricultores sostienen que en la Unión Europea rigen normas de producción mucho más exigentes que en el Mercosur, especialmente en materia de trazabilidad, uso de pesticidas, hormonas y bienestar animal. Ese diferencial normativo, argumentan, eleva los costos y deja al productor europeo en desventaja frente a importaciones más.

El rechazo no se limita al plano institucional. En la semana previa a la firma del tratado, Francia vivió jornadas de fuerte tensión social. En París, alrededor de 350 tractores ocuparon la avenida de los Campos Elíseos y se apostaron en las inmediaciones del Parlamento, en una postal que sintetizó el malestar rural. Escenas similares se replicaron en Irlanda, donde productores bloquearon rutas en Athlone con consignas explícitas contra el acuerdo, y en países de Europa Central, donde las protestas buscaron presionar a

Italia ofrece una matiz distinta. Tras un inicio crítico, el gobierno de Giorgia Meloni terminó destrabando su apoyo luego de negociar con la Comisión Europea un paquete de medidas económicas orientadas a reducir costos en la actividad agrícola. El gesto evidencia que, más allá del debate comercial, el acuerdo también funciona como moneda de negociación política interna dentr.

Con el tratado ahora bajo revisión judicial, el escenario se vuelve más incierto. El fallo del Tribunal de Justicia será determinante no solo para el futuro del acuerdo Mercosur-UE, sino también para el equilibrio de poder entre las instituciones europeas y para la credibilidad de la política comercial común en un contexto global cada vez más fragmentado.