Cajas previsionales en disputa: acuerdos parciales, reclamos judiciales y una deuda que tensiona la relación Nación–provincias

• La Nación arrastra deudas históricas con 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales.
• El Gobierno cerró acuerdos parciales con Chaco, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa.
• Chubut y Santa Fe amenazan con profundizar la vía judicial ante la Corte Suprema.
• Los montos y cronogramas acordados son considerados insuficientes por varios gobernadores.
• Las provincias aliadas al oficialismo lograron desembolsos más rápidos y favorables.
• La disputa previsional se perfila como uno de los ejes de tensión política y fiscal en 2026.

La puja millonaria entre el Gobierno nacional y las provincias por las deudas acumuladas con las cajas previsionales provinciales sigue abierta y suma nuevos capítulos. Aunque la Casa Rosada logró cerrar acuerdos parciales con algunos distritos, el conflicto dista de estar saldado: crecen las advertencias de judicialización y la Corte Suprema vuelve a ocupar un rol central como ámbito de mediación, con resultados dispares según cada caso.

Entre 2024 y 2025, la administración nacional avanzó en entendimientos con Chaco, Córdoba, Entre Ríos y, más recientemente, La Pampa. En todos los casos se acordaron cronogramas de pago en cuotas para comenzar a aliviar pasivos que se arrastran desde hace años. Sin embargo, estos acuerdos no lograron desactivar el malestar generalizado entre los gobernadores, que reclaman montos mayores y mayor previsibilidad. La tensión volvió a escalar en los últimos días con la advertencia del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien amenazó con llevar el reclamo de su provincia ante la Corte Suprema por una deuda superior a los $51.000 millones.

El mandatario patagónico sostuvo que el incumplimiento se remonta a 2017 y denunció reiteradas promesas incumplidas por parte del Estado nacional. Tras poner sobre la mesa la vía judicial, fue recibido por el ministro del Interior, Diego Santilli, en un intento por encauzar una negociación que evite un nuevo litigio. El movimiento no fue casual: Torres agitó el reclamo en pleno tramo final de las negociaciones por el Presupuesto 2026, un momento de alta sensibilidad política.

El conflicto tiene raíces profundas. En 1994, trece provincias decidieron no transferir sus cajas previsionales al sistema nacional, conservando la administración de los regímenes jubilatorios locales. Desde entonces, la Nación quedó obligada a cubrir déficits y compensaciones, una deuda histórica que atravesó gobiernos de distinto signo. La urgencia actual, sin embargo, se potenció con el repliegue del Estado nacional en áreas como salud y educación y con la delegación de responsabilidades a las provincias, en un contexto de fuerte ajuste fiscal.

Córdoba es uno de los casos emblemáticos. Con la mediación de la Corte Suprema, la ANSES se comprometió a transferir $60.000 millones en doce cuotas mensuales de $5.000 millones a partir de mayo. El acuerdo no incluye los montos judicializados, que la provincia estima en unos $17.000 millones mensuales. Si bien el gobierno de Martín Llaryora reconoce que los pagos se están cumpliendo, considera insuficiente el esquema y ya anticipó que buscará duplicar la cuota mensual en el próximo entendimiento. En paralelo, avanzó con una reforma previsional propia, la ley de Equidad Jubilatoria, que generó un fuerte conflicto con gremios estatales y docentes.

La Pampa también logró un acuerdo tras una audiencia de mediación convocada por la Corte. ANSES desembolsará $62.500 millones, con un primer pago y luego cuotas mensuales a partir de enero de 2026. El dato político relevante fue que se trató del primer entendimiento entre el Gobierno libertario y un gobernador opositor como Sergio Ziliotto, quien destacó la intermediación de funcionarios nacionales. Según estimaciones provinciales, la deuda total superaría los $400.000 millones.

Muy distinto es el escenario en Santa Fe. El gobernador Maximiliano Pullaro rechazó una oferta de Nación por considerarla insuficiente y no hubo avances desde entonces. La provincia sostiene que la deuda ronda los $2 billones y denuncia que la propuesta oficial no guarda relación con el aporte santafesino al sostenimiento del sistema nacional. El intento de incluir el reclamo en el Presupuesto 2026 fracasó, y el conflicto permanece empantanado.

En contraste, los gobernadores aliados al oficialismo lograron acuerdos más ágiles. Chaco recibió $40.000 millones en un solo pago, mientras que Entre Ríos obtendrá $48.000 millones en cuotas. En ambos casos, los entendimientos se dieron en un marco de alineamiento político con el Gobierno nacional, un dato que no pasa inadvertido en el resto de las provincias.

La disputa por las cajas previsionales se consolida así como uno de los principales focos de tensión entre Nación y provincias. Con acuerdos parciales, reclamos judiciales en ciernes y un fuerte trasfondo político, el conflicto anticipa un 2026 marcado por negociaciones duras y un rol cada vez más activo de la Corte Suprema.