El Gobierno acelera un ambicioso plan de privatizaciones para 2026

• El Gobierno definió una hoja de ruta de privatizaciones para 2026 con más de una decena de empresas públicas.
• El proceso se apoya en la transformación de Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas.
• Transporte, ferrocarriles y logística concentran uno de los ejes centrales del plan.
• Energía, represas e Hidrovía figuran entre los activos considerados estratégicos.
• AYSA y los medios públicos integran el paquete más sensible por su impacto social.
• El oficialismo apuesta a atraer inversiones, reforzar reservas y reducir el tamaño del Estado.

El Gobierno nacional definió una hoja de ruta de privatizaciones que comenzará a ejecutarse en 2026 y que abarca a más de una decena de empresas públicas vinculadas a sectores estratégicos como el transporte, la energía, los servicios públicos y los medios de comunicación. La iniciativa forma parte del programa de reformas estructurales impulsado por el presidente Javier Milei y apunta a reforzar las reservas internacionales, atraer inversiones privadas y reducir de manera drástica el peso del Estado en la economía.

El plan se apoya en un proceso previo clave: la transformación de Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas, condición necesaria para avanzar luego en su venta total o parcial. Ese camino quedó habilitado a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que eliminó prerrogativas especiales de las empresas públicas y las equiparó jurídicamente con las firmas privadas. Para el oficialismo, ese cambio normativo sienta las bases para una apertura al capital privado sin distorsiones regulatorias ni privilegios heredados.

Dentro del esquema oficial, el transporte y la infraestructura logística ocupan un lugar central. El sistema ferroviario aparece como uno de los principales focos de interés, con la privatización proyectada de la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Operadora Ferroviaria y Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal. A ellas se suma la Administración General de Puertos, en un contexto en el que el Gobierno busca reconfigurar el rol estatal en la cadena logística y reducir costos operativos.

En el mismo bloque figura Corredores Viales, la empresa encargada de administrar cerca de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. La intención oficial es transferir su gestión al sector privado bajo esquemas que permitan garantizar mantenimiento e inversiones, sin la carga fiscal que hoy representa para el Tesoro. La redefinición del sistema de concesiones viales aparece como uno de los ejes más sensibles del programa.

El sector aerocomercial también está incluido en la hoja de ruta. Intercargo, la empresa que presta servicios de rampa en los aeropuertos, ya despertó el interés de grupos extranjeros, entre ellos un operador francés. A su vez, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), responsable del control del tránsito aéreo, integra el listado de firmas a privatizar, lo que abre interrogantes sobre el modelo de gestión futura en un área considerada estratégica.

En el ámbito energético, el Gobierno planea avanzar con la privatización de Enarsa, Transener y las represas hidroeléctricas. También figura la Vía Navegable Troncal, conocida como la Hidrovía, un activo clave para el comercio exterior argentino por donde circula la mayor parte de las exportaciones agroindustriales. La apuesta oficial es que la participación privada permita mejorar eficiencia operativa y potenciar inversiones de largo plazo.

Otro nombre de peso es AYSA, la empresa de agua y saneamiento que presta servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Se trata de uno de los activos más relevantes del paquete, tanto por su volumen operativo como por su impacto social. Su eventual privatización promete abrir un debate intenso sobre tarifas, inversiones y regulación.

El listado se completa con empresas vinculadas a medios públicos, industria y servicios: Radio y Televisión Argentina, Télam, Contenidos Públicos, Edu.Ar, la Casa de Moneda y Fabricaciones Militares. Desde el oficialismo las consideran estructuras deficitarias o innecesarias bajo gestión estatal directa, y sostienen que su apertura al capital privado permitirá reducir costos y terminar con usos políticos históricos.

Para el Gobierno, el programa de privatizaciones es una pieza central de su estrategia económica y fiscal. Sin embargo, su implementación requerirá consensos legislativos, marcos regulatorios sólidos y una capacidad de gestión que permita atraer inversores sin generar conflictos sociales. El año 2026 se perfila, así, como un punto de inflexión en la redefinición del rol del Estado en la economía argentina.