La reforma laboral y el debate por la litigiosidad: Salta, Jujuy y un modelo en discusión

• La senadora Flavia Royón expuso una fuerte diferencia en litigiosidad laboral entre Salta y Jujuy, con impacto político en el debate.
• El ejemplo reavivó cuestionamientos al sistema de riesgos de trabajo y a los incentivos que genera la judicialización.
• El secretario de Trabajo, Julio Cordero, reconoció el problema y avaló la incorporación de cuerpos médicos forenses en la reforma.
• Royón planteó reparos sobre el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral y pidió mayor precisión para incluir a pymes.
• También cuestionó la falta de sanciones por informalidad laboral en el proyecto oficial.
• El oficialismo busca cerrar dictámenes y sesionar antes de fin de año, en un escenario de negociaciones

El debate acelerado de la reforma laboral en el Senado dejó en evidencia no solo las diferencias políticas en torno al proyecto impulsado por el oficialismo, sino también tensiones estructurales sobre el funcionamiento del sistema de riesgos de trabajo. En ese contexto, la flamante senadora y ex secretaria de Energía, Flavia Royón, expuso un ejemplo que sacudió el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda: la abismal diferencia en los índices de litigiosidad por accidentes laborales entre Salta y Jujuy.

“Cada dos juicios, uno es por accidente de trabajo. En el caso de mi provincia, se redujo con la incorporación de un cuerpo médico forense. Al comparar con Jujuy, el índice de litigiosidad por accidente de trabajo da 113. En Salta, es de tres”, señaló Royón, al contrastar la experiencia de su distrito con la de la vecina provincia gobernada desde hace años por el radicalismo. El dato, más allá de su impacto numérico, funcionó como disparador de un debate más amplio sobre los incentivos del sistema y el lugar que ocupa el trabajador en una cadena que, según la percepción que dominó el plenario, beneficia a múltiples actores que cobran en función del juicio mientras el damnificado queda relegado.

Quien terminó de validar esa lectura fue el propio secretario de Trabajo, Julio Cordero, uno de los expositores centrales de la jornada. El funcionario reconoció el problema estructural: “Hay un enorme problema en el sistema de riesgos de trabajo y no concuerdan los porcentajes de incapacidad, pero es una competencia provincial”. Al mismo tiempo, valoró la experiencia salteña y explicó que el proyecto oficial incorporó un artículo específico para “generar cuerpos médicos”, una herramienta que hoy no existe de manera homogénea en el país.

El guiño de Cordero a los dichos de Royón —referente legislativa del gobernador Gustavo Sáenz— no fue menor. En un debate donde el oficialismo necesita sumar voluntades para avanzar hacia la firma de dictámenes y una eventual sesión, los aportes de los sectores dialoguistas aparecen como claves para destrabar consensos. La Libertad Avanza proyecta cerrar el año parlamentario con una sesión el viernes 26, en el marco del período extraordinario habilitado por el Ejecutivo hasta el 30 de diciembre.

Más allá de la discusión técnica sobre la litigiosidad, Royón buscó ampliar el foco. Señaló que el universo del trabajo no puede analizarse de manera aislada y que debe ser promovido por una combinación de “política macroeconómica e industrial”, junto con “estabilidad, previsibilidad y seguridad jurídica”. En esa línea, planteó reparos sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) incluido en la iniciativa. “Entiendo que se va a financiar con una seguridad social ya en crisis. Si bien da más certidumbre para indemnización y es un gran paso, hay un etcétera, y que hay que ser más taxativo”, advirtió, y pidió que quede claramente establecida la inclusión de las pymes.

Otra de las observaciones que dejó flotando la senadora fue la ausencia de sanciones o multas por informalidad laboral en el texto oficial. Royón cuestionó por qué el proyecto pone el acento en los beneficios, pero no contempla castigos concretos para quienes sostienen relaciones laborales por fuera de la ley, un punto sensible en un mercado de trabajo atravesado por altos niveles de precarización.

Las advertencias no llegaron en soledad. Otros legisladores dialoguistas, como el radical Maximiliano Abad, ya habían marcado matices y objeciones durante el plenario. En ese escenario, el oficialismo enfrenta el desafío de ordenar el texto final sin perder apoyos, mientras el debate por la reforma laboral se cruza con otras iniciativas sensibles, como los eventuales cambios a la ley de glaciares, que avanzan en paralelo en otro plenario de comisiones de Ambiente y Minería.

Así, el ejemplo de Salta y Jujuy terminó funcionando como síntesis de una discusión mayor: cómo reducir la litigiosidad sin recortar derechos, qué rol debe asumir el Estado en la regulación del sistema y hasta dónde está dispuesto el Congreso a revisar estructuras que llevan años generando controversias.