El Gobierno endurece controles a la importación de ropa usada por riesgos sanitarios y presión sectorial

• El Gobierno exigirá nueva documentación para importar ropa usada, sin prohibir la operatoria.
• La decisión se tomó tras un crecimiento exponencial del ingreso de este tipo de mercadería.
• Un informe del Ministerio de Salud alertó sobre riesgos sanitarios, especialmente en poblaciones vulnerables.
• La medida apunta a desalentar la operatoria mediante controles más estrictos y trámites complejos.
• El sector textil atraviesa una fuerte crisis, con baja utilización de capacidad instalada y pérdida de empleo.
• El debate combina salud pública, política comercial e impacto sobre la industria nacional.

El Gobierno resolvió avanzar con nuevos controles aduaneros sobre la importación de ropa usada, una operatoria que en los últimos meses mostró un crecimiento exponencial y encendió alertas tanto en el plano sanitario como en el productivo. La decisión se tomó luego de que una investigación periodística revelara que el ingreso de este tipo de mercadería se multiplicó por cuarenta en los primeros ocho meses del año en comparación con todo 2024, y tras una serie de reclamos formales del sector textil e indumentaria.

La medida no implica una prohibición directa, pero sí una restricción significativa del procedimiento. Según una comunicación interna de la Aduana, a la que tuvo acceso este medio, a partir de ahora se exigirá documentación adicional para las posiciones arancelarias vinculadas a ropa usada y artículos similares. En concreto, al momento de registrar las destinaciones aduaneras se deberá presentar un nuevo formulario denominado “AUTO-ROPA-USADA”, que se sumará a los requisitos ya vigentes.

Desde el organismo explicaron que el objetivo es contar con mayores herramientas de control para evaluar los eventuales impactos ambientales y sanitarios asociados a este tipo de importaciones. La regulación alcanzará a las posiciones arancelarias 6309.00.10 y 6309.00.90 y apunta, según fuentes con conocimiento del trámite, a desalentar la operatoria mediante exigencias administrativas más complejas, sin avanzar en una prohibición que chocaría con el discurso oficial de apertura comercial.

La decisión se apoya, además, en un informe del Ministerio de Salud que advierte sobre los riesgos para la salud pública vinculados al ingreso de ropa usada. El documento señala que este tipo de mercadería puede contener agentes patógenos y que los efectos potenciales resultan especialmente graves en poblaciones vulnerables, como bebés, niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Por ese motivo, el nuevo formulario se incorporará al certificado de desinfección que actualmente se exige para este tipo de productos.

El fuerte incremento de las importaciones generó inquietud en distintas áreas del Gobierno y motivó reuniones con representantes del sector privado. Tras la difusión pública del fenómeno, cámaras empresariales del complejo textil elevaron reclamos a la Secretaría de Coordinación de Producción para que se revisara la situación. Finalmente, esta semana se resolvió avanzar con una regulación más estricta de una operatoria que había estado prohibida en la Argentina entre 1999 y 2022.

Según explican fuentes del sector, gran parte de la ropa usada que ingresa al país proviene de Estados Unidos, donde existen restricciones ambientales para su incineración y altos costos de destrucción. La mercadería llega en grandes volúmenes, es agrupada en fardos de entre 25 y 50 kilos y luego se comercializa, muchas veces segmentada por tipo de prenda o incluso por marcas, a través de redes sociales y canales informales.

Los industriales locales no solo advierten sobre los riesgos sanitarios, sino también sobre el impacto ambiental que puede generar el descarte de prendas en mal estado, con antecedentes preocupantes en otros países de la región. En paralelo, el avance de estas importaciones se da en un contexto de profunda crisis para el sector textil argentino.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, las fábricas del rubro operaron con apenas un 33% de su capacidad instalada, el registro más bajo de toda la industria. Las empresas describen un escenario adverso marcado por la caída del consumo interno y una apertura comercial acelerada, combinada con altos impuestos, costos crecientes, problemas de infraestructura, un régimen laboral poco flexible y un tipo de cambio apreciado.

Un informe sectorial reciente advierte, además, que la industria textil, junto con la construcción, lidera la destrucción de empleo privado registrado desde fines de 2023. En ese período se perdieron alrededor de 14.000 puestos de trabajo en los segmentos de textiles, confecciones, cuero y calzado. En ese marco, los nuevos controles aduaneros buscan equilibrar la balanza entre la política comercial y la protección sanitaria y productiva, en un debate que promete seguir abierto.