El Gobierno se retira de la asistencia directa a personas en situación de calle y transfiere la responsabilidad a provincias y municipios

• El Gobierno nacional modificó por decreto una ley clave sobre personas en situación de calle, transfiriendo la responsabilidad de asistencia a provincias y municipios.
• La Nación ya no tendrá un rol ejecutor, sino únicamente coordinador, interviniendo solo si una jurisdicción demuestra insuficiencia técnica, humana o financiera.
• La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia será la nueva autoridad de aplicación, encargada de establecer lineamientos y monitorear el cumplimiento de derechos humanos.
• Se elimina la obligación de sostener todos los programas sociales nacionales vinculados; cada provincia podrá decidir qué mantener o eliminar.
• La medida se enmarca en la política de ajuste del gobierno de Milei y genera dudas sobre la capacidad local para cubrir la asistencia en un contexto económico difícil.

En una medida que redefine el rol del Estado nacional en políticas sociales, el Gobierno de Javier Milei modificó por decreto una ley clave que hasta ahora garantizaba la intervención directa de la Nación en la asistencia a personas en situación de calle o en riesgo habitacional. A partir del decreto 373/2025, publicado recientemente, la responsabilidad recae ahora sobre las provincias y municipios, mientras que la Nación asume un papel meramente coordinador.

Hasta este cambio, el Estado nacional estaba obligado a implementar políticas activas —como la apertura de paradores, subsidios habitacionales y atención médica— para asistir a quienes carecen de techo. Con la nueva normativa, el Gobierno solo intervendrá “en situaciones de insuficiencia técnica, humana o financiera”, es decir, cuando una jurisdicción demuestre que no cuenta con los recursos necesarios para afrontar la problemática.

De ejecutor a coordinador

La nueva autoridad de aplicación será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. Este organismo será responsable de establecer lineamientos generales, monitorear el cumplimiento de los derechos humanos y evaluar los informes presentados por las provincias que soliciten apoyo financiero.

Otro cambio sustancial es la eliminación de la obligación de mantener vigentes todos los programas sociales nacionales vinculados a esta problemática. Ahora, cada jurisdicción podrá decidir cuáles conservar, modificar o eliminar, de acuerdo a sus prioridades y capacidades.

El decreto también introduce una lógica de descentralización adaptativa: reconoce que las necesidades no son iguales en todo el país. Por ejemplo, no se abordará del mismo modo la situación en grandes urbes con altos niveles de indigencia que en zonas rurales con viviendas precarias. En ese sentido, se permite que cada provincia diseñe sus propios planes, aunque se exige el cumplimiento de ciertos estándares básicos de derechos humanos.

Una decisión alineada con la política de ajuste

Este giro forma parte de la estrategia general del Gobierno nacional de reducir el gasto público y limitar la intervención directa del Estado en áreas sociales. El traspaso de responsabilidades genera incertidumbre sobre la capacidad de las provincias y municipios para asumir la tarea, especialmente en contextos de crisis económica y presupuestos ajustados.

El impacto de esta medida será desigual y dependerá de los recursos, la voluntad política y la infraestructura de cada gobierno local. Lo que está claro es que, ante la retirada del Estado nacional, la protección de las personas en situación de calle queda más expuesta a las decisiones —y limitaciones— de las administraciones provinciales.